Desde que el exsecretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio Franco Castán, fue detenido por presuntos ultrajes a la autoridad, los dirigentes de los partidos opositores a Morena han condenado el supuesto uso de ese ilícito para perseguir a personajes que podrían resultar incómodos a la 4T en la entidad.
El problema es que basta con la declaración de algún elemento policiaco para que la autoridad proceda judicialmente contra cualquier persona.
Rogelio Franco no está preso por el caso de la presunta violencia familiar que se le imputa, sino por los señalamientos de los policías que aseguran que les golpeó y rompió la camisa.
Debido a ello, tanto políticos como especialistas en Derecho han señalado que los ultrajes a la autoridad no tienen futuro como argumento jurídico.
Este miércoles trascendió que desde hace un mes, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra el delito de ultrajes a la autoridad.
Lo mismo han hecho algunos legisladores locales veracruzanos. Erika Ayala Ríos, por ejemplo, declaró el pasado 20 de marzo que desde el Congreso de Veracruz buscarían modificar el Código Penal para evitar que el delito de ultrajes a la autoridad quede sujeto a la interpretación de las autoridades.
El PRD, por supuesto, condenó el uso político de dicho delito, en el marco de la defensa al líder del partido en la entidad.
En total, 17 diputados locales de PAN, PRI, PRD y MC anunciaron que promoverían una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, con la finalidad de echar abajo la reforma; el argumento: los vacíos legales para su aplicación.
La reforma a la ley, aprobada por el Congreso local, establece penas de cinco a 15 años de prisión a quien agreda a elementos de la policía estatal.
A esta reforma, aprobada por la actual Legislatura, se opone el grupo de legisladores de PAN, PRI y MC; y al parecer, la CEDH retomó el caso y promoverá un recurso más, que podría echar abajo dicha disposición.
Podemos denuncia persecución
De acuerdo con el dirigente estatal de Podemos, Francisco Garrido Sánchez, los candidatos de ese partido político local de reciente creación, han sido objeto de ataques presuntamente orquestados desde el poder.
Apunta que hay casos de violencia contra dirigentes y candidatos de su partido, que van desde amenazas hasta abiertas agresiones.
Los casos fueron denunciados ya en reiteradas ocasiones, sostiene el dirigente, quien ha recurrido a medios nacionales de comunicación, para dejar un antecedente.
El presupuesto de Podemos incluye el triunfo en unos 30 municipios veracruzanos durante la presente contienda local. En el peor de los escenarios, afirma Garrido Sánchez, el partido ganaría 25 ayuntamientos, lo que implica casi el 10 por ciento de las posiciones en disputa; de lograr ese objetivo, esta fuerza política de reciente creación igualaría a otro partido local, Alternativa Veracruzana, que colocó a un diputado en el Congreso local –el propio Paco Garrido–; hoy, si Podemos conserva su registro, Gonzalo Morgado llegaría una vez más a la Legislatura.
