En México, el desarrollo desigual de la producción agrícola en las distintas regiones del país se ha agudizado, sobre todo a partir de la intensificación de los procesos de globalización e intercambio comercial.
En el país se ha configurado una “estructura agraria dual”, lo que provoca que, por un lado, coexistan zonas agrícolas con un alto nivel de producción e industrialización a través del uso de tecnologías orientadas a la exportación y, por el otro, las zonas de producción de autoconsumo, en las que se emplean, sobre todo, tecnologías tradicionales, zonas cuyas condiciones se caracterizan por el deterioro, el abandono, el empobrecimiento y la falta de políticas gubernamentales que apoyen a este sector de la agricultura apunta Ana Karina García Torres en “Transformar la educación para migrantes: Desafío de la justicia educativa en México”. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, núm. VI
En lo particular estos procesos y factores involucran a los niños/as y jóvenes migrantes que deben seguir a sus padres y en ese acompañamiento un gran número de ellos deben abandonar su hogar y no pueden acudir a la escuela, por lo que es necesario tomar medidas para que puedan seguir formándose de manera que adquieran conocimientos y puedan prosperar en el lugar que los recibe. A esos niños/as y jóvenes se suman otros más, aquellos que migran solos, que tienen una historia familiar muy dura, conflictos, falta de recursos u otros problemas. que les ha empujado a dejar sus estudios y buscar su bienestar, muchas veces lejos de sus hogares e incluso, de sus padres.
El artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que: Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.
Respecto a los derechos que tienen y las consecuencias de la migración infantil, algunos de ellos se relacionan también con: El acceso a los servicios de salud. Significa que deben obtener el nivel más alto posible de salud, por ejemplo, la nutrición y la atención sanitaria. Igualmente, el derecho a la educación. El derecho al juego. El derecho a ser escuchados. El derecho a la protección, ya que ellos son vulnerables a situaciones de malos tratos, explotación y todo tipo de abusos. En el caso de los migrantes que viajan solos corren el riesgo de sufrir hambre y frío en su trayecto, de padecer enfermedades, de ser explotados por el crimen organizado y de ser detenidos, además de otros tipos de violencia y discriminación por parte de la población de los lugares que atraviesan. Todas estas situaciones tienen graves consecuencias para su salud mental y su bienestar. No solo es importante reconocer sus derechos, sino también garantizar que se respeten.
Respecto a la educación, en México, únicamente el 18% de la población total de menores migrantes asiste a la escuela, por lo que es la población más excluida del sistema educativo nacional. Expansión Política publicó en 2020, que una investigación realizada por académicos del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), de la Universidad Iberoamericana registró que los niños migrantes son el sector más excluido del sistema educativo nacional. "Ellos no ejercen la ‘igualdad de acceso' que es una de las tres condiciones que se deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes para que exista una situación de equidad educativa —las otras dos condiciones son la ‘igualdad de supervivencia escolar’ y la ‘igualdad en el logro’—", apunta el informe sobre el estudio ‘Logro educativo de estudiantes que asisten a escuelas para migrantes en México'.
Otra de las observaciones de este análisis elaborado por la IBERO es que solo una escasa cantidad de alumnos que migran en México logran concluir la educación primaria y que de entre quienes acceden al sistema educativo, muy pocos llegan a permanecer en él hasta completar al menos el tercer grado de secundaria. Otro hallazgo que reveló este estudio es que tampoco se cumple con el principio de ‘igualdad en el logro’, pues los pocos niños migrantes que culminan la educación básica no adquieren los mismos aprendizajes en comparación con otros alumnos que alcanzaron los mismos niveles en el Sistema Educativo Nacional.
Entre el 83 y 86% de los niños, niñas y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes continúan siendo excluidos del sistema educativo, por lo que no logran ejercer su derecho a recibir una educación debido a las condiciones de pobreza de sus familias y a la prevalencia del trabajo infantil, así como a la ausencia o insuficiencia de la oferta de servicios educativos en las zonas de recepción. Por su parte, la permanencia y la continuidad educativa de aquellos que sí asisten a la escuela se ven dificultades en gran medida por las condiciones en las que se ofrecen los servicios educativos, ya que la educación que reciben no responde a sus necesidades y particularidades socioculturales.
La situación en el campo de Pénjamo, en Sinaloa, uno de los lugares de destino de los jornaleros agrícolas migrantes en México es vivo ejemplo de las condiciones sociales, económicas y educativas. “En este campo unos 80 niños y jóvenes no pueden regresar a la escuela y tampoco toman clases a distancia”. En Pénjamo, dice José Abram, “No hay trabajo, no hay dinero, no hay internet, no hay señal de televisión, no hay smartphones, no hay televisiones […] No hay educación”. “Frente a la injusticia educativa que enfrenta esta población -migrante-, es preciso que el Estado mexicano intervenga decididamente a través de políticas educativas sí, pero articuladas a políticas económicas, laborales e incluso políticas que incentiven al campo mexicano” propone García Torres.
