/ martes 15 de octubre de 2019

Comisión Estatal de Búsqueda sin proyectos para localizar desaparecidos

La Comisión Nacional de Búsqueda reportó que a la fecha no ha recibido solicitud ni proyecto de la Comisión Estatal para acceder a recursos que permitan realizar acciones de búsqueda de personas

En medio de un contexto de prioridad nacional para el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y a 10 meses de la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz, la Comisión Estatal de Búsqueda no contempla proyectos para la búsqueda y localización de personas desaparecidas en uno de los principales estados con mayor número de fosas clandestinas en el país.

De acuerdo con el informe recibido el pasado 1 de octubre por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que preside Karla Quintana Osuna, mediante la solicitud 0401600007819 realizada por este medio, se reportó que a la fecha “no ha recibido solicitud ni proyecto de la Comisión Local Búsqueda del Estado” para acceder a recursos que permitan realizar acciones de búsqueda de personas.

En el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Segob ―a cargo de Olga Sánchez Cordero― publicó el pasado 27 de marzo los Lineamientos para el otorgamiento de Subsidios a las Entidades Federativas a través de las Comisiones Locales de Búsqueda, con un presupuesto total de 207 millones 576 mil 512 pesos.

Las entidades federativas a las que se les ha otorgado el subsidio federal son Coahuila (con una asignación de 97 millones 700 mil pesos), el Estado de México (1 millón 750 mil pesos), Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, con un subsidio federal de 7 millones 700 mil pesos, cada uno.

Durante la primera ministración, la CNB entregó un total de 137 millones 950 mil pesos a las ocho entidades federativas, con excepción de Coahuila, que a una primera ministración se sumó la ministración única de 90 millones de pesos, monto que deriva del acuerdo que modifica los lineamientos, publicado el 15 de agosto de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.

De esta manera, en el estado de Coahuila —gobernado por el priista Miguel Ángel Riquelme Solís— se conformarán los componentes de la Comisión de Búsqueda que permita la implementación de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, además de la construcción y equipamiento del Centro Regional de Identificación Humana, en el municipio de Saltillo.

En el Estado de México, a cargo del también priista Alfredo del Mazo Maza, trabajarán para el fortalecimiento institucional para la búsqueda de personas, prevención e investigación del delito de desaparición.

Fotografía: Ilustrativas

Mientras que en Nayarit, donde gobierna el panista Antonio Echevarría García, realizarán acciones de búsqueda de personas en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En Nuevo León, bajo la administración de Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, los recursos serán destinados para el equipamiento y fortalecimiento integral de la Comisión Local de Búsqueda de Personas.

En San Luis Potosí y Zacatecas, gobernados por los priistas Juan Manuel Carreras y Alejandro Tello Cristerna, respectivamente, así como Tamaulipas, a cargo del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, proyectan destinar los subsidios federales para la implementación de acciones de búsqueda de personas no localizadas, consolidar y fortalecer a su Comisión Local de Búsqueda y la búsqueda de personas desaparecidas.

LAS RESPONSABILIDADES

Dentro de las diversas atribuciones señaladas en el Artículo 33 de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz, la Comisión Estatal de Búsqueda es la encargada de “determinar y, en su caso, ejecutar las acciones de búsqueda que corresponda con el protocolo aplicable y de manera coordinada con la Comisión Nacional de Búsqueda realizar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda”.

Sin embargo, esta Comisión estatal, adscrita a la Secretaría de Gobierno, ha destacado por su lentitud para implementar la ejecución de estrategias y acciones contempladas en el plan de trabajo previsto para seis meses, a partir de marzo, fecha en que se nombró a Brenda Cerón Chagoya como encargada de despacho de un organismo que mantiene la necesidad de dotar de estabilidad, organización interna y además asegurar los recursos estatales y federales para su correcto funcionamiento.

LA BÚSQUEDA

Como primer paso por parte del gobierno federal para atender la búsqueda de personas desaparecidas en México, se presentó —el 30 de agosto— un informe del estado que guarda las actividades y los trabajos que realiza la CNB en cuanto a la búsqueda, la identificación de personas con vida, el tema vinculado con los hallazgos en fosas clandestinas y los trabajos de identificación forense.

