Orizaba, Ver.- El protocolo que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) pretende establecer no es funcional, pues de los 12 trámites que recibirían los juzgados por día aceptan entre 7 o 9 y sólo pueden presentar un escrito inicial de demanda, eso no es práctico, no cumple con una obligación, ni imparte un derecho humano al cual todo ciudadano tiene derecho.
Abogados de esta ciudad se manifestaron afuera del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Orizaba y reiteraron la apremiante necesidad de que los juzgados se abran, pero no de la forma en como lo están queriendo hacer, parcialmente y a cuentagotas para dar continuidad a los expedientes.
“Nos están diciendo que presentemos los inicios y ni siquiera nos dicen el estado procesal de todo lo que quedó pendiente”, señalan.
Apuntaron que el rezago que de por sí existía, que es de un 70% por lo menos comienza a crecer con los trámites que quieren iniciar. “El Tribunal nos conoce, sabe quiénes somos, tiene modo de localizarnos; cuando nos han querido emplazar para cualquier asunto nos localizan y, hasta ahora no han tenido la delicadeza de decirnos acérquense, qué necesitan, vamos a acordar”.
Señalaron que, aunque apoyan a los abogados de la zona de Córdoba, quienes tomaron las instalaciones, los de Orizaba no ejercerán una acción tan drástica porque lo que quieren es actividad.
“No queremos entorpecer más, queremos actividad, pero al 100% y un plan de trabajo que nos diga qué va a pasar con todo lo que está pendiente, con este rezago arriba del 70% en resoluciones en oficios en darle continuidad a los expedientes que están atorados”, aseveraron.
Refirieron que el juzgado sigue cerrado, se abrió digitalmente, pero la aplicación no funciona como debería hacerlo. Para hacer una cita promovente se tienen 20 minutos, para hacer la entrega de inicio y se retiran.
“El problema es que es una app que se satura y enseguida te manda decir que ya no hay lugar, que ya no hay fechas; si cometes un error no te da la oportunidad de rectificar y volvemos a caer en la misma inactividad. No funciona y no es un avance, no estamos de acuerdo ni en las condiciones, ni en las formas”, apuntaron.
Finalmente, los litigantes mencionaron que pugnan porque se les dé acceso a la justicia con las medidas necesarias y suficientes para que puedan trabajar y es inverosímil que estén trabajando hasta los bares y cantinas y la impartición de justicia, que vulnera los derechos de los ciudadanos esté totalmente cerrado y no se tiene para cuando eso pueda cambiar.
