El atentado a otro reportero en el norte de Veracruz vuelve a evidencia la inseguridad y violencia que ya echó raíces en Veracruz y el enorme riesgo del ejercicio periodístico.
Bajo esa circunstancia, la libertad de expresión vive bajo constante amenaza, sólo garantizada en papel, sin importar la vida de los periodistas. Este año sumaron otros dos asesinatos a la larga lista de agresiones fatales, 24 en total, desde 2010 a la fecha, la mayoría de ellos cometidos durante el gobierno de Javier Duarte.
¿Quién o quiénes son culpables? Difícil conocerlo, pero esas muertes son atribuidas a organizaciones criminales, caciques locales o aquellos que se sienten afectados por publicaciones en los medios informativos.
Hace casi una década, el puerto de Veracruz se inundó de sangre con la muerte de varios diaristas; últimamente, las zonas más peligrosas para el trabajo de la prensa son los municipios del norte y sur de la entidad, aunque también Yanga y Tezonapa, lugares donde hay un explosivo crecimiento de la delincuencia.
Al reportero pozarricense lo atacaron varios sicarios cuando se transportaba en un auto de la empresa periodística; milagrosamente salvó su vida y de su menor hijo, de cinco años de edad, que lo acompañaba. Ese hecho, de forma tardía, obligó a aplicar los protocolos de protección para la víctima.
El asunto, sin embargo, es de fondo. Muestra la incapacidad del gobierno, en sus tres niveles, para frenar esa violencia, pero sobre todo, la impunidad de los crímenes.
Las investigaciones que se inician muy rara vez llevan a la detención de los culpables, o de los principales responsables del delito. Es el caso de la periodista Maria Elena Ferral Hernández, de Papantla, de cuyos hechos hay varios detenidos sujetos a proceso penal, pero no el principal a quien se atribuye la autoría intelectual de su muerte, y como éste, la mayoría.
Ayer, precisamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al asesinato de Regina Martinez, quien fuera corresponsal de la Revista Proceso, para reabrir el expediente de su caso que data de 2012, y determinar si en realidad los dos encarcelados son los verdaderos culplables, o fueron delitos fabricados. Como fuere, existe un claro desinterés para dar garantías a quienes diariamente ejercen la libertad de expresión, para los que no hay ningún tipo de protección, salvo que haya previa amenaza de muerte o, como sucedió con el reportero de Poza Rica, reciban una agresión directa que pudo costarle la vida.
En ese mismo municipio también se recuerda el atentado que sufrió en su propio domicilio la editora Mireya Ulloa Valencia, apuñalada a principios de marzo pasado, a quien la advirtieron que “de seguir con las publicaciones” en el medio de comunicación para el que presta sus servicios, le iba a costar la vida. Así de graves están las cosas en el estado de Veracruz.
opedro2006@gmail.com
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