/ viernes 23 de julio de 2021

El proceso más impugnado

Seis semanas después de la jornada electoral del pasado 6 de junio, en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) se llevó a efecto el recuento de los votos de los comicios realizados en Chiconamel, municipio ubicado en la Huasteca veracruzana.

Este jueves se contaron los sufragios que emitieron los ciudadanos de ese lugar en las nueve casillas instaladas por el órgano electoral. En total, 3 mil 766 ciudadanos acudieron a las urnas en dicha contienda municipal; se trata de una elección sumamente cerrada entre los candidatos del PRI, Luis Alberto Azuara Corona, y del PRD, Alejandro Sánchez Franco. Dada la impugnación presentada por el candidato perredista, los magistrados del Tribunal Electoral determinaron el pasado 14 de julio que el OPLE llevara a cabo el recuento de los votos, mismo que fue programado para este jueves. El asunto fue retomado por la magistrada presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, quien dio a conocer que derivado del proceso electoral de Veracruz se presentaron 324 medios de impugnación, la mayoría de los cuales se relaciona con las contiendas por la renovación de los ayuntamientos. Para ubicar en perspectiva, en la contienda más reciente, la de 2018, hubo 10 impugnaciones en todo Veracruz; tres años después, la cifra se ubica en 324, todo un récord. ¿Se podría hablar entonces de un proceso electoral desaseado?; no necesariamente, lo cierto es que prácticamente todos los partidos han recurrido en esta ocasión a las instancias judiciales para resolver sus inconformidades; Morena, por ejemplo, impugnó la contienda del puerto de Veracruz, argumentando gastos excesivos de la candidata de la alianza Va por Veracruz a la alcaldía, Patricia Lobeira. Prácticamente en todos los municipios de la entidad hubo impugnaciones; y todos los partidos han recurrido a los tribunales, incluyendo los que están a punto de desaparecer por no alcanzar el tres por ciento de la votación total.

Hace menos de un mes, el Poder Judicial de Veracruz anunció la determinación de cerrar 29 juzgados de 15 distritos judiciales. La autorización para cerrar esos espacios fue tomada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, con el argumento de que con esa medida de austeridad se reduciría el gasto público.

El órgano de impartición de justicia anunció también que en los próximos dos años podrían darse otras medidas similares para reducir el gasto. A la par del cierre de juzgados, por cierto, el Poder Judicial determinó bajar el salario a magistrados y altos funcionarios. Sin embargo, las protestas de abogados han subido de tono, por el impacto que representará el cierre de esos espacios. En Misantla, por ejemplo, los profesionales del derecho tomaron la Ciudad Judicial en dicho distrito, como una medida de presión contra el Poder Judicial, para evitar el cierre del Juzgado Sexto en Materia Familiar. Este martes, tras dos semanas de protestas de los abogados locales, agrupados en la Barra, tanto el Tribunal como el Consejo de la Judicatura doblaron las manos y aunque no dieron marcha atrás al cierre de dichas oficinas, si determinaron que el inmueble será ocupado por el Juzgado Segundo en Materia Civil, que contará con un juez y un proyectista.

Seis semanas después de la jornada electoral del pasado 6 de junio, en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) se llevó a efecto el recuento de los votos de los comicios realizados en Chiconamel, municipio ubicado en la Huasteca veracruzana.

Este jueves se contaron los sufragios que emitieron los ciudadanos de ese lugar en las nueve casillas instaladas por el órgano electoral. En total, 3 mil 766 ciudadanos acudieron a las urnas en dicha contienda municipal; se trata de una elección sumamente cerrada entre los candidatos del PRI, Luis Alberto Azuara Corona, y del PRD, Alejandro Sánchez Franco. Dada la impugnación presentada por el candidato perredista, los magistrados del Tribunal Electoral determinaron el pasado 14 de julio que el OPLE llevara a cabo el recuento de los votos, mismo que fue programado para este jueves. El asunto fue retomado por la magistrada presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, quien dio a conocer que derivado del proceso electoral de Veracruz se presentaron 324 medios de impugnación, la mayoría de los cuales se relaciona con las contiendas por la renovación de los ayuntamientos. Para ubicar en perspectiva, en la contienda más reciente, la de 2018, hubo 10 impugnaciones en todo Veracruz; tres años después, la cifra se ubica en 324, todo un récord. ¿Se podría hablar entonces de un proceso electoral desaseado?; no necesariamente, lo cierto es que prácticamente todos los partidos han recurrido en esta ocasión a las instancias judiciales para resolver sus inconformidades; Morena, por ejemplo, impugnó la contienda del puerto de Veracruz, argumentando gastos excesivos de la candidata de la alianza Va por Veracruz a la alcaldía, Patricia Lobeira. Prácticamente en todos los municipios de la entidad hubo impugnaciones; y todos los partidos han recurrido a los tribunales, incluyendo los que están a punto de desaparecer por no alcanzar el tres por ciento de la votación total.

Hace menos de un mes, el Poder Judicial de Veracruz anunció la determinación de cerrar 29 juzgados de 15 distritos judiciales. La autorización para cerrar esos espacios fue tomada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, con el argumento de que con esa medida de austeridad se reduciría el gasto público.

El órgano de impartición de justicia anunció también que en los próximos dos años podrían darse otras medidas similares para reducir el gasto. A la par del cierre de juzgados, por cierto, el Poder Judicial determinó bajar el salario a magistrados y altos funcionarios. Sin embargo, las protestas de abogados han subido de tono, por el impacto que representará el cierre de esos espacios. En Misantla, por ejemplo, los profesionales del derecho tomaron la Ciudad Judicial en dicho distrito, como una medida de presión contra el Poder Judicial, para evitar el cierre del Juzgado Sexto en Materia Familiar. Este martes, tras dos semanas de protestas de los abogados locales, agrupados en la Barra, tanto el Tribunal como el Consejo de la Judicatura doblaron las manos y aunque no dieron marcha atrás al cierre de dichas oficinas, si determinaron que el inmueble será ocupado por el Juzgado Segundo en Materia Civil, que contará con un juez y un proyectista.