El segundo estado más seguro del país, según los datos oficiales que contrastan con la realidad, en sólo un fin de semana agregó 19 ejecuciones de una larga lista de víctimas de homicidios dolosos, para un total de 34 en los primeros nueve días del año, por lo cual se agrega la crisis de seguridad a la polìtica.
El viernes fueron nueve cadáveres arrojados a un costado de la carretera Isla-Santiago Tuxtla, aunque un video que circuló en redes sociales muestra a diez personas de rodillas amenazadas por armas de sus presuntos victimarios; el sábado se reportaron seis muertes más con las mismas características en Rinconada, incluída una pareja muerta a tiros en su domicilio y otros cuatro levantados de ese mismo sitio, asesinados y abandonados a un costado de una escuela secundaria técnica de la localidad de Rinconada; y ayer domingo ejecutaron a una pareja en un restaurante a un costado de la carretera de Sayula de Alemán, hallaron restos humanos en bolsas de plástico en la ribera del río Bobos de Nautla y fue descubierto un cuerpo descuartizado en San Rafael. La oleada de violencia mete a la entidad en una nueva crisis de seguridad y coloca contra la pared a las autoridades, bajo acusaciones y amenazas de un grupos delictivo que disputa el territorio de la Cuenca del Papaloapan. Un Veracruz sangriento que echa por tierra la proclama triunfalista del gobierno veracruzano, basada en la medición de septiembre del año pasado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en la que registraron “delitos del fuero común, como robos y asaltos”, no delitos de alto impacto como los que ahora se presentan en Isla, Coatzacoalcos, Minatitlán, Veracruz, Tierra Blanca, Coatepec, e infinidad de lugares de miedo, y por lo cual se ha dicho en la voz oficial que Veracruz es el segundo estado más seguro del país, sólo por debajo de Yucatán. No hay sustento de tal afirmación, y en las circunstancias actuales, es más probable que se repita la frase lapidaria del gobernador de Zacatecas, David Monreal, quien enfrenta un grave problema de este tipo, quien pidió a la población encomendarse a Dios por esa ola de violencia que padece ese estado, lo que equivale a decir que él, su gobierno, no puede hacer más. Si a esto se añade la crisis política que vive el gobierno de Veracruz con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República y otros miembros de fracciones parlamentarias, como Dante Delgado Rannauro de Movimiento Ciudadano, como consecuencia de la detención de Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo, que consideran ilegal, podrá exponerse con toda claridad en los próximos días cuando en esa Cámara se someta a votación para la aprobación del pleno de la Comision Especial creada por la Comisión Permanente para investigar los casos de abusos de autoridad y violación de derechos humanos en el estado. Habrá que estar muy atentos al resultado, del cual depende que la investigación sea vinculante para solicitar la desaparición de poderes en Veracruz. Es un caso que puede parecer improbable, pero que no debería descartarse.
