/ sábado 21 de mayo de 2022

¿Qué lugar ocupa la educación en las prioridades de este gobierno?

“El gobierno federal actual eliminó la reforma educativa de 2013, pero no produjo un nuevo proyecto; en cambio, puso en práctica políticas que dañan la oferta educativa.

Se volvió la espalda a la educación persiguiendo un objetivo político, en el sentido populista, mezquino, del término”. “No ha habido otro sexenio en el que se haya maltratado tanto a la educación y en el cual los gobernantes hayan mostrado mayor incomprensión hacia el papel crucial que ella tiene en un desarrollo nacional con justicia y democracia”, señala Gilberto Guevara Niebla en el libro La regresión educativa, de editorial Grijalbo.

Eduardo Gurria Bárcenas comenta: “Independientemente de las bondades y defectos, la última reforma de 2013 contemplaba temas como la calidad en la educación, la inclusión de todos los agentes y actores de la educación, como docentes, directivos, padres de familia, la creación del INEE (Instituto Nacional para la Evaluación en la Educación), el acceso a las Tics, Tecnologías de la información y comunicaciones; mejora en la infraestructura educativa y mejoras al financiamiento, es decir, era propositiva, al menos, en papel y en proyecto. La cancelación de dicha reforma se hizo sin la menor evaluación de sus resultados y sus logros”. El gobierno federal enarboló la bandera de la CNTE, de la “mal llamada reforma educativa”, cuya oposición se centró siempre en recuperar la discrecionalidad de los mecanismos para la asignación de las plazas docentes, señala el maestro César Barrera.

En contraste y refiriéndose a lo expuesto por Guevara Niebla, Héctor Aguilar Camín dice: “La educación dejó de ser prioritaria presupuestalmente. La política de austeridad suprimió 16 programas vitales de la gestión educativa federal. Recursos de programas sustantivos se invirtieron en programas de becas. Las becas se asignan de manera directa a las familias con criterios clientelares imprecisos y opacos. Se redujo el presupuesto destinado a normales y formación de maestros. Se concentraron las decisiones en la SEP y en el Ejecutivo federal, atropellando el federalismo educativo”.

Aguilar Camín también subraya: “El gobierno federal toma decisiones educativas improvisadas que producen gastos innecesarios y conflictos. Se estableció un nuevo paradigma educativo en el que no existe el criterio de calidad. Se eliminaron los concursos de oposición para acceder a plazas magisteriales, dejando en la opacidad los criterios de ingreso y promoción de maestros. Se redujeron los recursos para la educación de la población más pobre: indígenas, escuelas comunitarias, población infantil con discapacidades. Se suprimió el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y con él la prioridad de evaluar al sector. Se suprimió el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, en favor del programa La Escuela es Nuestra LEEN, que da los recursos a los padres de familia para que ellos decidan cómo dar mantenimiento a las escuelas. Se desaparecieron las Estancias Infantiles. Se recortó sustancialmente el presupuesto para la educación media superior, el eslabón más débil del sistema. Las instituciones de educación superior han sido castigadas presupuestalmente, lo mismo que los centros de excelencia, como el CIDE”. En suma, a lo anterior agregaremos: Se anulan los conceptos de calidad y de competitividad, es decir, la educación, según la SEP, no necesita ser de calidad y… adiós a la educación por competencias y a competir, adiós al constructivismo, al andamiaje y al anclaje, adiós a la investigación y a la creatividad; tan solo hay que compartir (¿compartir qué?), concluye Gurría Bárcenas. Ahora que también desaparecen las escuelas de tiempo completo es importante preguntarnos, ¿qué lugar ocupa la educación en las prioridades de este gobierno? ¿Cómo justificar el cierre de un programa que ha demostrado cerrar las brechas de aprendizaje entre distintos grupos de niñas, niños y adolescentes? ¿Y la evidencia importa?, apuntan investigadoras del Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia.

La educación como tal no ha tenido la atención que merece. “No se observa ningún tipo de avance, los libros de texto son elaborados por ideólogos que nada conocen de educación, los alumnos no aprenden, pero se les promueve y los maestros, los verdaderos educadores, no saben qué hacer, ya que han sido despojados de la capacidad de enseñar y de enfocar el aprendizaje de sus alumnos hacia la mejora y hacia el crecimiento”. Se requiere más apertura, voluntad y claridad para superar los problemas educativos. Definir una política pública que efectivamente contribuya a que la educación abone al crecimiento nacional y a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas.