Con ello se dio a conocer que desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 14 de agosto de 2019 se habían contabilizado un total de 522 fosas clandestinas, destacando en los primeros lugares los estados de Colima, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Sonora y Chihuahua.

También mediante la solicitud de información con número de folio 0401600007019, la Comisión Nacional de Búsqueda explicó que los datos proporcionados se están procesando e integrando de manera constante, por lo que no hay un documento final en razón de que varían conforme se van identificando fosas, restos y personas desaparecidas.

Asimismo, detalló que los registros se reconstruyen a partir de la poca información que se tiene al día de hoy y de la coordinación con las diversas fuentes de información, la misma Comisión Nacional de Búsqueda, las Fiscalías de los Estados, la Universidad Iberoamericana y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Foto: Eduardo Murillo

OTROS DATOS

Sumado a que no existe una base de datos que permita saber cuántas personas desaparecidas hay en Veracruz, su búsqueda encuentra dificultades en el proceso de identificación de cuerpos y restos que siguen sin ser entregados a sus familiares.

Durante el periodo 2010 hasta agosto de 2019, seis fiscalías regionales (zona centro Veracruz, centro Cosamaloapan, centro Córdoba, zona sur Coatzacoalcos, zona norte Tantoyuca y Tuxpan), la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, pertenecientes a la Fiscalía General del Estado (FGE), registraron aproximadamente 189 cuerpos localizados en fosas clandestinas de la entidad, de los cuales 92 fueron entregados a sus familiares.

También, en este periodo, registraron 47 cráneos, 736 restos humanos, en fosas clandestinas ubicadas en la entidad veracruzana, además de cuerpos desmembrados y restos humanos en su mayoría calcinados, algunos sin especificar el lugar donde fueron localizados.

Lo anterior se revela en la información publicada en el sistema Infomex Veracruz, con folio 03570119, realizada por un particular, con fecha de entrega el pasado 3 de septiembre.

En la revisión de datos se puede observar que la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba no detalla la localización de fosas clandestinas, en la que aún existen restos y cuerpos no identificados desde los años 2016 y 2017.

Por parte de la Fiscalía Regional zona sur Coatzacoalcos, se informó que desde 2014 existen cuerpos que no se han sido reconocidos; también que hay restos humanos encontrados entre 2016 y 2019 que se mantienen en investigación ministerial o en la Dirección General de Servicios Periciales en Xalapa.

Cabe precisar que los datos mencionados corresponden a los cuerpos y restos encontrados en fosas clandestinas; paralelamente, la FGE reportó que en el periodo 2018 hasta el 14 agosto de 2019, se habían procesado un total de 3 mil 127 cuerpos sin vida y 2 mil 898 fueron entregados a sus familiares, y había 55 cuerpos inhumados en fosas comunes que no fueron identificados.

Foto: Eduardo Murillo

LA PROBLEMÁTICA

De acuerdo con Christel Rosales, investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa, la falta de personal suficiente en servicios periciales y forenses, así como la falta de prácticas homologadas para los procesos de exhumación, resguardo e identificación en las distintas fiscalías, provoca que prevalezcan situaciones que obstruyen el acceso a la justicia y a la verdad, tales como la pérdida de información para la identificación o el tratamiento inadecuado de los cuerpos.

En su análisis titulado “Necesitamos peritos a la altura de la crisis de justicia”, subraya la importancia de atender el fenómeno de la desaparición de personas y enfrentar el procesamiento de hallazgos en fosas clandestinas, no sólo en la implementación del fortalecimiento de las instancias locales, también en el compromiso de las fiscalías locales para subsanar las deficiencias y desarrollar políticas para mejorar su operación.

Asimismo, refiere que a la fecha no existen bases de datos confiables sobre información genética que logren efectivamente asociar datos de familiares con información de los cuerpos o restos humanos.

Lo anterior involucra tanto la existencia de plataformas tecnológicas y bases de datos, como la operación homologada para la recolección de datos antemortem y postmortem.

Y apunta, “mientras no se cuente con ellos, las labores de identificación forense se verán imposibilitadas”.

