En Veracruz, la inmensa mayoría de los lugares destinados a la disposición final de la basura son tiraderos a cielo abierto.
Los basureros, así como operan, son pasivos ambientales, riesgos para la salud pública.
La entidad cuenta con 212 municipios y sólo 38 rellenos sanitarios, lo que implica que 174 ayuntamientos carecen de un lugar apropiado para enviar la basura que genera su población.
En pocas palabras, la mayoría de los ayuntamientos de Veracruz no cumple con las normas oficiales en materia de disposición final de residuos sólidos urbanos.
Respecto a dicho tema, este fin de semana ocurrió un incidente en el municipio de Chinameca, ubicado en el sur de la entidad: un incendio en el basurero del lugar provocó la movilización de la autoridad estatal, concretamente de personal de la Procuraduría del Medio Ambiente.
Los hechos ocurrieron de la siguiente manera: la dependencia recibió una denuncia ciudadana que reportó un incendio en el tiradero municipal.
La gente de la PMA acudió a ese basurero a cielo abierto para realizar una inspección; ahí se encontró con que las llamas del incendio llegaban a los dos metros de altura y que los desechos se esparcían hasta una barranca cercana.
Lo evidente fue la incapacidad de la autoridad municipal para implementar las medidas que en una inspección previa había dictado la PMA.
La dependencia estatal indicó, al fijar su postura con relación al hecho, que al momento de realizar la visita del viernes no había orden de inspección o de clausura; la movilización se produjo como consecuencia de la denuncia por el incendio.
Así, la intención de la Procuraduría fue imponer “medidas de seguridad en el acto de la diligencia, esto al advertirse la existencia de riesgo inminente de daños al ambiente y/o los recursos naturales; con la finalidad de evitar daños irreversibles al equilibrio ecológico”.
El problema radica en que al enterarse de la visita de los funcionarios, el alcalde José Antonio Carmona Trolle (Panal) irrumpió en el lugar, donde habría agredido al personal de la PMA.
Quienes estuvieron en el basurero narran que con un lenguaje violento, el edil amenazó a los funcionarios estatales, a quienes exigió que se retiraran del lugar o que, en caso contrario, incitaría a su pueblo con el cuento de que el gobierno estatal tomaba represalias contra el municipio.
Irascible, casi irracional en ese momento, el edil ordenó que privaran de su libertad al representante de la PMA, Víctor Manuel Mijangos, quien fue objeto de violencia, amenazas y ultrajes por parte de la gente azuzada por un irresponsable presidente municipal que muy probablemente no midió las consecuencias de sus actos.
Al respecto, la PMA emitió un boletín en el que narró los hechos de Chimaneca y expuso que el incidente “puso en riesgo la integridad física y psicológica de nuestro compañero, por lo cual respaldaremos cualquier acción de tipo legal que decida emprender contra quien resulte responsable”.
Por supuesto, la actitud asumida por el alcalde José Antonio Carmona resulta criticable, y pone en evidencia la irresponsabilidad de quienes deberían estar para hacer respetar la ley y no para ordenar que se cometa un delito tan grave, como lo es la privación de la libertad de un funcionario.
Ojalá el funcionario estatal afectado decida denunciar el hecho ante la Fiscalía, para sentar un precedente y para hacerle ver al alcalde, por la vía de la ley, que no puede gobernar su municipio como señor de horca y cuchillo; o como Juan Vargas, aquel pintoresco personaje, alcalde de San Pedro de los Saguaros, de la cinta La Ley de Herodes (Luis Estrada. 1999).
