Orizaba, Ver.- El Pastor Carlos Hernández Aburto y el equipo de defensa legal del inmueble que se conoce como Icinemas –actualmente Centro Orizaba de Convenciones (COCO)- presentaron una queja ante la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del gobierno del estado, por irregularidades de la "fe de hechos" en que consideró que incurrió el Notario número 7, de esta ciudad, José Gregorio García Juárez, sobre el desalojo de Icinemas ocurrido el 11 de marzo de este año y piden su cese.
Mediante un documento, señalaron que alegan su valor como prueba, ya que se encuentra afectado de nulidad absoluta por ausencia de formalidad y alteración en su contenido. Explicaron que el día del desalojo, jamás se les comunicó la presencia de un Notario o Fedatario Público, como se demuestra en el acta administrativa levantada por el tesorero municipal, Javier Feliciano López García.
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Agregaron que nunca exhibieron sus identificaciones el día del desalojo, sin embargo, en dicha “fe de hechos” aparece copia de su INE (Carlos Hernández) y la del pastor Oliver Monterrosas Bauzá, que presumen, muy probablemente las obtuvieron por medios ilícitos, pues en las mismas no aparecen sus firmas autógrafas.
La INE del pastor Oliver Monterrosas Bauzá está vencida, por lo que ya no la utiliza como identificación vigente, algo de lo que no se percató el Notario y, es falta grave a su protocolo.
Que la solicitud que hizo el Ayuntamiento al Notario para que se presentara a hacer dicha diligencia la hicieron a las 7:30 de la mañana del 11 de marzo, sin embargo, el Notario la recibió, como consta en la misma “fe de hechos” ese mismo día, y sus oficinas las abre a las 9 de la mañana.
Resulta anacrónico dicha acción, y demuestra que tal Notario está coludido con el presidente municipal, para dar fe de un hecho que no le consta.
Por lo anterior, señalaron en el documento, decidieron presentar la queja para que la autoridad investigue y, en su caso cese de sus funciones a dicho Notario, por las faltas graves a la ley y, por prestarse a ser cómplice de las arbitrariedades de la autoridad municipal.