En México, el desarrollo desigual de la producción agrícola en las distintas regiones del país se ha agudizado, sobre todo a partir de la intensificación de los procesos de globalización e intercambio comercial.
En el país se ha configurado una “estructura agraria dual”, lo que provoca que, por un lado, coexistan zonas agrícolas con un alto nivel de producción e industrialización a través del uso de tecnologías orientadas a la exportación y, por el otro, las zonas de producción de autoconsumo, en las que se emplean, sobre todo, tecnologías tradicionales, zonas cuyas condiciones se caracterizan por el deterioro, el abandono, el empobrecimiento y la falta de políticas gubernamentales que apoyen a este sector de la agricultura apunta Ana Karina García Torres en “Transformar la educación para migrantes: Desafío de la justicia educativa en México”. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, núm. VI
En lo particular estos procesos y factores involucran a los niños/as y jóvenes migrantes que deben seguir a sus padres y en ese acompañamiento un gran número de ellos deben abandonar su hogar y no pueden acudir a la escuela, por lo que es necesario tomar medidas para que puedan seguir formándose de manera que adquieran conocimientos y puedan prosperar en el lugar que los recibe. A esos niños/as y jóvenes se suman otros más, aquellos que migran solos, que tienen una historia familiar muy dura, conflictos, falta de recursos u otros problemas. que les ha empujado a dejar sus estudios y buscar su bienestar, muchas veces lejos de sus hogares e incluso, de sus padres.
El artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que: Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.
Respecto a los derechos que tienen y las consecuencias de la migración infantil, algunos de ellos se relacionan también con: El acceso a los servicios de salud. Significa que deben obtener el nivel más alto posible de salud, por ejemplo, la nutrición y la atención sanitaria. Igualmente, el derecho a la educación. El derecho al juego. El derecho a ser escuchados. El derecho a la protección, ya que ellos son vulnerables a situaciones de malos tratos, explotación y todo tipo de abusos. En el caso de los migrantes que viajan solos corren el riesgo de sufrir hambre y frío en su trayecto, de padecer enfermedades, de ser explotados por el crimen organizado y de ser detenidos, además de otros tipos de violencia y discriminación por parte de la población de los lugares que atraviesan. Todas estas situaciones tienen graves consecuencias para su salud mental y su bienestar. No solo es importante reconocer sus derechos, sino también garantizar que se respeten.
Respecto a la educación, en México, únicamente el 18% de la población total de menores migrantes asiste a la escuela, por lo que es la población más excluida del sistema educativo nacional. Expansión Política publicó en 2020, que una investigación realizada por académicos del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), de la Universidad Iberoamericana registró que los niños migrantes son el sector más excluido del sistema educativo nacional. "Ellos no ejercen la ‘igualdad de acceso' que es una de las tres condiciones que se deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes para que exista una situación de equidad educativa —las otras dos condiciones son la ‘igualdad de supervivencia escolar’ y la ‘igualdad en el logro’—", apunta el informe sobre el estudio ‘Logro educativo de estudiantes que asisten a escuelas para migrantes en México'.
Otra de las observaciones de este análisis elaborado por la IBERO es que solo una escasa cantidad de alumnos que migran en México logran concluir la educación primaria y que de entre quienes acceden al sistema educativo, muy pocos llegan a permanecer en él hasta completar al menos el tercer grado de secundaria. Otro hallazgo que reveló este estudio es que tampoco se cumple con el principio de ‘igualdad en el logro’, pues los pocos niños migrantes que culminan la educación básica no adquieren los mismos aprendizajes en comparación con otros alumnos que alcanzaron los mismos niveles en el Sistema Educativo Nacional.
Entre el 83 y 86% de los niños, niñas y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes continúan siendo excluidos del sistema educativo, por lo que no logran ejercer su derecho a recibir una educación debido a las condiciones de pobreza de sus familias y a la prevalencia del trabajo infantil, así como a la ausencia o insuficiencia de la oferta de servicios educativos en las zonas de recepción. Por su parte, la permanencia y la continuidad educativa de aquellos que sí asisten a la escuela se ven dificultades en gran medida por las condiciones en las que se ofrecen los servicios educativos, ya que la educación que reciben no responde a sus necesidades y particularidades socioculturales.
La situación en el campo de Pénjamo, en Sinaloa, uno de los lugares de destino de los jornaleros agrícolas migrantes en México es vivo ejemplo de las condiciones sociales, económicas y educativas. “En este campo unos 80 niños y jóvenes no pueden regresar a la escuela y tampoco toman clases a distancia”. En Pénjamo, dice José Abram, “No hay trabajo, no hay dinero, no hay internet, no hay señal de televisión, no hay smartphones, no hay televisiones […] No hay educación”. “Frente a la injusticia educativa que enfrenta esta población -migrante-, es preciso que el Estado mexicano intervenga decididamente a través de políticas educativas sí, pero articuladas a políticas económicas, laborales e incluso políticas que incentiven al campo mexicano” propone García Torres.
