La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sofía Martínez Huerta, se negó a recibir a la magistrada Concepción Flores Saviaga, quien acudió este día a su oficina para pedirle que se cumpla el acuerdo por el que se pedirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que intervenga ante la destitución de dos magistrados.
Este viernes vence el plazo para que la magistrada presidenta presente la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local por el que se aprobaron las vacantes de dos magistrados por cumplir 70 años de edad.
En una sesión extraordinaria realizada el pasado 13 de julio los magistrados del pleno del Poder Judicial argumentaron que el Congreso local no tiene capacidad legal para retirar o aplicar la jubilación anticipada a magistrados.
Por ello se determinó actuar ante la SCJN contra el acuerdo de la Jucopo y se estableció que no se había dado aviso al Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, sobre las magistraturas vacantes.
En el acuerdo, aprobado en otra sesión realizada el pasado 5 de agosto, se establece que “Como presidenta del Tribunal (…) promovería en contra del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, proyecto de acuerdo por el que se resuelve la existencia de vacantes definitivas en magistraturas del Poder Judicial de la Gaceta legislativa del Congreso del Estado de Veracruz, el juicio de amparo”.
Con lo anterior se busca la defensa de los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, quienes cuentan con amparos que el Consejo de la Judicatura federal les otorgó para evitar ser removidos del cargo.
Ante ello, la magistrada Concepción Flores Saviaga, como integrante de la Comisión encargada del proceso de solicitud de la controversia constitucional, se presentó en la oficina de la magistrada presidenta para pedirle que cumpla con el acuerdo pactado y acuda a la Suprema Corte.
Sin embargo, el acceso le fue negado a la oficina de la presidencia.
En un video aparece la magistrada Flores Saviaga y un empleado del Tribunal, quien le dice que sólo sigue instrucciones y no puede pasar.
La magistrada le cuestiona al trabajador si le dio a conocer a la presidenta que el asunto a tratar es el acuerdo realizado en el pleno, a lo que el empleado le responde que sí.
“No ha tenido tiempo para acordar una fecha para que se convoque, usted me dijo que ya había platicado con ella para que convocara al pleno. No la estamos molestando porque seamos necios, sino porque es un tema del pleno que fue tomado el 13 de julio y aprobado el 5 de agosto, aquí traigo la solicitud para que lo firme, eso es lo que me ocupa nada más, no tengo que molestarla por otra cosa, son cuestiones oficiales”, le explica la magistrada al trabajador.
Asimismo, le pide que le avise a la magistrada presidenta que la ha buscado en varias ocasiones sin que la reciba.
Los magistrados Concepción Flores Saviaga, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, Raúl Pimentel Murrieta y Roberto Armando Martínez Sánchez pertenecen a la Comisión encargada de presentar la controversia constitucional; sin embargo, debe ser la magistrada presidenta como titular del Poder Judicial la que presente este recurso ante la Suprema Corte.
Se debe recordar que el pasado 31 de julio el pleno del Congreso local aprobó el nombramiento de seis magistrados que fueron propuesta del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, y en los que se incluyó la sustitución de Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero.
Al darse los nombramientos de los seis magistrados en el Congreso local se determinó que María Lilia Viveros Ramírez estaría en el puesto de Marco Antonio Lezama Moo y Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre sustituiría a Roberto Dorantes Romero.
Tras ello, el pasado 5 de agosto el pleno del Tribunal determinó que Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre fuera adscrita a la Primera Sala en el espacio que ocupaba Marco Antonio Lezama Moo y María Lilia Viveros Ramírez ocupara un espacio en la Octava Sala en suplencia de Roberto Dorantes Romero, lo cual fue considerado por los magistrados como una violación a sus derechos.