El Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, en los últimos años, ha sido sacudido como nunca en su historia y tal vez aún se tengan que ver otras situaciones que sorprendan.
La sacudida mayor se dio en octubre de 2020 cuando la magistrada Sofía Martínez Huerta fue destituida de su cargo de presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, bajo el argumento de incurrir en irregularidades.
Si las cometió o no ya nunca quedará en claro, pues Martínez Huerta, la primera mujer que estuvo al frente del Poder Judicial, murió en febrero de este año en un hospital del vecino estado de Puebla.
Lo que sí está más claro es que la destituida magistrada habría cometido pecados políticos que no le fueron perdonados.
Para los morenistas fue notorio que desde la Secretaría del Trabajo, concretamente la que era titular de esa dependencia, María Guadalupe Argüelles, trabajaban en dirección opuesta a los lineamientos establecidos desde Palacio de Gobierno. Querían hacerse de la dirigencia de Morena y preparaban candidatos por su cuenta. Por eso en abril de ese año y tras un escándalo por la detención del hijo de la entonces funcionaria, le exigieron su renuncia.
Lógicamente nadie en el gobierno metió las manos por Argüelles… salvo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez, quien de esa forma habría contaminado al TSJE con cuestiones partidistas y lo peor para ella, en automático se enfrentó al grupo que tiene el poder.
La magistrada fue destituida y corrida, pues le sacaron sus cosas de las oficinas y se las dejaron fuera de las instalaciones. El golpe a la imagen del Poder Judicial fue muy fuerte. Vino entonces el nombramiento de la magistrada Isabel Romero Cruz como presidenta del máximo tribunal en el estado y de ese tiempo para acá han ocurrido otros hechos que han dado de qué hablar. En enero de este año el magistrado Roberto Dorantes Romero tuvo que ser reincorporado a la función judicial luego de haber obtenido amparos en contra de su remoción que le fue aplicada a mediados de 2020 por haber cumplido 70 años de edad, aunque esa disposición no era aplicable a él. Dorantes fue nombrado magistrado en 2015 y su periodo de 10 años acababa en 2025. En julio de 2020 el magistrado Marco Antonio Lezama Moo logró un amparo para evitar ser removido del cargo por haber cumplido los 70 años de edad, mismo caso que Dorantes. No ha sido reinstalado y su lugar fue ocupado, por votación del Congreso local, por María Lilia Viveros Ramírez, nombrada magistrada en julio de 2020.
La magistrada Gladys Pérez Maldonado, quien concluyó su periodo de diez años como integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado y a la cual el Congreso local le habría negado la posibilidad de ser ratificada por otros cinco años, obtuvo en julio de 2020 un amparo para evitar ser separada, pero no ha logrado ser reinstalada.
En agosto de 2021 la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda fue notificada de su retiro forzoso, tras haber cumplido 70 años de edad. Ante la negativa de la magistrada a separarse del cargo, al no aplicar en ella esa ley, sus pertenencias fueron sacadas de la oficina que ocupaba en el edificio C del Poder Judicial.
Y tras haber sido notificada del cambio de adscripción, en septiembre de 2021, la magistrada Concepción Flores Saviaga fue desalojada de la Octava Sala en Materia Familiar, en la que fungía como presidenta. El Consejo de la Judicatura había determinado adscribirla como visitadora.
Con esos antecedentes ¿qué se hará ahora que en este mes la nueva magistrada presidenta Isabel Romero cumple 70 años? ¿Le exigirán que se retire como han hecho con otros?
De acuerdo a lo que ha trascendido la idea es que permanezca…al menos hasta diciembre de este año, fecha en la que los magistrados con derecho a ello se reunirían para nombrar a quien representará al Poder Judicial de Veracruz los próximos tres años, es decir, hasta finales de 2025.
