Los abusos de poder denunciados y atentados sucedidos recientemente contra autoridades municipales, coincidentemente de corrientes opositoras al actual partido en el poder, ha comenzado a crear un inquietante clima de inestabilidad política en el estado.
El año pasado ocurrió la muerte de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, quien había renunciado a MORENA en enero de 2018; murió acribillada junto con su esposo y el chofer en una emboscada ocurrido en abril del año pasado, de lo cual la Fiscalía general del estado dio seguimiento a pugnas por el poder y determinó la autoría intelectual a la ex presidenta panista, María Angélica Méndez Margarito, y de su esposo, el ex síndico, Ricardo Pérez Marcos; el Congreso morenista operó para nombrar un Concejo Municipal, bajo el argumento de la existencia de “ingobernabilidad e inseguridad” en el municipio. El día seis de este mes, los senadores del PRD Miguel Ángel Mancera, Juan Manuel Fócil y Antonio García, denunciaron en la tribuna de esa Cámara el hostigamiento del secretario de gobierno, Eric Cisneros, hacia los alcaldes de Papantla, San Rafael, Apazapan, Espinal, Ixhuatlán del Sureste y Coatzintla, bajo medidas de “ahorcamiento financiero”, e incluso hostigamiento policial, para presionarlos a dar su apoyo a los candidatos que postule MORENA en la elección del año entrante; esa misma acusación fue respaldada por Jesús Zambrano y Sergio Cadena, líderes nacional y estatal de dicha organización, y una semana después, el pasado 11, volvió a presentarse otro hecho sangriento al morir asesinada la edil perredista de Jamapa, Floricel Ríos Delfín, levantada por un comando armado al salir de su rancho y luego ejecutada; su cuerpo fue abandonado en un camino vecinal de ese municipio. No hay detenciones hasta el momento. Ayer ocurrió otro hecho que volvió a prender los focos rojos en Veracruz. El domicilio del alcalde de Acayucan, Cuitláhuac Condado Escamilla, fue tiroteado, aunque no se registraron víctimas. Este problema, de implicaciones políticas, se agrega a la inseguridad y violencia que sufre el resto de la entidad por el crecimiento de grupos del crimen organizado, cuyo poder evidentemente ha rebasado a los tres niveles de gobierno. Los atentados contra autoridades municipales son avisos de que la situación, política o de inseguridad, empeora; y aparentemente se está subestimando, cuando tendría que esperarse una respuesta congruente que tranquilice esas aguas revueltas que pueden tornarse turbulentas, si no se encauza correctamente. Hay necesidad de establecer protocolos de seguridad hacia los presidentes municipales, por lo menos donde haya signos de riesgo para ellos, si no se quiere que esa ola de crímenes continúen y, con toda razón, esa responsabilidad la cargue la autoridad estatal.
Polémica y desafortunada la declaración del secretario de Desarrollo Social del estado, Guillermo Fernández Sánchez, de que una despensa de mil pesos alcanza a una familia para alimentarse por 10 o 15 días. No se midió el funcionario al hablar, aunque más bien esa torpeza verbal deriva de su total desconocimiento de lo que es una economía familiar.
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