La reforma eléctrica impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador frena el proceso de transición energética que inició el país hace años y amenaza con incumplir los compromisos en reducción de gases de efecto invernadero, coincidieron especialistas.

“Cuando se lee la reforma, realmente se frena la transición energética en los términos en los que está planteada actualmente, y sin sustituirla por una propuesta de transición viable, creíble y justa”, comentó Nora Cabrera, cofundadora y actual directora de la organización Nuestro Futuro, durante su participación en la tercera sesión del Consejo de Crisis Climática de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

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La especialista subrayó que actualmente existe un proceso de transición energética en México, el cual está respaldado por un plan y herramientas específicas plasmadas en la Constitución, las cuales serán rotas de aprobarse la reforma del Ejecutivo federal.

México, recordó, tiene el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 22 por ciento hacia el año 2030, y de esa meta casi una tercera parte le corresponde al sector eléctrico.

La generación de electricidad contribuye con una cuarta parte de la emisión de dióxido de carbono al ambiente, de ahí la relevancia de la transición a las energías limpias.

La especialista apuntó que en el caso de que la reforma promoviera nuevos mecanismos de transición energética, estos cambios empiezan a notarse entre 15 y 20 años después, por lo que el país incumpliría con sus compromisos climáticos par 2030.

Apuntó que la transición energética en el sector eléctrico a nivel mundial se ha ejecutado a través de pilares que actualmente se reconocen en la Constitución, como los despachos de certificados de energías limpias y las subastas eléctricas a mediano y largo plazo.

“Cuando ves ahora la iniciativa, estas herramientas no se sustituyen por algo más. Lo que hace es mandarle toda la responsabilidad a una sola empresa sin mandatos o incentivos constitucionalmente reconocidos para que tenga un plan de transición y eso es lo que es muy delicado”, apuntó.

La iniciativa de reforma enviada por el presidente López Obrador al Congreso en octubre prevé dar el control del sistema eléctrico nacional a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De aprobarse este cambio legal, por mandato 54 por ciento de la electricidad que se consume en el país deberá provenir de plantas de la empresa productiva del Estado, además de que se cancelarán contratos vigentes con empresas privadas de compras de electricidad por hasta 25 años a un precio fijo, y se eliminarán los permisos para sociedades de autoconsumo entre empresas.

Datos del Departamento de Energía de Estados Unidos advierten que, si la reforma eléctrica se aprueba en los términos enviados por el gobierno mexicano, la cantidad de emisiones de dióxido de carbono del sector eléctrico en el país podría aumentar hasta 65 por ciento.

Una de las principales apuestas del Gobierno federal en materia de energías limpias con esta reforma es la de aumentar la producción de las plantas hidroeléctricas, sin embargo, Cabrera cuestionó que la transición en el país se base en el uso del agua, un recurso que conforme siga aumentando la temperatura del planeta será más preciado y escaso.

“No se trata de defender la reforma de 2013, hay que defender que exista un plan de transición energética, eso es lo que me parece muy importante y lo que debe estar en el centro de la discusión porque si no, no vamos a lograr ni siquiera la meta de reducir emisiones en 22 por ciento”, apuntó la especialista.

Para Sandra Guzmán, consejera permanente de la OEM, todo lo que se está viviendo en el sector energético está llevando al país a contracorriente de las políticas climáticas.

La especialista en financiamiento climático recordó que uno de los argumentos de López Obrador para promover la reforma es que con la apertura del sector se permitió a las empresas privadas saquear al país.

Sin embargo, opinó que este punto es de los más cuestionables ya que las empresas privadas han invertido en el cambio hacia las energías limpias cuando el gobierno no lo ha hecho.

Apuntó que en 2016, 34 por ciento del presupuesto federal al sector energético se destinó a la transición energética, mientras que hoy en día nueve de cada 10 pesos destinados al sector se destinan a la producción de combustibles fósiles.

“Es verdad que hay ejemplos en donde el sector privado no ha sido el más eficiente o el más efectivo en sus intervenciones, pero no podemos generalizar que todo ha sido malo… La gran pregunta es si no lo vas a hacer tú (gobierno), ¿quién lo va a hacer? Deja que lo haga quienes pueden hacerlo y si no te gusta la manera en que el sector privado lo está haciendo, regula”, consideró.

AMENAZA A DOS BOCAS

Durante la sesión del Consejo de Crisis Climática de la OEM, Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía, señaló que entre los riesgos de no atenderse con urgencia la transición a las energías limpias es que el calentamiento global deje bajo el agua a la refinería de Dos Bocas, uno de los mayores proyectos del gobierno de la 4T.

“Si la temperatura aumenta cuatro grados hablamos de una situación que ya sería catastrófica. Tabasco sería uno de los estados más afectos y de hecho Dos Bocas quedaría bajo el agua”, comentó el especialista.

El especialista añadió que la propuesta de energías limpias del Gobierno federal resulta insuficiente para que el país alcance sus compromisos en materia climática.

Señaló que la administración federal planea generar mil megawatts con la construcción de un parque fotovoltaico en Puerto Peñasco, Sonora, 259 megawatts más con las hidroeléctricas y otros 50 con las plantas geotérmicas.

“Hablamos de unos mil 300 megawatts nuevos generados con energía limpia cuando el país requiere de 14 mil para cumplir con la ley y compromisos ambientales”, sostuvo.

Ramírez añadió que el costo de la energía generada por la CFE es el más caro, esto con base en datos de la propia empresa que gasta mil 628 pesos por cada megawatt hora generado, cuando los productores independientes lo hacen a un costo de mil 12 pesos.

El especialista acusó además al gobierno de frenar cualquier tipo de inversión en el sector, ya que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene parados más de 80 permisos de privados.