Después de doce años de exigir justicia, el viernes 21 de diciembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)...
Declaró la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones cometidas contra 11 mujeres en 2006 en Atenco, Estado de México durante un operativo policiaco en el que estuvo implicado el exgobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien en ese entonces se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública federal.
El máximo órgano judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos encontró que las mujeres fueron víctimas de detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual y falta de acceso a la justicia. “El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas”, sentenció la CoIDH, la cual reprochó la ausencia de regulación adecuada, la falta de capacitación de los agentes, de supervisión y de monitoreo ineficiente del operativo en el que participaron mil 815 policías estatales y 628 federales entre el 3 y 4 de mayo de 2006.
En la sentencia, que fue adoptada el 28 de noviembre pero notificada el 21 de diciembre del año antepasado, la CoIDH hacía referencia al papel de diversas autoridades, entre ellas el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien autorizó utilizar la fuerza pública estatal y federal.
Hace 14 años, feministas integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad y Salud Integral para la Mujer (SIPAM) señalaron a Yunes como “responsable directo de los hechos y de los actos criminales de la corporación a su cargo”. Lo acusaron de poner en tela de juicio la veracidad de las declaraciones de las mujeres violadas por los elementos a su mando, validando el proceder de los policías.
Ante los actos brutales, el abuso y la criminalidad de los policías en este operativo, las organizaciones civiles exhortaron al entonces funcionario federal veracruzano a renunciar y a ponerse a disposición de las autoridades correspondientes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció como víctimas a 11 mujeres, de las cuales Italia Méndez Moreno y Norma Aidé Jiménez Osorio dieron una conferencia de prensa anteayer acompañadas por abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), en la que informaron que el 8 de julio pasado promovieron un amparo contra la Fiscalía del Estado de México para exigir que la investigación sea unificada en la Fiscalía General de la República (FGR), pues denunciaron que la Fiscalía mexiquense se ha negado a dar la competencia del caso a la justicia federal, con lo que está obstaculizando el cumplimiento de la sentencia contra el Estado mexicano de la CoIDH.
Ambas sobrevivientes de la tortura sexual afirmaron que no están dispuestas a ceder ni un milímetro de la aplicación y cumplimiento dela sentencia de la Corte Interamericana. ¿Llegarán hasta Peña Nieto y Yunes Linares?
