Ciudad Mendoza, Ver.- Yetlanezi Atenco Sánchez, presidente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ) pidió al titular de la oficina operadora de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV), respete el acuerdo que se firmó desde hace 8 años con autoridades de esa dependencia y que otorga un descuento a quienes habitan en zonas marginadas, en el pago por el servicio de agua.
Mediante un documento, explicó que quienes se benefician con dicho descuento son habitantes de colonias marginadas tanto de este municipio como de Nogales, entre ellas, El Mirador, Los fresnos y Liberación.
Este acuerdo, subrayó, ha garantizado el cumplimiento de las obligaciones de indígenas nahuas, migrantes, artesanos y carpinteros que perciben ingresos mínimos, sin que se afecte gravemente su sustento familiar y garantiza un ingreso seguro para la oficina operadora.
Declaró que dicho acuerdo se respetó hasta que se cambió intempestivamente al titular de la oficina de Ciudad Mendoza, “lo que nos obligó a gestionar nuevamente el padrón donde reunimos a los compañeros beneficiados” por el mismo y ha pasado un mes sin que se dé una respuesta afirmativa a su solicitud.
Durante ese tiempo a pesar de que los han citado, los han hecho esperar, además de resentir cierto desdén por las organizaciones de la sociedad civil y de una u otra forma también de parte de quienes toman decisiones.
“No pedimos no pagar, pedimos pagar lo justo; pedimos que se nos garantice el derecho humano al agua incluido en el Artículo Cuarto de la Constitución Política Mexicana, como derecho humano esencial. Pedimos respeto a las organizaciones como espacio de encuentro, decisión y diálogo de la sociedad, para actuar en su entorno y transformarlo”, afirmó.
Indicó que no se puede hablar de un Estado responsable, cuando su prioridad de gasto no está en cumplimiento a sus obligaciones. “El principal argumento para rechazar nuestra solicitud ha sido la baja recaudación de la oficina operadora y el alto costo de distribución”, acotó.
Enfatizó que el estado debe priorizar sus gastos para garantizar los derechos humanos por encima de cualquier, otro sin embargo, de 2016 a 2017 el presupuesto federal de ese rubro se redujo en un 37 por ciento, sin que sufra mayores cambios a la fecha.
Por ello exigió al gobierno estatal y federal dedicar más recursos a la producción y distribución de agua, de manera que no sea vista la oficina operadora como una instancia recaudatoria más, sino como una entidad esencial que garantice sus derechos.
