Por el área de Seguridad Pública del estado han pasado como titulares algunos militares foráneos y otros políticos locales, pero lamentablemente para los veracruzanos a ninguno se le recuerda por haber realizado una labor excepcional.
Tristemente las referencias que perduran de algunos de ellos son por sus abusos, saqueos y complicidades con la delincuencia. Quizá el caso más anecdótico es el del general Mario Arturo Acosta Chaparro, nativo de la Ciudad de México, a quien a principios del sexenio del exgobernador Agustín Acosta Lagunes (1980-1986) se le atribuyó haber mandado a robar una valiosa colección de armas de fuego que un afamado notario público de Xalapa le había presumido unas horas antes durante una cena privada en su residencia. Ahora, con el nuevo gobierno de la llamada 4T, no se percibe hasta el momento un cambio radical en esta Secretaría a cargo del neoleonés Hugo Gutiérrez Maldonado. El más reciente escándalo de los abusos de elementos de la Fuerza Civil ocurrió en Sayula de Alemán, donde elementos policiacos que se transportaban en cuatro patrullas ocasionaron daños y saquearon un modesto negocio de papelería. El caso trascendió por un video que circuló en las redes sociales.
Pero no es la primera vez que sucede este tipo de excesos. A finales de diciembre de 2018, recién iniciada la administración del gobernador Cuitláhuac García, la familia Rosado Zárate, con ciudadanía estadounidense pero oriunda de Santa Rosa, municipio de Actopan, fueron golpeados y despojados de dos mil dólares, algunas joyas, teléfonos celulares, tres televisores, ropa y un estéreo por un grupo de la Fuerza Civil comandado por el oficial Salvador de la Cruz Gabriel, que allanó su casa en esa congregación actopeña.
En mayo de este año circuló también en redes sociales un video producido por un diario cuenqueño que denunciaba otros excesos policiacos en Cujuliapan, municipio de José Azueta.
Los pobladores declararon que no sabían a quién temen más: si a los supuestos guardianes del orden o a los criminales, pues a partir de que en marzo fue descubierto en el rancho Monte Rico un campamento de un grupo de la delincuencia organizada, la Guardia Civil lo tomó de pretexto para justificar abusos y hasta algunos crímenes. Denunciaron la desaparición de Josmar Alor Borja, de 23 años de edad; de Fredy Azamar Alfonso, aspirante a la alcaldía de José Azueta, y de Hilmer Domínguez Rodríguez, detenido sin orden de aprehensión la madrugada del 6 de mayo en su domicilio de Tesechoacán, de donde los elementos de la SSP sustrajeron aparatos electrodomésticos.
Por su parte, Hilda Condado García acusó haber sido torturada ante su hijo de 6 años de edad por uniformados de la Fuerza Civil que iban a bordo de las patrullas 8880 y 3532, los cuales le robaron 10 mil pesos que tenía ahorrados para poner una tiendita.
