Desde que inició la presente administración, el ayuntamiento de Tuxpan y su alcalde, Antonio Aguilar Mancha, han estado permanentemente en el escándalo.
Se trata de un ayuntamiento digamos inestable, que ha tenido cuatro tesoreros en poco más de dos años.
Debido a esa inestabilidad, los señalamientos por un manejo desaseado de los recursos públicos han sido frecuentes.
En la revisión a la cuenta pública de 2018, por ejemplo, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado incluyó observaciones técnicas y financieras que hacen presumir un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal por 13 millones 56 mil 425 pesos.
El Orfis reveló que poco más de 9 millones de pesos corresponden a observaciones financieras; y que 3 millones 859 mil 121, a observaciones de carácter técnico.
Obras pagadas pero que no funcionan; pagos improcedentes; incumplimiento de los programas de ejecución y pagos excesivos; obras sin terminar con pagos en exceso por volúmenes no ejecutados; y trabajos irregulares, sin actas de entrega-recepción. Un fango de supuestas irregularidades. Eso sin contar con el tema de las constructoras consentidas; el Ayuntamiento reportó 106 obras durante 2018; 42 fueron asignadas por invitación a cuando menos tres personas; las 64 restantes fueron por adjudicación directa. Lo que llama la atención es que de los 106 contratos, 82 fueron asignados a 11 empresas contratistas, sin presuntamente respetar, se indica, los criterios normativos de imparcialidad y transparencia.
En un reciente capítulo de esa novela de probable corrupción, el alcalde tuxpeño solicitó al cabildo la autorización para recurrir a un préstamo por 30 millones de pesos, con el argumento de la falta de liquidez por un supuesto gasto excesivo derivado de la pandemia, como si se hubiera gastado dicha cantidad en equipar hospitales, tarea por cierto, que corresponde a otras instancias de gobierno.
Posteriormente, el ayuntamiento local anunció su intención de municipalizar el servicio de agua potable, como si el hecho de asumir el control del suministro garantizara la eficiencia en el mismo.
En realidad, el punto de la discusión no se relaciona con el servicio, sino con el manejo de los recursos que genera ese rubro.
Veremos, a fin de cuentas, si el Congreso local y el propio ejecutivo autorizan tanto el préstamo que pide el alcalde, los 30 millones de pesos, como la municipalización del servicio del agua; Ambos planteamientos se observan sumamente complicados para la causa del edil.
Recordemos que se trata de un presidente municipal que es visto como pieza incondicional tanto del ex dirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha, como del ex gobernador Miguel Ángel Yunes. Por si esos antecedentes políticos fueran poco, los señalamientos por probables irregularidades por parte del Orfis vuelven todavía más vulnerable la desgastada figura de un alcalde cuyos desfiguros son más que conocidas que su trabajo en ese ayuntamiento.