Hasta el momento, en Veracruz, como en el país, son los familiares de las personas desaparecidas que en medio de la incertidumbre recorren lugares con la esperanza de encontrar a sus seres queridos y darles un regreso de una manera digna.

En medio de un contexto de prioridad nacional para el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y a 10 meses de la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz, la Comisión Estatal de Búsqueda no contempla proyectos para la búsqueda y localización de personas desaparecidas en uno de los principales estados con mayor número de fosas clandestinas en el país.

De acuerdo con el informe recibido el pasado 1 de octubre por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que preside Karla Quintana Osuna, mediante la solicitud 0401600007819 realizada por este medio, se reportó que a la fecha “no ha recibido solicitud ni proyecto de la Comisión Local Búsqueda del Estado” para acceder a recursos que permitan realizar acciones de búsqueda de personas.

En el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Segob ―a cargo de Olga Sánchez Cordero― publicó el pasado 27 de marzo los Lineamientos para el otorgamiento de Subsidios a las Entidades Federativas a través de las Comisiones Locales de Búsqueda, con un presupuesto total de 207 millones 576 mil 512 pesos.

Las entidades federativas a las que se les ha otorgado el subsidio federal son Coahuila (con una asignación de 97 millones 700 mil pesos), el Estado de México (1 millón 750 mil pesos), Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, con un subsidio federal de 7 millones 700 mil pesos, cada uno.

Durante la primera ministración, la CNB entregó un total de 137 millones 950 mil pesos a las ocho entidades federativas, con excepción de Coahuila, que a una primera ministración se sumó la ministración única de 90 millones de pesos, monto que deriva del acuerdo que modifica los lineamientos, publicado el 15 de agosto de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.

De esta manera, en el estado de Coahuila —gobernado por el priista Miguel Ángel Riquelme Solís— se conformarán los componentes de la Comisión de Búsqueda que permita la implementación de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, además de la construcción y equipamiento del Centro Regional de Identificación Humana, en el municipio de Saltillo.

En el Estado de México, a cargo del también priista Alfredo del Mazo Maza, trabajarán para el fortalecimiento institucional para la búsqueda de personas, prevención e investigación del delito de desaparición.

Fotografía: Ilustrativas

Mientras que en Nayarit, donde gobierna el panista Antonio Echevarría García, realizarán acciones de búsqueda de personas en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En Nuevo León, bajo la administración de Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, los recursos serán destinados para el equipamiento y fortalecimiento integral de la Comisión Local de Búsqueda de Personas.

En San Luis Potosí y Zacatecas, gobernados por los priistas Juan Manuel Carreras y Alejandro Tello Cristerna, respectivamente, así como Tamaulipas, a cargo del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, proyectan destinar los subsidios federales para la implementación de acciones de búsqueda de personas no localizadas, consolidar y fortalecer a su Comisión Local de Búsqueda y la búsqueda de personas desaparecidas.

LAS RESPONSABILIDADES

Dentro de las diversas atribuciones señaladas en el Artículo 33 de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz, la Comisión Estatal de Búsqueda es la encargada de “determinar y, en su caso, ejecutar las acciones de búsqueda que corresponda con el protocolo aplicable y de manera coordinada con la Comisión Nacional de Búsqueda realizar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda”.

Sin embargo, esta Comisión estatal, adscrita a la Secretaría de Gobierno, ha destacado por su lentitud para implementar la ejecución de estrategias y acciones contempladas en el plan de trabajo previsto para seis meses, a partir de marzo, fecha en que se nombró a Brenda Cerón Chagoya como encargada de despacho de un organismo que mantiene la necesidad de dotar de estabilidad, organización interna y además asegurar los recursos estatales y federales para su correcto funcionamiento.

LA BÚSQUEDA

Como primer paso por parte del gobierno federal para atender la búsqueda de personas desaparecidas en México, se presentó —el 30 de agosto— un informe del estado que guarda las actividades y los trabajos que realiza la CNB en cuanto a la búsqueda, la identificación de personas con vida, el tema vinculado con los hallazgos en fosas clandestinas y los trabajos de identificación forense.

Con ello se dio a conocer que desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 14 de agosto de 2019 se habían contabilizado un total de 522 fosas clandestinas, destacando en los primeros lugares los estados de Colima, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Sonora y Chihuahua.