“El gobierno federal actual eliminó la reforma educativa de 2013, pero no produjo un nuevo proyecto; en cambio, puso en práctica políticas que dañan la oferta educativa.

Se volvió la espalda a la educación persiguiendo un objetivo político, en el sentido populista, mezquino, del término”. “No ha habido otro sexenio en el que se haya maltratado tanto a la educación y en el cual los gobernantes hayan mostrado mayor incomprensión hacia el papel crucial que ella tiene en un desarrollo nacional con justicia y democracia”, señala Gilberto Guevara Niebla en el libro La regresión educativa, de editorial Grijalbo.

Eduardo Gurria Bárcenas comenta: “Independientemente de las bondades y defectos, la última reforma de 2013 contemplaba temas como la calidad en la educación, la inclusión de todos los agentes y actores de la educación, como docentes, directivos, padres de familia, la creación del INEE (Instituto Nacional para la Evaluación en la Educación), el acceso a las Tics, Tecnologías de la información y comunicaciones; mejora en la infraestructura educativa y mejoras al financiamiento, es decir, era propositiva, al menos, en papel y en proyecto. La cancelación de dicha reforma se hizo sin la menor evaluación de sus resultados y sus logros”. El gobierno federal enarboló la bandera de la CNTE, de la “mal llamada reforma educativa”, cuya oposición se centró siempre en recuperar la discrecionalidad de los mecanismos para la asignación de las plazas docentes, señala el maestro César Barrera.

En contraste y refiriéndose a lo expuesto por Guevara Niebla, Héctor Aguilar Camín dice: “La educación dejó de ser prioritaria presupuestalmente. La política de austeridad suprimió 16 programas vitales de la gestión educativa federal. Recursos de programas sustantivos se invirtieron en programas de becas. Las becas se asignan de manera directa a las familias con criterios clientelares imprecisos y opacos. Se redujo el presupuesto destinado a normales y formación de maestros. Se concentraron las decisiones en la SEP y en el Ejecutivo federal, atropellando el federalismo educativo”.

Aguilar Camín también subraya: “El gobierno federal toma decisiones educativas improvisadas que producen gastos innecesarios y conflictos. Se estableció un nuevo paradigma educativo en el que no existe el criterio de calidad. Se eliminaron los concursos de oposición para acceder a plazas magisteriales, dejando en la opacidad los criterios de ingreso y promoción de maestros. Se redujeron los recursos para la educación de la población más pobre: indígenas, escuelas comunitarias, población infantil con discapacidades. Se suprimió el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y con él la prioridad de evaluar al sector. Se suprimió el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, en favor del programa La Escuela es Nuestra LEEN, que da los recursos a los padres de familia para que ellos decidan cómo dar mantenimiento a las escuelas. Se desaparecieron las Estancias Infantiles. Se recortó sustancialmente el presupuesto para la educación media superior, el eslabón más débil del sistema. Las instituciones de educación superior han sido castigadas presupuestalmente, lo mismo que los centros de excelencia, como el CIDE”. En suma, a lo anterior agregaremos: Se anulan los conceptos de calidad y de competitividad, es decir, la educación, según la SEP, no necesita ser de calidad y… adiós a la educación por competencias y a competir, adiós al constructivismo, al andamiaje y al anclaje, adiós a la investigación y a la creatividad; tan solo hay que compartir (¿compartir qué?), concluye Gurría Bárcenas. Ahora que también desaparecen las escuelas de tiempo completo es importante preguntarnos, ¿qué lugar ocupa la educación en las prioridades de este gobierno? ¿Cómo justificar el cierre de un programa que ha demostrado cerrar las brechas de aprendizaje entre distintos grupos de niñas, niños y adolescentes? ¿Y la evidencia importa?, apuntan investigadoras del Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia.

La educación como tal no ha tenido la atención que merece. “No se observa ningún tipo de avance, los libros de texto son elaborados por ideólogos que nada conocen de educación, los alumnos no aprenden, pero se les promueve y los maestros, los verdaderos educadores, no saben qué hacer, ya que han sido despojados de la capacidad de enseñar y de enfocar el aprendizaje de sus alumnos hacia la mejora y hacia el crecimiento”. Se requiere más apertura, voluntad y claridad para superar los problemas educativos. Definir una política pública que efectivamente contribuya a que la educación abone al crecimiento nacional y a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas.