Orizaba, Ver.- Durante la cuarentena que se estableció por la emergencia sanitaria, la violencia hacia la mujer se incrementó significativamente, pero las autoridades encargadas de recibir y atender las denuncias que por esta causa buscan interponer acatan la disposición del gobierno y no laboran, con ello dejan en la indefensión a quienes buscan castigo para su agresor.
Tal es el caso de Dulce María Espíndola Berinstain, originaria de esta ciudad, quien a sus 22 años ya sufrió violencia a manos de su esposo, quien además hace más de un año le arrebató a su hijo, que en ese entonces tenía 1 año y nueve meses, aún lactaba.
Aunque interpuso la denuncia correspondiente las autoridades de la fiscalía no han hecho nada porque a causa de la pandemia cerraron los juzgados. “Mi caso está parado, mi niño hoy en día tiene 3 años, hace pocos días cumplió años y no pude estar con él”, dijo.
Señaló que ella tiene la custodia total del pequeño, pero su padre y sus abuelos lo tienen y desconoce dónde. “No sé si está enfermo, no sé si comió, no sé absolutamente nada; yo lo que pido es que por favor ya hagan algo que ya abran las instancias correspondientes, mi hijo no se puede quedar con ellos. Ya no sé qué más hacer, ya no sé a dónde más pelear por justicia”, aseveró.
Luz María Reyes Huerta, directora del Movimiento Marea Verde consideró que la falta de atención de parte del personal del juzgado y de la Fiscalía es una violación a sus derechos.
En su desesperación, la joven se acercó a Marea Verde y el Colectivo Cihuatlahtolli para evidenciar esa situación que viven no solo ella sino muchas mujeres en esta pandemia.
