Orizaba, Ver.- Pobladores de la comunidad de Loma Grande perteneciente al municipio de Mariano Escobedo, que fueron reprimidos por la Policía el 23 de mayo pasado cuando hacían una manifestación afuera de la Unidad Regional de Justicia en esta ciudad y exigían la liberación del juez de sangre de su localidad, exigen la reparación de daños y que se investigue a los elementos policiales que participaron en la represión, donde señalan, hubo exceso de fuerza.
Marco Antonio Medel de la Cruz, abogado de los afectados señaló que solicitan al Senado de la República la aprobación del punto de acuerdo presentado por el senador Emilio Álvarez de Icaza el 17 de junio, pues a raíz de lo sucedido no han obtenido respuesta alguna por parte de las autoridades del estado.
Señaló también que se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero tampoco hay respuesta; lo mismo que a los oficios dirigidos al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
“No se ha presentado una denuncia en las instalaciones de la Fiscalía por el temor que se tiene, toda vez que fue el mismo lugar donde fueron reprimidos. Alzamos la voz a efecto de que el Senado de la República a través de la comisión correspondiente de Derechos Humanos, a la cual ya fue dictaminado el punto de acuerdo, realice su determinación sobre el dictamen y se forme una comisión especial para investigar los hechos ocurridos”, dijo.
De igual manera, exhortó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que atraiga este caso toda vez que en la estatal está parada la queja.
Señaló que, aunque existe la posibilidad de poner la denuncia ante la CEDH directamente, analizan la forma de hacerla, ya que las agraviadas son entre 400 y 500 personas y sería muy complicada su comparecencia y ratificación de la denuncia.
Concluyó al señalar que además de la reparación del daño buscan que se investigue a los elementos de las Policías municipales que participaron, como la de Rafael Delgado, Orizaba, Río Blanco y principalmente a la Policía Estatal, pues consideraron que olvidaron todo protocolo de actuación e hicieron uso excesivo de la fuerza pública pues en ningún momento recurrieron a la persuasión y realizaron solo la detención de personas, a quienes dijo, violentaron sus derechos.