En las últimas semanas Esteban Ramírez Zepeta, delegado estatal en funciones de presidente de Morena en Veracruz, ha desplegado una inusitada actividad en todo el estado.
Aunque aclara en sus comunicados que es a título personal, lo cual no es posible por la función que desempeña para promover la consulta popular de juicio a ex presidentes, que se realizará el primero de agosto próximo, organizada por el INE. Esa consulta, a más de innecesaria, es inútil, que solamente puede perseguir fines propagandísticos para ganar adeptos, y es muy costosa, algo así como 500 millones de pesos; por conocimiento elemental, la ley no tiene qué consultarse, simplemente se aplica, y si las autoridades federales no actúan frente a un delito, como es su obligación hacerlo, incurren en omisión de un deber legal. Más aún, si esas autoridades conocen que de un delito y no denuncian o proceden, incurren en otro delito. La “consulta”, sea cual fuere su resultado, aunque es previsible que sea a favor de que se actúe contra los ex titulares del Poder Ejecutivo, será improcedente en muchos casos, por los años que han trascurrido, cuando muchos delitos ya estarán prescritos,
Y sólo podrá ejercitarse acción penal por delitos de lesa humanidad, que esos sí son imprescriptibles. En tal escenario, los únicos ex presidentes contra quienes podría iniciarse una posible indagatoria, son Felipe Calderón, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador parece odiar, y Enrique Peña Nieto, a quien también el jefe del Ejecutivo le dispensa muchas consideraciones, ante lo cual, por descarte, tiene que llegarse a la conclusión que todo esta faramalla es para tratar de meterlo a la cárcel, o tenerlo bajo esa amenaza por los próximos dos años, para evitar que haga olas en el proceso electoral de 2024. Tal es el motivo de gastar cientos de millones de pesos en este ejercicio que se ha puesto en marcha y que es muy parecido a esas consultas tan criticadas como lo fueron para cancelar el megaproyecto del aeropuerto de Texcoco y frenar la instalación de una empresa extranjera en el norte del país. Los expertos en Derecho han permanecido casi callados en lugar de emprender una intensa acción mediática para informar a los ciudadanos que no sirve esa consulta para efectos prácticos. ¿Qué va a pasar? Habrá votación en la “consulta popular” sobre este tema, sin duda, pero es muy probable que la participación sea muy reducida en las tres mil 659 centros de votación que habrá en la entidad veracruzana, aunque sí puede servir para desalentar que éstas sigan realizándose en nombre de la “democracia participativa” a la que se alude para constantemente para justificar. Ese dinero que va a gastarse en este tipo de acciones, bien podrían canalizarse para la compra de medicamentos para los niños enfermos de cáncer o para surtir de medicamentos a los hospitales públicos a donde acude la gente de escasos recursos económicos, y más en este tiempo en que van en rápido ascenso los contagios y enfermos de Covid-19, con un mayor número de muertes; o, en todo caso, para reparar carreteras que se encuentran en pésimo estado, como hay tantas en el estado de Veracruz. Escriba a
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