/ jueves 16 de julio de 2020

Veracruz y las alertas de género

El pasado mes de mayo, conforme a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Veracruz se perpetraron seis feminicidios; 35 en los primeros cinco meses del año. El acumulado nacional arroja 375 mujeres asesinadas por razones de género, por lo que casi el 10% de estos delitos ha ocurrido en nuestro estado.

No son solo cifras. Hace unos días, Reyna, una pequeña naolinqueña que apenas iniciaría su vida, fue asesinada. Para el gobierno se convirtió en una estadística más que reportarán la próxima semana; para su familia y seres queridos es una pérdida irreparable, una herida que nunca, nunca cerrará.

Como ella hay miles de veracruzanas, de mexicanas, cuya vida todos los días pende de un hilo. Para el actual gobierno federal es una pérdida de dinero, por eso lejos de intentar solucionar el problema, para ellos ese recurso es más valioso para construir un Tren Maya, para obras de relumbrón que abonen al capital electoral.

La muestra más clara es que el pasado 3 de julio, a pesar de esta situación, la Secretaría de Gobernación (Segob) quitó al Estado de México, Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Jalisco y Puebla todo el subsidio federal que ya les había asignado en marzo pasado para la Alerta de Violencia de Género (AVG), con lo que estas entidades se quedarán sin recursos para operarlas.

Dichas alertas son un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un municipio o estado, pues la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad.

El recorte presupuestal para Veracruz es un tema mayor; de las 13 alertas de género que operan en el país, dos corresponden a la entidad. La primera se declaró el 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa; la segunda fue el 13 de diciembre de 2017 por agravio comparado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Hoy no hay recursos para este fin.

Incluso, en diciembre del año pasado, por unanimidad mis compañeros diputados aprobaron mi propuesta para fortalecer los procedimientos, mecanismos e instrumentos en materia de Alerta de Violencia de Género, a fin de que todos los actores involucrados se coordinaran de forma más adecuada y para que la población pudiera enterarse, a la brevedad, de su emisión. Con el recorte son dos pasos atrás en esta lucha. Sin embargo, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) no seremos omisos ante la violencia que azota todos los días a niñas y mujeres.

Por eso, hace unos días presenté, junto con mis compañeras diputadas priistas, Lourdes Érika Sánchez Martínez y Margarita Flores Sánchez, un punto de acuerdo a través del cual se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Gobernación (Segob), a observar en todo momento lo establecido en el párrafo tercero de la fracción III del artículo 58, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, principalmente en lo que hace a las modificaciones presupuestales realizadas a la partida 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios”, que elimina el presupuesto de las Alertas de Violencia de Género en los siete estados antes mencionados.

Pero insisto: no son solo cifras, no son solo recursos. Son vidas las que el gobierno federal morenista pone en riesgo con su afilada e incesante tijera sobre el presupuesto. Nuestra agenda es con y para las mujeres. Nuestro compromiso es con el presente y el futuro de las niñas y mujeres de Veracruz y de México.

Diputada federal del PRI

@AniluIngram

El pasado mes de mayo, conforme a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Veracruz se perpetraron seis feminicidios; 35 en los primeros cinco meses del año. El acumulado nacional arroja 375 mujeres asesinadas por razones de género, por lo que casi el 10% de estos delitos ha ocurrido en nuestro estado.

No son solo cifras. Hace unos días, Reyna, una pequeña naolinqueña que apenas iniciaría su vida, fue asesinada. Para el gobierno se convirtió en una estadística más que reportarán la próxima semana; para su familia y seres queridos es una pérdida irreparable, una herida que nunca, nunca cerrará.

Como ella hay miles de veracruzanas, de mexicanas, cuya vida todos los días pende de un hilo. Para el actual gobierno federal es una pérdida de dinero, por eso lejos de intentar solucionar el problema, para ellos ese recurso es más valioso para construir un Tren Maya, para obras de relumbrón que abonen al capital electoral.

La muestra más clara es que el pasado 3 de julio, a pesar de esta situación, la Secretaría de Gobernación (Segob) quitó al Estado de México, Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Jalisco y Puebla todo el subsidio federal que ya les había asignado en marzo pasado para la Alerta de Violencia de Género (AVG), con lo que estas entidades se quedarán sin recursos para operarlas.

Dichas alertas son un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un municipio o estado, pues la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad.

El recorte presupuestal para Veracruz es un tema mayor; de las 13 alertas de género que operan en el país, dos corresponden a la entidad. La primera se declaró el 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa; la segunda fue el 13 de diciembre de 2017 por agravio comparado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Hoy no hay recursos para este fin.

Incluso, en diciembre del año pasado, por unanimidad mis compañeros diputados aprobaron mi propuesta para fortalecer los procedimientos, mecanismos e instrumentos en materia de Alerta de Violencia de Género, a fin de que todos los actores involucrados se coordinaran de forma más adecuada y para que la población pudiera enterarse, a la brevedad, de su emisión. Con el recorte son dos pasos atrás en esta lucha. Sin embargo, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) no seremos omisos ante la violencia que azota todos los días a niñas y mujeres.

Por eso, hace unos días presenté, junto con mis compañeras diputadas priistas, Lourdes Érika Sánchez Martínez y Margarita Flores Sánchez, un punto de acuerdo a través del cual se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Gobernación (Segob), a observar en todo momento lo establecido en el párrafo tercero de la fracción III del artículo 58, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, principalmente en lo que hace a las modificaciones presupuestales realizadas a la partida 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios”, que elimina el presupuesto de las Alertas de Violencia de Género en los siete estados antes mencionados.

Pero insisto: no son solo cifras, no son solo recursos. Son vidas las que el gobierno federal morenista pone en riesgo con su afilada e incesante tijera sobre el presupuesto. Nuestra agenda es con y para las mujeres. Nuestro compromiso es con el presente y el futuro de las niñas y mujeres de Veracruz y de México.

Diputada federal del PRI

@AniluIngram