También mediante la solicitud de información con número de folio 0401600007019, la Comisión Nacional de Búsqueda explicó que los datos proporcionados se están procesando e integrando de manera constante, por lo que no hay un documento final en razón de que varían conforme se van identificando fosas, restos y personas desaparecidas.

Asimismo, detalló que los registros se reconstruyen a partir de la poca información que se tiene al día de hoy y de la coordinación con las diversas fuentes de información, la misma Comisión Nacional de Búsqueda, las Fiscalías de los Estados, la Universidad Iberoamericana y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Foto: Eduardo Murillo

OTROS DATOS

Sumado a que no existe una base de datos que permita saber cuántas personas desaparecidas hay en Veracruz, su búsqueda encuentra dificultades en el proceso de identificación de cuerpos y restos que siguen sin ser entregados a sus familiares.

Durante el periodo 2010 hasta agosto de 2019, seis fiscalías regionales (zona centro Veracruz, centro Cosamaloapan, centro Córdoba, zona sur Coatzacoalcos, zona norte Tantoyuca y Tuxpan), la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, pertenecientes a la Fiscalía General del Estado (FGE), registraron aproximadamente 189 cuerpos localizados en fosas clandestinas de la entidad, de los cuales 92 fueron entregados a sus familiares.

También, en este periodo, registraron 47 cráneos, 736 restos humanos, en fosas clandestinas ubicadas en la entidad veracruzana, además de cuerpos desmembrados y restos humanos en su mayoría calcinados, algunos sin especificar el lugar donde fueron localizados.

Lo anterior se revela en la información publicada en el sistema Infomex Veracruz, con folio 03570119, realizada por un particular, con fecha de entrega el pasado 3 de septiembre.

En la revisión de datos se puede observar que la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba no detalla la localización de fosas clandestinas, en la que aún existen restos y cuerpos no identificados desde los años 2016 y 2017.

Por parte de la Fiscalía Regional zona sur Coatzacoalcos, se informó que desde 2014 existen cuerpos que no se han sido reconocidos; también que hay restos humanos encontrados entre 2016 y 2019 que se mantienen en investigación ministerial o en la Dirección General de Servicios Periciales en Xalapa.

Cabe precisar que los datos mencionados corresponden a los cuerpos y restos encontrados en fosas clandestinas; paralelamente, la FGE reportó que en el periodo 2018 hasta el 14 agosto de 2019, se habían procesado un total de 3 mil 127 cuerpos sin vida y 2 mil 898 fueron entregados a sus familiares, y había 55 cuerpos inhumados en fosas comunes que no fueron identificados.

Foto: Eduardo Murillo

LA PROBLEMÁTICA

De acuerdo con Christel Rosales, investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa, la falta de personal suficiente en servicios periciales y forenses, así como la falta de prácticas homologadas para los procesos de exhumación, resguardo e identificación en las distintas fiscalías, provoca que prevalezcan situaciones que obstruyen el acceso a la justicia y a la verdad, tales como la pérdida de información para la identificación o el tratamiento inadecuado de los cuerpos.

En su análisis titulado “Necesitamos peritos a la altura de la crisis de justicia”, subraya la importancia de atender el fenómeno de la desaparición de personas y enfrentar el procesamiento de hallazgos en fosas clandestinas, no sólo en la implementación del fortalecimiento de las instancias locales, también en el compromiso de las fiscalías locales para subsanar las deficiencias y desarrollar políticas para mejorar su operación.

Asimismo, refiere que a la fecha no existen bases de datos confiables sobre información genética que logren efectivamente asociar datos de familiares con información de los cuerpos o restos humanos.

Lo anterior involucra tanto la existencia de plataformas tecnológicas y bases de datos, como la operación homologada para la recolección de datos antemortem y postmortem.

Y apunta, “mientras no se cuente con ellos, las labores de identificación forense se verán imposibilitadas”.

Hasta el momento, en Veracruz, como en el país, son los familiares de las personas desaparecidas que en medio de la incertidumbre recorren lugares con la esperanza de encontrar a sus seres queridos y darles un regreso de una manera digna.

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