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Fepade debe investigar a empresarios: Santiago Nieto Castillo

  • Gabriel Xantomila y Germán Chávez
  • en Política

La Fepade tiene la obligación de investigar por oficio las denuncias de coacción del voto a empleados y trabajadores de las empresas Coppel y Aeroméxico. Es atribución que tiene la Fiscal, porque nadie puede solicitar el sufragio a cambio de una contraprestación, amenaza o condicionar programas sociales a favor o en contra de un partido político o de un candidato presidencial, puntualizó Santiago Niego Castillo, doctor en derecho electoral, catedrático, ex titular de la Fepade, magistrado y actualmente integrante del Consejo electoral de Morena.

¿Ha hablado con López Obrador para frenar a las empresas?

“Las autoridades electorales son las instancias que tienen que estar desarrollando sus funciones. Por eso son autoridades, para ejercer sus funciones para efecto de evitar polarización social. Uno de los problemas que tenemos y que nos dejó 2006, fue que muchos grupos sociales empezaron, desde el servicio público, desde los partidos políticos y desde los grupos empresariales, se empezó a violar la ley, el resultado fue un nivel de polarización social alto’’.

“Si queremos evitar la polarización social necesitamos que todas las autoridades actúen; implica sancionar a servidores públicos que incurren en este tipo de prácticas’’.

Los empresarios, puntualizó, tienen la libertad absoluta para decir por quién votan y por quién no votar, lo que no pueden es presionar a los empleados, refrendó.

“El objetivo es cuidarle las manos al PRI y al Gobierno federal para que no violen las leyes electorales ni la Constitución’’, con un ejército de militantes, vigilantes y alianzas estratégicas con observadores electorales, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. “La labor de cuidar las elecciones es una responsabilidad de todos, que incluye presentar denuncias y quejas ante la autoridad electoral, llámese INE, Fepade o Tribunal Electoral’’.

Y advirtió que ante maches, se tiene que constituir un grupo de caza mapaches, además de erradicar las prácticas de financiamiento ilícito en las campañas. En 2016 Hacienda autoriza recursos a los gobiernos locales y éstos con empresas fantasma sacan el dinero. En Chihuahua y Quintana Roo se encuentran recibido de candidatos donde dicen recibieron 40 millones, 200 millones en efectivo; Estado de México, Cuautitlán Izcalli, la misma operación, retención de salarios de trabajadores.

Respecto a su salida de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, aclaró: “ni rencor ni venganza, al contrario, por el cumplimiento de las leyes; sin filias ni fobias. No voy por venganza, hay que darle vuelta a la página’’.

Sin embargo, enfatizó que el actual sexenio “ha sido opaco y corrupto’’, lo que ha generado la pérdida de calidad de vida de los ciudadanos. El Gobierno tiene que ser imparcial y autónomo a los partidos políticos. Un gobierno con visión de Estado y que no esté pensando en el “clan’’.

¿La sentencia del 2006, que el Tribunal Electoral declaró intervención de determinados empresarios, pero sin sanción, en la reforma 2014, hay más diques?

En 2006 el tribunal dijo que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) había violado el principio de imparcialidad al contratar espacios en radio y TV para promocionar a un partido y a su candidato. En 2007 hay reforma y prohíbe que terceros no pueden contratar. Lo de Mexicanos Primero en 2018 fue inconstitucional y así lo determinó el Tribunal por violación.

¿Con su experiencia como ex fiscal, para documentar denuncias de este tipo?

En mi experiencia son los temas relacionados con el servicio público, por ejemplo, los ladrones de elecciones en Veracruz, fueron servidores públicos los que grabaron actos de presión o coacción a los electores.

“Si un empresario le dice a sus colaboradores por quién votar, es un ejercicio de libertad de expresión; pero si les dice voten por tal partido o dejen de votar por tal partido o los despido, son situaciones totalmente distintas. Los mismo sucede con los servidores públicos’’.

¿Desde su experiencia de derecho electoral, es posible evidenciar esto; López Obrador lleva tres días identificando empresas –Coppel y Aeroméxico- para que empleados voten a favor de Ricardo Anaya?

La Fepade puede actuar de oficio siempre. A Eva Cadena lo inicie de oficio, los spots del PVEM, la tarjeta platino, fueron de oficio porque la ley lo señala. “A tener conocimiento de la noticia criminal por cualquier medio, sea por un medio de comunicación, un mitin, la presentación de denuncia escrita, una llamada a Fepadetel y mensajes. Tiene Fepade obligación de iniciar carpeta de investigación, no importa cual haya sido el medio. No se necesita una denuncia. La función del Ministerio Público y la del juez son distintas, el combate a la actividad ilícita del MP, proteger la ley; el juez resolver con los elementos en el expediente’’.

La ley establece que, en los delitos electorales, la Ley de Derechos electorales tiene muchos problemas, no son graves, no hay prisión preventiva oficiosa, no hay vinculación con temas de corrupción; pero si tiene una ventaja, que los delitos se investiguen de oficio.

El Derecho Penal persigue a las personas físicas que cometen conductas ilícitas. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en algunas ocasiones permite ir contra las personales morales, contra las empresas cuando cometen una conducta delictiva, pero evidentemente la persona moral no comete la conducta delictiva, son las personas físicas que forman parte de la misma. La sanción puede ser la multa o extinguir a la persona moral.

Pero hoy el INE si puede sancionar a personas físicas por el incumplimiento de la ley –el primer caso fue el boxeador Juan Manuel Márquez-. El INE tiene un mejor marco normativo para sancionar a las empresas, lo fue con Televisa, TV Azteca.

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