La tozudez que ha mostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha incrementado y esa terquedad inherente a su personalidad, según afirman quienes lo conocen desde su juventud, lo lleva a comprar pleitos perdidos, como si no recordara que la Constitución federal es la ley de leyes y que nada puede estar en contra o por encima de la Carta Magna.
Al inicio de su mandato, AMLO se escandalizó al conocer el sueldo y prestaciones que componen la remuneración de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de los magistrados y jueces de circuito y de los consejeros de la judicatura federal, cuyos montos percibidos, mes a mes, son superiores a los ingresos que la ley y el Presupuesto de Egresos autorizan para el titular del Poder Ejecutivo federal.
El señor Presidente pasa por alto que la carrera judicial de los jueces y magistrados federales requiere de una gran parte de la vida de quienes integran ese poder, que garantizan equidad entre la población que acude a los tribunales del fuero federal en demanda de justicia.
Esos personajes encargados de dar a cada quien lo que en estricto derecho le corresponde, no tienen tiempo ni se permite el desempeño de alguna otra actividad, para generar ingresos adicionales como complemento a la remuneración que perciben. Por ende, no se trata de reprochar los ingresos que por ley les corresponde, ya que pertenecen a un poder distinto al Ejecutivo.
Menos aún se puede justificar la recomendación hecha el día de ayer por el inquilino de Palacio Nacional, para que los funcionarios del Poder Judicial federal “pongan su despacho” o “se dediquen a otra cosa”, porque quien más perdería si se hiciera caso de tal recomendación, sería la sociedad demandante de justicia, en muchos casos por atropellos de funcionarios del Poder Ejecutivo o de arbitrariedades cometidas por integrantes del Poder Legislativo.
La garantía de legalidad y justicia es lo que ha evitado que los contendientes recurran a la venganza privada “ojo por ojo” y confíen todavía en la justicia que aplican jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial federal.
AMLO debe recordar la recomendación que aparece en el libro “El Príncipe”, en el sentido de que un gobernante puede ser generoso con los bienes ajenos y hasta los públicos, pero jamás puede disponer arbitrariamente de los bienes o la fortuna de sus gobernados, porque “los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio”.
