La falta de respuesta de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sofía Martínez Huerta, respecto a la controversia constitucional que debía presentar para echar abajo los nombramientos y las adscripciones de tres de los seis magistrados que fueron nombrados por el Congreso local el pasado 30 de julio, podría derivar en una denuncia en su contra o un amparo colectivo de los magistrados que integran este poder, de acuerdo con la magistrada Concepción Flores Saviaga.

El plazo para que la magistrada presidenta presentara dicho recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación venció el pasado viernes 21 de agosto; sin embargo, a la fecha no ha dado respuesta a la solicitud de los magistrados con los que se llegó al acuerdo de recurrir a las instancias legales y tampoco ha llamado a la sesión urgente del pleno en la que se determinara lo procedente en el caso.

Flores Saviaga, integrante de la Comisión encargada del proceso de solicitud de la controversia constitucional, dio a conocer que Martínez Huerta debe acreditar que presentó la controversia, de lo contrario se procedería a denunciarla por incumplimiento de un acuerdo del pleno, además de que se considera la presentación de un amparo con el que se le indique que debe realizar dicho procedimiento.

“Nosotros teníamos una petición que no se ha cumplido de parte de la presidenta, respecto a que se concretara una sesión urgente del pleno para que nos acredite que haya presentado la controversia constitucional. Lo que queremos es que a través de un amparo se dé el cumplimiento de la señora presidenta para que se acredite que hizo la defensa jurídica de la institución, de lo contrario procederemos a denunciarla”, dijo. Manifestó que en su defensa la magistrada ha argumentado que no existe el acuerdo del pleno por el que se decidió presentar el recurso ante la Suprema Corte, hecho que, aseveró, es mentira.

“Se ha dado a conocer información manipulada de parte de la señora presidenta en donde se señala que no hay un acuerdo del pleno por el que ella esté obligada a presentar la controversia constitucional y eso no es cierto porque en consenso el pleno del 5 de agosto se integró la lectura y aprobación de la sesión del 13 de julio en la que se estableció que se interpondría el amparo y la controversia constitucional, siendo ella quien presentaría el proyecto”, expuso.

Incluso manifestó que los magistrados integrantes de la Comisión le presentaron el proyecto del recurso de inconstitucionalidad a la magistrada presidenta el pasado 13 de agosto, con el fin de que únicamente lo revisara y entregara.

“Formalmente lo entregamos porque no nos recibió, encontramos la opción inmediata a través de la Secretaría de Acuerdos que trabaja directamente con la presidencia, fue donde se recibió el proyecto de la controversia, nosotros lo elaboramos para que ella solo lo presentara”, destacó.

Recordó que a la fecha son cuatro magistrados los que colaboraron en la elaboración del recurso jurídico, por lo cual se sigue convocando a todos los integrantes del Tribunal porque se trata de un tema que los afecta directamente.

“Tenemos que realizar una reunión porque está implicada toda la institución y no nada más los integrantes del pleno, nosotros los representamos, pero todos saldrían afectados. Esperaremos una respuesta de la presidenta, pero insistiremos por los medios legales para que cumpla con la reunión y la convocatoria”, comentó.

En una sesión extraordinaria realizada el pasado 13 de julio los magistrados del pleno del Poder Judicial argumentaron que el Congreso local no tiene capacidad legal para retirar o aplicar la jubilación anticipada a magistrados, por lo que se determinó actuar ante la SCJN contra el acuerdo de la Jucopo y se estableció que no se había dado aviso al gobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre las magistraturas vacantes.

En el acuerdo, aprobado en otra sesión realizada el pasado 5 de agosto, se establece que “Como presidenta del Tribunal (…) Promovería en contra del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, proyecto de acuerdo por el que se resuelve la existencia de vacantes definitivas en magistraturas del Poder Judicial de la Gaceta legislativa del Congreso del Estado de Veracruz, el juicio de amparo”.

Además, indica que como representante del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado promovería en contra del mencionado punto de acuerdo la controversia constitucional correspondiente, pues ninguno de los dos medios de impugnación excluye uno de otro.

Con lo anterior se busca la defensa de los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, quienes cuentan con amparos que el Consejo de la Judicatura federal les otorgó para evitar ser removidos del cargo por cumplir 70 años.

Mientras que la magistrada Gladys Pérez Maldonado cuenta con un recurso federal con el que se impide que otra persona sea colocada en el cargo que ocupaba, previo a ser destituida por el Congreso local.