La semana anterior, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) dio a conocer que la compañía de préstamos Corporación de Aceptación Mundial (WAC, por sus siglas en inglés)...
A través de su filial en México, pagó sobornos por 4 millones de dólares a líderes sindicales y funcionarios durante los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para asegurar un mercado de préstamos a empleados de gobierno, salud, magisterio, y garantizar el pago sin mora.
Esta compañía de Carolina del Sur fue sancionada por la SEC con el pago de 21.7 millones de dólares para resarcir las violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero que realizó su subsidiaria en México de 2010 a 2017.
A diferencia de México –donde a la filial de WAC sólo le fue impuesta una multa de 12 mil 951 pesos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante 2014 debido a una falta de auditoría, cantidad que no ha pagado aún, mientras que en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros suma otros 483 mil 136 pesos derivado de cinco sanciones–, en Estados Unidos la SEC pidió 17 mil 826 millones de dólares para restituir los daños, 1.9 millones en intereses previos al juicio y una multa de 2 millones por los sobornos repartidos en México.
Este martes, en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador condenó este caso, “de contubernio, de asociación delictuosa”, afirmando que se sancionará a WAC México.
Pero éste no es el único. En Veracruz, por ejemplo, durante los últimos gobiernos del PRI y PAN proliferaron micro financieras cuyos dueños multiplicaron sus fortunas con los préstamos que daban al magisterio y a burócratas, una vasta clientela cautiva, ya que desde las instancias gubernamentales se les descontaban automáticamente cada quincena los pagos vía nómina estatal o federal.
Era –¿o todavía siguen siendo?– un negociazo cuyas ganancias compartían obviamente con funcionarios y líderes sindicales.
Sobre WAC México, Andrés Manuel López Obrador enfatizó que ayuda mucho que se ventilen casos como el de esta compañía de préstamos, porque reiteró que en nuestro país ya no hay impunidad.
“No sé en qué pensaban, que era normal o que no iban a ser juzgados nunca”, recriminó.
Pero en la Fiscalía General de la República está radicada desde hace cuatro años la averiguación previa FED/SEIDO/VEIORPIFAM-DF/0000445/2016, iniciada por la denuncia que presentó la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, al cual acusó de haber constituido tres sociedades mercantiles integradas por sus hijos y esposa para “transferir” de forma ilegal “retenciones”, “comisiones” y “recursos” de trabajadores de ese sindicato cuando el exgobernador panista fue titular del ISSSTE.
Yunes fue demandado por apropiarse presuntamente de más de 230 millones de pesos de “comisiones” y “retenciones” indebidas de miles de afiliados al ISSSTE y maestros del SNTE.
