Lo declarado a la prensa este lunes por el secretario de Gobierno, Éric Cisneros, de que el Lagarto, uno de los capos del Cártel Jalisco Nueva Generación involucrado en la masacre de Minatitlán, era protegido de la Fiscalía General del Estado y que hasta se movía en vehículos oficiales, no puede quedar en un mero dicho, menos ahora que áreas de inteligencia militar y de la Policía Federal, en colaboración con agencias del gobierno estadounidense, investigan a jueces federales adscritos a Veracruz, Jalisco, Guerrero y Colima, entidades donde han sido detenidos y posteriormente liberados jefes de plaza y operadores financieros y logísticos del CJNG.
Esta investigación se inició al detectarse casos de jueces federales que ostentan propiedades y otros bienes que no pueden ser explicados sólo con sus ingresos y que presuntamente son resultado del pago por resoluciones favorables a integrantes del crimen organizado.
El magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez, de Jalisco, comenzó a ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) desde el sexenio pasado por presuntamente dejar en libertad en forma injustificada a líderes del CJNG. En la presente administración federal, senadores de Morena documentaron que había adquirido inmuebles por 18.7 millones de pesos entre 2010 y 2016. Este lunes, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó que congeló sus cuentas bancarias que ascienden a 50 millones de pesos.
Pero en Veracruz no solamente estarían bajo sospecha los jueces federales y la Fiscalía General del Estado, según lo declarado por el secretario de Gobierno.
Y es que ha trascendido que en octubre de 2012, con la captura de Cristopher Fuentes Letelier, alias el Chuletón; de Ignacio Valdez Ramírez, el Chilango, y de Gerardo Trejo Cruz, el Trejo, pertenecientes a Los Zetas, quedó evidenciada en la declaración ministerial 947/2012/VER-FIEAFTVS-10, iniciada en la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Centro, la podredumbre al interior de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.
Entre los nombres de abogados, empresarios y funcionarios de la PGJE que presuntamente estaban en la nómina de esta organización delincuencial, el Chilango señaló directamente a Manuel Fernández Olivares, el Pámpano, quien fue juez primero de Primera Instancia en Coatzacoalcos y actualmente es secretario de Acuerdos de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado.
Supuestamente el caso de la relación de Fernández Olivares con la delincuencia organizada no estaría cerrado. La investigación ministerial PGR/SIEDO/UEITA/114/2009 que se inició como parte del proceso contra los tres sicarios de Los Zetas estaría siendo revisada por la FGR, pues otro de los mencionados en ese expediente es el exsubprocurador regional de Córdoba, Marco Antonio Lezama Moo, actual magistrado del TSJE.
