Desde hace una semana circula en redes sociales una denuncia en contra de Ana N, excandidata de la alianza PAN-PRI-PRD a la alcaldía de Jesús Carranza...
Quien es acusada de que en compañía de su esposo Rafael N y una turba que los acompañaba, irrumpieron violentamente en el hogar de Karen “N”, a la cual amagaron con un arma de fuego, la torturaron, le cortaron el cabello y la bañaron con chile habanero, en represalia por la presunta relación extramarital que había sostenido un año antes con el marido de la aspirante a la presidencia municipal, con quien procreó un bebé de apenas tres meses de nacido.
“Esto te pasa por robamarido”, le gritó a su rival de amores, según la versión de la propia víctima y su actual pareja sentimental Gustavo N, los cuales denunciaron también que la excandidata de oposición los amenazó para que abandonaran inmediatamente la población.
La mujer agredida y su pareja presentaron denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, pero hasta el momento dicen ignorar si la FGE ya consignó el expediente a un juez de lo penal. Ambos reclaman justicia.
Afortunadamente este caso no tuvo las trágicas consecuencias de otros atentados que han sufrido mujeres atacadas con ácido en México.
En Veracruz, el caso más reciente sucedió en abril pasado, en La Pagua, una ranchería del municipio de Colipa, donde una mujer salió de su domicilio rumbo a la tienda de la comunidad y fue agredida por una persona identificada como Reyna “N”, quien la acusó de mantener una relación con su exesposo. Tras el ataque, la víctima perdió un ojo.
Las autoridades en México sólo reconocen oficialmente seis casos, pero la sobreviviente y activista Carmen Sánchez declaró al diario El Universal que las organizaciones feministas tienen registrados 24 casos de ataques de ácido contra mujeres en los últimos 20 años, tres de ellos durante 2021. La investigadora Ximena Canseco y la doctora en derecho Citlallic Vizcaya, por su parte, afirman que podría haber más, pues a menudo quienes sufren las agresiones no denuncian y muchos de estos ataques permanecen en el silencio y son invisibles.
Según la investigación del diario capitalino, de todos los códigos penales en el país solamente los de Baja California Sur y Oaxaca tipifican como delito autónomo el ataque de ácido contra las mujeres. En esta última entidad, la reforma surgió luego de la agresión contra la saxofonista María Elena Ríos, en septiembre de 2019, presuntamente ordenado por el exdiputado y empresario gasolinero Juan Vera Carrizal. Fue el primer caso de este tipo en Oaxaca.
En cambio, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Guerrero y Estado de México contemplan los ataques con ácido como agravantes del delito de lesiones, mientras que 14 entidades consideran como agravante el uso de cualquier sustancia nociva para la salud, pero no mencionan como tal el ácido o una sustancia corrosiva.
Los dos estados restantes ni siquiera consideran al ácido como un agravante.
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