Muchos al leer este artículo se preguntarán ¿qué es el SEA? Tienen razón, las tres letras juntas no son perceptibles.
Nos viene a la mente el Sistema de Administración y Venta de Bienes del gobierno federal, ahora una institución para devolver al pueblo lo robado, pero en el estado tiene años de funcionar como Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Conoces sus resultados?, seguramente son muchos, todos enfocados a este flagelo, donde su principal enemigo es nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Este mes, el SEA de Veracruz lo ha dedicado a promover la igualdad de género, la discriminación contra las mujeres, con capacitaciones contra el hostigamiento y acoso sexual; ha promovido la semana conmemorativa del día internacional contra la corrupción 2021, ha publicado también la convocatoria para integrar el padrón de testigos sociales de la Contraloría General del Estado.
Con gran despliegue de publicidad, el expresidente Peña Nieto promulgó la integración del Sistema Nacional Anticorrupción, como una medida para garantizar el combate a este delito, creando la ley de la materia y adicionando normas legales. Este hecho se repitió en el estado, incluyendo el artículo 67 bis de la Constitución local, creando una ley específica, así como normatividad donde se establecen las bases modernas de combate por todos los medios posibles a la corrupción.
La Ley 348 de Veracruz tiene como objetivo establecer las bases de coordinación para la integración del sistema estatal, con la finalidad de que las autoridades competentes prevengan, detecten, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción que incluye la fiscalización y el control de recursos públicos.
El sistema estará compuesto por un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana. El primero será responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del sistema estatal y estar a cargo del diseño, promoción y evaluación de las políticas públicas de combate a la corrupción.
Por lo que se refiere al Comité de Participación Ciudadana, éste coadyuvará con los objetivos del Comité Coordinador y lo integrarán cinco ciudadanos de probidad y prestigio, que se hayan distinguido por su analogía al combate a la corrupción, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas. Serán electos por el Congreso del Estado y durarán en su cargo cinco años, sin posibilidad de reelección.
El sistema estará presidido por una Secretaria Ejecutiva, con residencia en Xalapa, con autonomía propia, por lo tanto, contará con patrimonio y no estará sectorizada; se le dotará de presupuesto y tendrán las facultades que la ley otorgue, siendo su único objetivo combatir las malas artes en la administración pública.
¿Están todos? No, faltó uno, quien representaría a los municipios. Como observarán están las áreas de control, fiscalizadores, investigadores y tribunales, pero no un representante del ente público menor. ¿Quién sería genuino para ello?, pues un órgano de control municipal dentro de los más representativos: Xalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Coatzacoalcos, por citar algunos.
¿Por qué razón no se les invita a ser miembros del sistema, a pesar que manejan miles de millones de pesos? Sólo Dios lo sabe. Es probable que esta sea una de las razones del por qué todos, sin excepción, presenten daño patrimonial y el Ejecutivo estatal, sólo algunas áreas.
Pero de que cuesta, cuesta. Todo este andamiaje, los nuevos munícipes estoy seguro que ignoran la gran cantidad de normas vigentes que cuidan el destino público del erario. Existen muchas leyes, reglamentos, circulares, lineamientos que podrían llegar en línea recta a darle la vuelta a nuestro país, ¿pero todos la saben? Y de costos, ni hablar.
El colmo fue que en la auditoría de 2018 realizada por el Orfis, a este sistema se le observó un daño patrimonial por $2´380,411.85 de los $9´189,565.00, importe que representa el 26 por ciento de su presupuesto, lo demás son sueldos y salarios. La pregunta es ¿dónde podemos ver sus resultados de transparencia, de rendición de cuentas, de investigaciones, denuncias presentadas y el resumen de trabajo de los últimos años? ¿Ustedes lo conocen? El pueblo merece más información.
La Ley 348 de Veracruz tiene como objetivo establecer las bases de coordinación para la integración del sistema estatal, con la finalidad de que las autoridades competentes prevengan, detecten, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
