La representante del Barzón de Resistencia Civil, Teresa Carbajal Vázquez, señaló que el veto presidencial a las leyes generales de Títulos y Operaciones de Crédito, de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y de la Ley de Protección de Defensa al Usuario de Servicios Financieros aplicaría sólo en caso de que en el Senado de la República se aprueben las modificaciones hechas a dichas normas desde la Cámara de Diputados.
Refirió que más que un veto, lo que se requiere es regular la autorización y aplicación de créditos vía nómina, los cuales dañan considerablemente las finanzas de las familias veracruzanas. “Más que el veto, lo que nos interesa es que estos créditos que llevan más de 20 años ejecutándose en el estado y han sido un negocio predatorio de las financieras, pueda ser regulado”, dijo.
Consideró indispensable que los legisladores se interesen en realizar una modificación real a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el apartado de nómina, “que se pueda revocar en función de las necesidades del trabajador sin que ello signifique que tenga que dejar de pagarlo, sino que haga sus pagos hasta cumplir con su obligación”.
“Esto les ha causado problemas a los trabajadores del Estado porque ante la irrevocabilidad, que es un grillete que las financieras han puesto a los trabajadores, ha permitido abusos o atropellos, hacen aumentos de crédito para que puedan seguirse endeudando en una cadena perpetua en donde llegan a pagar hasta 300 o 400 por ciento de la cantidad que se les prestó”, expuso.
Destacó la importancia de regular los créditos que sean otorgados bajo este rubro y que se permita la libre competencia, “no se trata nada más de vetar, de rechazar, se debe analizar el tema a fondo y tener una ley que proteja a todos los usuarios”.
“El derecho de veto no nos va a resolver el problema porque vamos a seguir en manos de agiotistas que, hasta el día de hoy, siguen descontando a los trabajadores y pensionados cantidades que son una afrenta a las familias”, expresó.
Afirmó que actualmente se vive una de las peores crisis que ha tenido el país, por lo cual los trabajadores deben recurrir a un crédito para cubrir los gastos al final de cada quincena o pagar las necesidades básicas.
“Sostenemos que la crisis que vivimos a consecuencia de la pandemia del Covid, de la incapacidad del gobierno para protegernos y las fuentes de trabajo y garantizar ingresos nos tiene sumidos en crisis en la que necesariamente tenemos que recurrir a los créditos para completar la quincena, para cubrir las necesidades básicas que tenemos como clase trabajadora”, expuso.
Recordó que con las modificaciones a la ley que fueron aprobadas el pasado jueves en la Cámara de Diputados se busca convertir a los patrones en cobradores gratuitos de las instituciones de crédito y todas las empresas que durante años han hecho "negocio redondo" con el salario de los trabajadores.
Te puede interesar: Colegio de Contadores alerta a veracruzanos para no endeudarse
"La fracción parlamentaria de Morena ha señalado que se busca concederle al trabajador mejores condiciones para que pueda recibir un crédito y con ello un blindaje con el que se impedirá que las instituciones de este tipo realicen abusos, pero es mentira, es falso que se esté acabando con los vicios", manifestó.
Además, dijo, que se habla de una irrevocabilidad del mandato del cobro o descuento del patrón para poder entregar un porcentaje de su salario mientras subsista un pasivo o deuda en relación a un crédito que haya solicitado. “Es una orden de pago irrevocable, es una cobranza perpetua al salario, es regresiva, es un atentado al derecho que tenemos como personas que es la libertad, nadie puede permanecer atado de por vida a algo que ya no quiere estar sujeto, es un ultraje a la Constitución, donde se establece que el salario no puede ser embargado”, dijo.
Mencionó que, aunque se planeaba que el descuento fuera de 45 por ciento, tras una reserva se aprobó que se aplicara el 40 por ciento, "esto no nos hace ningún favor, ya hay un criterio de la Suprema Corte en el que se establece que el máximo de embargo es el 30 por ciento del salario".
Agregó que el mínimo vital a un trabajador que pueda tener más de uno, dos o tres créditos de nómina se le podrá descontar, a partir de ese 40 por ciento, siempre y cuando se le deje en unidades de inversión 560 para los que ganen más de tres salarios mínimos o 150 para un salario mínimo.
“En el caso de un salario mínimo su factor de resguardo será de mil y tantos pesos y para tres salarios mínimos casi 4 mil pesos al mes, ¿quién puede vivir con esa cantidad?, necesitamos de manera urgente acciones de resguardo para la clase trabajadora”, concluyó.
El veto presidencial
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en contra de las reformas que permiten regular los créditos de nómina con cobranza delegada y adelantó que, de ser aprobadas, la reformas serían vetadas.
En conferencia de prensa desde el municipio de Minatitlán, Veracruz dijo estar en desacuerdo con las leyes generales de Títulos y Operaciones de Crédito, de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y de la Ley de Protección de Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que fueron aprobadas en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados. “No estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba de embargar el salario de los trabajadores, bajo ninguna circunstancia, el salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia”, dijo.
Por otra parte, el presidente de México celebró la aprobación de la reforma que permite que se siga difundiendo el proceso de consulta ciudadana y expuso que esto permitirá que todos puedan hablar sobre el tema. Incluso, hizo un llamado a sus opositores a llamar a la ciudadanía a votar en su contra en la consulta popular de revocación del mandato que se llevará a cabo el 10 de abril y no a estar “encobijados” en la hipocresía o continuar con la guerra sucia.
Con información de Karla Cancino | Diario de Xalapa
Nota publicada originalmente en Diario de Xalapa
