/ viernes 9 de julio de 2021

Permiso a la intromisión

Si alguna vez se pensó en un cambio en el gobierno con nuevos inquilinos y con ellos la erradicación de los métodos del “viejo régimen” para ejercer el poder, habría que revisar sólo algunos de sus actos para concluir que ésa fue sólo promesa de campaña y se trata de la misma gata revolcada con otros nombres.

Los que mandan desde el Poder Ejecutivo toman las decisiones que mejor les parezca, así se trate de nombramientos de amigos, aliados y hasta familiares sin perfil para desempeñar cargos, nombrar a incondicionales en puestos clave de otros poderes (magistrados, por ejemplo, con la aprobación de un Congreso de mayoría sumisa a su voluntad) o impulsar a titulares de organismos sólo de nombre autónomos, y hasta para hacer un camino o alguna otra obra de poca monta y quién la hace, sin simular las licitaciones del pasado porque ahora es más fácil hacerlo mediante asignación directa. En Veracruz, por ejemplo, los ciudadanos volvieron a votar por el partido en el poder, y con esa decisión el titular del Ejecutivo no tiene necesidad de operar políticamente para que se apruebe el presupuesto o que se cambien leyes a su conveniencia, como ésa que tipifica con mayor penalidad el delito de ultraje a la autoridad, solamente como herramienta para aplicarla a quienes le resulten incómodos. Es la realidad de lo que fue y es, se encuentre en la silla de la principal oficina de Palacio de Gobierno el PRI, PAN o Morena. Sólo cuando hay un contrapeso real se puede enmendar la plana a los gobernantes en turno, como cuando se han presentado controversias constitucionales para dar marcha atrás a decisiones excesivas o francamente ilegales, que han ganado diversos actores políticos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicte sentencias apegadas a derecho; de otra manera, los veracruzanos tendrían mayores y muy malas experiencias. Este contexto sirve de referencia para analizar el audio filtrado de una reunión que encabezó la magistrada presidenta del Poder Judicial del estado, Isabel Inés Romero Cruz, donde expresa a sus pares la petición del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que acepten una reducción “voluntaria” del 30 por ciento en los sueldos que perciben a fin de generar ahorros que permitan cubrir un déficit de 500 millones de pesos que arrastra esa institución. No es tanto la “sugerencia”, que hasta podría considerarse viable y oportuna, sino la intromisión del Ejecutivo en otro poder legalmente autónomo, que no puede admitirse, aunque algunos nuevos miembros del PJ que fueron propuestos por el Gobernador, los menos, aceptaron esa propuesta. El reclamo a la titular de ese poder, a quien le recomendaron realizar otros ajustes y solicitar al Congreso Local una ampliación al presupuesto, es una señal de que al menos en éste no tiene todo el poder ni se permitirá injerencia externa, lo cual es una ventaja y puede generar confianza de de que los actos de gobierno tendrán que sujetarse a la ley, en vez de que se utilice para golpear a los enemigos políticos, como también ha sucedido en gobiernos pasados, sobre todo cuando estuvieron en el poder el PRI y el PAN. Mal escenario para la presidenta Romero Cruz.

opedro2006@gmail.com

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Si alguna vez se pensó en un cambio en el gobierno con nuevos inquilinos y con ellos la erradicación de los métodos del “viejo régimen” para ejercer el poder, habría que revisar sólo algunos de sus actos para concluir que ésa fue sólo promesa de campaña y se trata de la misma gata revolcada con otros nombres.

Los que mandan desde el Poder Ejecutivo toman las decisiones que mejor les parezca, así se trate de nombramientos de amigos, aliados y hasta familiares sin perfil para desempeñar cargos, nombrar a incondicionales en puestos clave de otros poderes (magistrados, por ejemplo, con la aprobación de un Congreso de mayoría sumisa a su voluntad) o impulsar a titulares de organismos sólo de nombre autónomos, y hasta para hacer un camino o alguna otra obra de poca monta y quién la hace, sin simular las licitaciones del pasado porque ahora es más fácil hacerlo mediante asignación directa. En Veracruz, por ejemplo, los ciudadanos volvieron a votar por el partido en el poder, y con esa decisión el titular del Ejecutivo no tiene necesidad de operar políticamente para que se apruebe el presupuesto o que se cambien leyes a su conveniencia, como ésa que tipifica con mayor penalidad el delito de ultraje a la autoridad, solamente como herramienta para aplicarla a quienes le resulten incómodos. Es la realidad de lo que fue y es, se encuentre en la silla de la principal oficina de Palacio de Gobierno el PRI, PAN o Morena. Sólo cuando hay un contrapeso real se puede enmendar la plana a los gobernantes en turno, como cuando se han presentado controversias constitucionales para dar marcha atrás a decisiones excesivas o francamente ilegales, que han ganado diversos actores políticos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicte sentencias apegadas a derecho; de otra manera, los veracruzanos tendrían mayores y muy malas experiencias. Este contexto sirve de referencia para analizar el audio filtrado de una reunión que encabezó la magistrada presidenta del Poder Judicial del estado, Isabel Inés Romero Cruz, donde expresa a sus pares la petición del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que acepten una reducción “voluntaria” del 30 por ciento en los sueldos que perciben a fin de generar ahorros que permitan cubrir un déficit de 500 millones de pesos que arrastra esa institución. No es tanto la “sugerencia”, que hasta podría considerarse viable y oportuna, sino la intromisión del Ejecutivo en otro poder legalmente autónomo, que no puede admitirse, aunque algunos nuevos miembros del PJ que fueron propuestos por el Gobernador, los menos, aceptaron esa propuesta. El reclamo a la titular de ese poder, a quien le recomendaron realizar otros ajustes y solicitar al Congreso Local una ampliación al presupuesto, es una señal de que al menos en éste no tiene todo el poder ni se permitirá injerencia externa, lo cual es una ventaja y puede generar confianza de de que los actos de gobierno tendrán que sujetarse a la ley, en vez de que se utilice para golpear a los enemigos políticos, como también ha sucedido en gobiernos pasados, sobre todo cuando estuvieron en el poder el PRI y el PAN. Mal escenario para la presidenta Romero Cruz.

opedro2006@gmail.com

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