El presidente López Obrador sugirió ayer a los nuevos gobernadores consultar con las secretarías de la Defensa y de Marina el nombramiento de los titulares de Seguridad Pública de sus respectivas entidades, para que a cargo de ellas estén “personas honestas e íntegras”.
Este mismo martes, la gobernadora electa de Colima, Indira Vizcaíno Silva, de Morena, presentó al capitán de Navío Manuel Llerandi Ruiz como secretario de Seguridad Pública estatal.
En Veracruz también militares de élite han pasado por la titularidad de la SSP. En los gobiernos más violentos de los últimos 40 años, estuvieron por ejemplo hasta la mitad de la administración del exgobernador Agustín Acosta Lagunes (1980-1986) el coronel Inocencio Jerez Treviño y el entonces teniente coronel Mario Arturo Acosta Chaparro, y luego, en 2004-2010, en el régimen de Fidel Herrera Beltrán, los generales Rigoberto Rivera Hernández, Juan Manuel Orozco Méndez y Sergio López Esquer, quien fue ratificado al inicio del mandato de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), siendo sustituido después del primer año por Arturo Bermúdez Zurita, un burócrata de bajo perfil. Pero la estrategia de Herrera Beltrán de nombrar militares retirados en la SSP no le funcionó, pues de los 353 municipios del país clasificados por la Secretaría de Seguridad Pública federal con los más altos índices de inseguridad, 22 se ubicaban en la entidad: Pánuco, Naranjos, Tuxpan, Álamo, Poza Rica, Martínez, Perote, Cardel, Xalapa, Huatusco, Córdoba, Orizaba, Cuitláhuac, Tierra Blanca, Veracruz, Alvarado, Cosamaloapan, San Andrés, Acayucan, Coatzacoalcos, Minatitlán y Las Choapas.
En el estado operaban básicamente el cártel de Sinaloa con su grupo Gente Nueva, y el del Golfo con los Zetas. En los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán había presencia del cartel oaxaqueño de Pedro Díaz Parada.
Menudearon los levantones y ejecuciones. Los acontecimientos más relevantes se registraron el 4 de marzo de 2007 en Villarín, municipio del puerto de Veracruz, cuando una carrera de caballos terminó con el enfrentamiento entre los sicarios de ambas organizaciones. El 28 de julio de 2009 fue acribillado con su familia el recién nombrado subcoordinador de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, Antonio Romero, cuya ejecución se dio en el contexto de la desaparición del jefe de la Aduana, Francisco Serrano Aramoni, que condujo al arraigo de 40 agentes de tránsito municipal, incluido el director. El 7 de noviembre de 2007 fue ejecutado el delegado de la SPP en Paso del Toro, Casto Acevedo Manzano.
Las ejecuciones y enfrentamientos eran por las rutas y mercados de transporte y comercialización de drogas, así como por las ganancias de la prostitución, la piratería y el narcomenudeo. A lo largo y ancho del estado peleaban el derecho de paso en la plaza y recibían, transportaban y comercializaban drogas, lavaban dinero en hoteles, empresas turísticas, de bienes raíces, casas de cambio y narco-campañas.
En las elecciones intermedias de 2007, como acaba de suceder en el proceso electoral del 6 de junio pasado, hubo denuncias de la existencia de vínculos entre candidatos y narcotraficantes, pero al igual que ahora imperó la impunidad.
