Orizaba, Ver.- Este domingo se reunieron ex trabajadores de la fábrica textil de Cocolapan para dar a conocer la supuesta mala repartición que la comisión liquidadora hizo de más de 10 millones de pesos, obtenidos por la venta del campo deportivo, además de temer por el remate de las instalaciones de su sindicato ubicado sobre Sur 6, frente a la clínica número 7 del IMSS.
En entrevista, los ex obreros textiles empezaron por manifestar su inconformidad por la venta del campo deportivo en un precio muy bajo, y de lo cual, al parecer no se les tomó consulta.
“Somos muchos inconformes contra la Comisión Liquidadora por el pago tan bajo que hicieron a extrabajadores. Empezaron a distribuir el dinero a como ellos quisieron y no a como se acordó en una asamblea, tenía que ser un solo pago pero debido a un ‘factor’ del cual no saben explicar su origen, no fue así”, señalan los declarantes.
Y es que a decir de ellos, mientras hubo personas que recibieron hasta 60 mil pesos, otros sólo alcanzaron 2 mil pesos, lo cual consideran no fue justo ya que de acuerdo al padrón de 518 obreros, sí hubieran liquidado conforme a lo acordado cada trabajador hubiera recibido un pago de 23 mil pesos, pero en esta ocasión no fue así e incluso a las viudas no se les ha pagado.
Además señalan que un abogado, al parecer de la Comisión Liquidadora, la cual por cierto dejó de estar en funciones por terminar su periodo administrativo el 26 de junio de 2020, pidió un porcentaje al beneficiado para darle su cheque y quien no aceptó no recibió el pago.
Los entrevistados dejaron en claro que mientras algunos de sus compañeros no recibieron pago alguno, el litigante supuestamente se llevó una ganancia de 700 mil pesos y al parecer a la Comisión Liquidadora presuntamente le habrían dado un pago “bajo el agua” y por ello le piden comparezca y aclare.
Señalaron haber interpuesto una denuncia de hechos que podrían ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Regional, en donde la fiscal Elizabeth inició expediente, pero supuestamente no le ha dado seguimiento y lo mantiene archivado sin llamar a declarar a la Comisión Liquidadora para explicar sus acciones.
Sismos, una sacudida al pasado
Por otro lado dieron a conocer su temor ante el posible remate de su sindicato a un servidor público de alto rango en la ciudad, quien desde 2014 ofrece un pago de tres millones y medio de pesos por el inmueble ubicado junto a su casa.
“Él sabe que el edificio cuesta más de lo que ofrece, tan sólo el inmueble de un lado cuesta más de 6 millones de pesos, y es de menor dimensión que el de nosotros”, refirieron los declarantes.
Según ellos, su temor se fundamenta en que la Comisión Liquidadora se confabuló con “gente poderosa” para meter al edificio a una persona de la base trabajadora y tomar posesión del sindicato y luego vendérselo al formar con otros trabajadores otra Comisión Liquidadora.
Por ello, quieren evitar la venta del inmueble ya que para recuperarlo tendrían que iniciar un proceso judicial lo cual les representaría más gastos.