Desde mi punto de vista la libertad de prensa es crucial para que la sociedad puede estar informada y al tanto de los asuntos públicos. El escrutinio, la crítica y la investigación de la prensa es un mecanismo de control fundamental en una democracia constitucional.
Así como la libertad de expresión y el derecho a votar libremente son fundamentales para preservar un gobierno democrático, la prensa libre es fundamental para vigilar el buen funcionamiento de cualquier gobierno y, en su caso, castigarlo con votos u otros mecanismos legales. Quizás por ello Thomas Jefferson escribió que "si tuviera que elegir entre un gobierno sin prensa o una prensa sin gobierno, sin duda elegiría los segundo".
Cuando se condena el creciente número de asesinatos de periodistas en México, no se trata de hacer una distinción entre ciudadanos de primera o segunda categoría, ni de explotar políticamente una tragedia, una de tantas otras, de hecho, como la pandemia o el estancamiento económico, como mañosa mente argumentaban algunos defensores del gobierno, signo que se condena y se exige justicia porque estos homicidios son una señal ominosa para cualquier democracia.
El Parlamento Europeo, con el voto de casi la totalidad de sus integrantes (607 a favor, dos en contra y 73 abstenciones), había hecho un pronunciamiento expresando su preocupación por los asesinatos de periodistas en México y la denigración de la profesión que realizaban las propias autoridades. La resolución también señalaba que existen "claros indicios de que el Estado mexicano ha utilizado herramientas de piratería telefónica destinadas a luchar contra el terrorismo y los cárteles, incluido el programa espía Pegasus, contra periodistas y defensores de los Derechos Humanos".
Precedieron a la postura del Parlamento Europeo, declaraciones del Secretario de Estado de la a Unión Americana, Antony Blinken, y del embajador Ken Salazar, que fueron descalificadas y llamados hasta ignorantes. Luego hubo otro llamado del Congreso estadounidense, que como estuvo presentado por Ted Cruz, uno de los más conservadores miembros del Partido Republicano, fue también repudiado, aunque no se tomó en cuenta que muchos otros legisladores lo respaldaban.
Después del Parlamento Europeo, como comentábamos, vino el pronunciamiento de Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile y ahora alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que demandó al gobierno mexicano la protección a los periodistas y criticó a los funcionarios que han contribuido a denigrar a los periodistas y la relevancia de su trabajo. El mundo real puede esperar.
Decía en columnas anteriores que en estos días se dio a conocer la edición 2021-2022 de un estudio regional denominado Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica, por parte del Vance Center for International Justice, una organización no gubernamental que promueve la justicia global al involucrar a abogados a través de las fronteras para apoyar a la sociedad civil y el desarrollo de una profesión legal éticamente activa. El estudio tiene por objeto mapear los esfuerzos legales para prevenir y combatir la corrupción en 17 países, sin embargo, a diferencia de los esfuerzos que se dirigen en medir la corrupción o la percepción de la corrupción, este estudio se enfoca desde la práctica jurídica para hacer un diagnóstico de la legislación, las autoridades y la implementación para prevenir, sancionar y combatir la corrupción, desde la perspectiva de la comunidad jurídica dedicada a la práctica anticorrupción en diversos sectores, incluidas firmas de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros.
En el caso de México podemos advertir que su calificación general es de 5.64, nota que lo sitúa a media tabla, en el noveno sitio, por debajo de países como Uruguay (8.36), Chile (7.96), Costa Rica (7.04), Brasil (6.70), Argentina (6.32), Colombia (6.20), Ecuador (6.19) y Perú (6.06) y por encima de Bolivia (5.50), República Dominicana (5.45), Panamá (4.61), Paraguay (4.53), El Salvador (4.20), Honduras (4.05), Guatemala (3.54) y Venezuela (2.87).
Sin embargo, lo que a juicio de un servidor resulta interesante de este estudio es la calificación individual que obtuvo nuestro país en cada uno de los rubros analizados, en la categoría correspondiente a la legislación México obtuvo la nota más alta de entre todos los países analizados, situándose en el primer lugar con 9.30 de calificación, lo que implica, a decir del propio estudio, que cuenta con un ordenamiento jurídico anticorrupción amplio y, en términos generales ese marco jurídico es suficiente, aunque podría mejorarse.
Por otro lado, en el rubro correspondiente a las autoridades nos encontramos que nuestro país desciende hasta la duodécima posición, con una calificación de 3.50, mientras que en la categoría de implementación llegamos a la décima posición, con una nota de 8.17.
Respecto de estos rubros el propio estudio ubica algunos desafíos para la aplicabilidad del marco jurídico, entre los que destaca la insuficiente voluntad política para su ejecución, recursos económicos y humanos inadecuados para las agencias anticorrupción, insuficiente Independencia judicial y/o de los órganos de procuración de justicia y capacitación inadecuada de los servidores públicos, entre otros.
Acusar al Sistema Nacional Anticorrupción como un proyecto fallido o discutible por su concreción en una administración hoy cuestionada, es borrar de golpe la cantidad de horas de discusión que se generaron entorno al mismo, el involucramiento de la sociedad civil como pocas veces, la participación de la academia, y de los especialistas, dentro y fuera del sector público y las posteriores reformas constitucionales y legales, que dejan ver que su construcción fue parte de un proceso democrático amplio y plural. Fue el diseño de una política pública que bien o mal fue decidida y generada a partir de múltiples instancias seguramente es perfectible, pero debe demostrar sus bondades y se debe permitir y fomentar su desarrollo desde el poder político.
