/ miércoles 20 de octubre de 2021

Legitimidad en la vida pública

“La mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo”. Con esta frase, atribuida a la sociedad de la antigua Roma, se podría explicar muy bien la diferencia entre los conceptos de “legalidad y legitimidad” que se utilizan en la ciencia del Derecho.

La legalidad, dice el diccionario de la RAE, es el “ordenamiento jurídico vigente” y la “legitimidad” es la “cualidad de legitimación”, una convicción íntima, movida por un código ético.

Al explicar la diferencia entre ambos conceptos, nuestros maestros nos han dicho que actuar con legalidad nos permite relacionarnos e interrelacionarnos debidamente como sociedad, respetar las normas, el código establecido en nuestra sociedad, para garantizar la paz y la seguridad.

Sin embargo, la legitimidad va más allá de la legalidad, y aquí cito al maestro Alfredo Blanco, “es un acuerdo válido necesario para que todos los afectados hayan podido participar simétricamente, con razones y no con violencia, y hayan llegado a aprobar algo que gane la aceptación de todos (o al menos de una mayoría determinante)”.

En la vida pública cotidiana es muy fácil cruzar el umbral entre la legalidad y la legitimidad. “Si todos actuáramos —añade el profesor Blanco— bajo estos principios la sociedad sería maravillosa, pero lamentablemente siempre hay algunos que tratan de sacar provecho de los demás y lo triste es que sucede aun con personas que tienen amplio conocimiento de estos preceptos”.

La línea es tan delgada, que con facilidad la cruzamos y gritamos victoriosos que estamos cumpliendo la legalidad, pero en el acto no existe legitimidad.

El gran sociólogo alemán Max Weber decía que en los derechos modernos racionalizados la legalidad involucra legitimidad, entendiendo esto como la obligatoriedad moral de acatar las normas dictadas por las autoridades.

Y hablando de legalidad, nos enteramos, luego de la filtración de un audio, de la ilegalidad en la que incurrió el alcalde del puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, al involucrase de manera directa y ruin en el proceso electoral del pasado mes de julio, para beneficiar a la esposa de su hermano Miguel Ángel, Patricia Lobeira.

En Morena no nos quedaremos callados. La denuncia legal ya se encuentra interpuesta en las instancias correspondientes. El audio muestra al panista operando abiertamente, sin pudor, a favor de la esposa de su hermano.

Este delito debe ser castigado y las autoridades del Tribunal Electoral deben tomar cartas en el asunto y no permitir tal ilegalidad.

En el nuevo escenario político de México y de Veracruz, las contiendas se deben de ganar de manera limpia. Este hecho pone de relieve la forma avasallante de actuar de la autoridad municipal, quien debe ser sancionada con cárcel y pone en entredicho la legitimidad del triunfo de la esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez.

No nos extraña, esa ha sido la manera de actuar del llamado “Clan Yunes”. Sin embargo, en los gobiernos de la Cuarta Transformación ese se terminó. La autoridad electoral tiene que actuar y sancionar como corresponde.

El voto de Morena favoreció a nuestro candidato, Ricardo Exsome en esa demarcación y vamos a pedir a las autoridades electorales que vayan al fondo, hasta las últimas consecuencias.

“La mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo”. Con esta frase, atribuida a la sociedad de la antigua Roma, se podría explicar muy bien la diferencia entre los conceptos de “legalidad y legitimidad” que se utilizan en la ciencia del Derecho.

La legalidad, dice el diccionario de la RAE, es el “ordenamiento jurídico vigente” y la “legitimidad” es la “cualidad de legitimación”, una convicción íntima, movida por un código ético.

Al explicar la diferencia entre ambos conceptos, nuestros maestros nos han dicho que actuar con legalidad nos permite relacionarnos e interrelacionarnos debidamente como sociedad, respetar las normas, el código establecido en nuestra sociedad, para garantizar la paz y la seguridad.

Sin embargo, la legitimidad va más allá de la legalidad, y aquí cito al maestro Alfredo Blanco, “es un acuerdo válido necesario para que todos los afectados hayan podido participar simétricamente, con razones y no con violencia, y hayan llegado a aprobar algo que gane la aceptación de todos (o al menos de una mayoría determinante)”.

En la vida pública cotidiana es muy fácil cruzar el umbral entre la legalidad y la legitimidad. “Si todos actuáramos —añade el profesor Blanco— bajo estos principios la sociedad sería maravillosa, pero lamentablemente siempre hay algunos que tratan de sacar provecho de los demás y lo triste es que sucede aun con personas que tienen amplio conocimiento de estos preceptos”.

La línea es tan delgada, que con facilidad la cruzamos y gritamos victoriosos que estamos cumpliendo la legalidad, pero en el acto no existe legitimidad.

El gran sociólogo alemán Max Weber decía que en los derechos modernos racionalizados la legalidad involucra legitimidad, entendiendo esto como la obligatoriedad moral de acatar las normas dictadas por las autoridades.

Y hablando de legalidad, nos enteramos, luego de la filtración de un audio, de la ilegalidad en la que incurrió el alcalde del puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, al involucrase de manera directa y ruin en el proceso electoral del pasado mes de julio, para beneficiar a la esposa de su hermano Miguel Ángel, Patricia Lobeira.

En Morena no nos quedaremos callados. La denuncia legal ya se encuentra interpuesta en las instancias correspondientes. El audio muestra al panista operando abiertamente, sin pudor, a favor de la esposa de su hermano.

Este delito debe ser castigado y las autoridades del Tribunal Electoral deben tomar cartas en el asunto y no permitir tal ilegalidad.

En el nuevo escenario político de México y de Veracruz, las contiendas se deben de ganar de manera limpia. Este hecho pone de relieve la forma avasallante de actuar de la autoridad municipal, quien debe ser sancionada con cárcel y pone en entredicho la legitimidad del triunfo de la esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez.

No nos extraña, esa ha sido la manera de actuar del llamado “Clan Yunes”. Sin embargo, en los gobiernos de la Cuarta Transformación ese se terminó. La autoridad electoral tiene que actuar y sancionar como corresponde.

El voto de Morena favoreció a nuestro candidato, Ricardo Exsome en esa demarcación y vamos a pedir a las autoridades electorales que vayan al fondo, hasta las últimas consecuencias.