El señalamiento del líder senatorial Ricardo Monreal Ávila al gobierno de Veracruz por la excesiva penalidad del delito de “ultrajes a la autoridad”, que alcanza hasta siete años de prisión, no debería desestimarse...
Esa crítica se suma a las que han planteado representantes de la iglesia, organizaciones civiles, entre ellas, Artículo 19; asociaciones, barras y colegios de abogados, partidos políticos, diputados y cámaras empresariales, ante lo que evidentemente sólo sirve para cometer abusos de la policía, fiscales y jueces, y se utiliza con fines políticos, como el caso del ex secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, quien permanece en prisión acusado de dicho delito desde hace ocho meses. “Preocupa mucho lo que pasa en ese estado, (…donde) se han integrado carpetas de investigación por ultrajes a la autoridad (…), lesiones fundamentalmente contra la policía, y los ciudadanos son encarcelados de inmediato, ya que de manera desproporcionada, ese delito implica prisión preventiva oficiosa”, añadió Monreal, quien citó lo que pasó a seis jóvenes fueron privados de la libertad por elementos policiacos y confinados en prisión acusados de agredir a los uniformados, a pesar de que en los videos del centro comercial donde fueron detenidos, demuestran que no opusieron resistencia al arresto. Eso, dijo, es una violación a los derechos humanos de personas inocentes e hizo un llamado al Poder Judicial de Veracruz a no dejar de ser omiso y detener esos abusos. ¿Exagera el senador? La respuesta es no. Incluso, en la pasada Legislatura, se planteó la posibilidad de modificar esa ley. La posición de diputados sobre endurecimiento en la penalidad de este delito, fue de que “no se analizó a fondo”, aceptando que provoca “exceso en las funciones” de autoridades policiacas, de la Fiscalía y ciertos jueces. El delito no es para privar de la libertad, planteó el ex diputado Gonzalo Guízar Valladares, y otro diputado, Jorge Moreno Salinas, aclaró que la mayor penalidad fue para devolver el respeto a las instituciones, “porque no vamos a tener un país sin ley; (pero) no se trata de reprimir tampoco”. Erika Ayala Ríos, a su vez, dijo en ese entonces que “hay que cuidar que no se mal interprete” la ley, y anticipó que se trabajaba en una modificación”. Las palabras de Monreal, tratándose del líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Senadores, mismo partido de Cuiláhuac García Jiménez, tiene peso específico, y a menos que el Gobernador quiera entrar en conflicto con este político de peso completo, como lo ha entablado con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, tendrá que pensar muy bien su respuesta, pues además, es un clamor social que se derogue ese delito, “desproporcionado” que da lugar a arbitrariedades. ¿Qué va a pasar con los seis jóvenes encarcelados? No podrá sostenerse por mucho tiempo, a todas luces se trata de una injusticia, y si el Poder Judicial veracruzano no se somete a los dictados desde Palacio de Gobierno, pronto tendrían que obtener su libertad. Por cierto, Gutiérrez Luna será noticia en los próximos días, cosa que no será del agrado de varios políticos que lo miran como una amenaza para su futuro político, y en realidad tienen razón. El político sureño sigue y seguirá creciendo entre los diversos sectores de la entidad, debido a un deficiente trabajo político, actitud excluyente y falta de resultados de la administración estatal.
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