Orizaba.- Los policías municipales detenidos y procesados por el crimen de los hermanos Ernesto y Román N, cometido el 1 de noviembre de 2018, cumplieron dos años en la cárcel y podrían quedar libres al culminar el tiempo de la prisión preventiva oficiosa que les fue impuesto por un juez penal.
De acuerdo con el abogado defensor César Augusto Osorio, de al menos dos uniformados: “La Constitución es muy clara en el sentido de cuando al cumplir los dos años de la medida cautelar que en este caso es la prisión preventiva, se debe dejar en inmediata libertad a las personas cuando no se han cumplido mecanismo de defensa y en este caso no ha habido un mecanismo de defensa de nuestra parte en contra de ciertas cosas, y hoy se cumplen los dos años del caso y por eso es la revisión de la medida”.
Para el litigante: “Sabemos y estamos en el entendido que algunas cosas funcionan de manera política en el país, y la justicia no está exenta de ello”, por lo cual consideró que al terminar la audiencia, si continúa la prórroga de la medida cautelar de la prisión preventiva, dos de sus clientes solicitarán un amparo, y en caso de ser negado pedirán ayuda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que atraiga el caso, “Ya que en el Estado de Veracruz todo ha funcionado con presiones políticas y marchas y cuestiones que no tienen razón de ser”.
Para el defensor de los policías procesados, la Suprema Corte de Justicia tendría otra visión legal de las cosas y sobre todo en derecho todo tiene un orden y al cumplirse la medida cautelar lo que procede es dejar a los policías en libertad.
Y es que según César Augusto, el asunto se ha alargado como consecuencia de cosas realizadas por parte de la defensa de la familia de los fallecidos al interior de los órganos jurisdiccionales que finalmente es una responsabilidad atribuible a ellos, además de continuar algunas inconsistencias respecto a ello, y no hay modo de justificar la necesidad de que los policías sigan presos.
El abogado dejó en claro que los acusadores fueron quienes decidieron cambiar la acusación, pues primero se señaló al ex Director de Gobernación como responsable de los hechos y ahora lo traen como testigo, por lo cual deberían de dar una explicación al respecto, pues ello ha sido otro factor para el retraso del caso.
Para el exponente, dos de los policías presos deberían de quedar en libertad de manera inmediata, y otros cuatro entrarían en debate por los mecanismos de defensa, pero tampoco sería motivo al cumplir los dos años y no hay sentencia.
Por su parte la abogada Isabel González, asesora jurídica del profesor Román N, padre de Román y Ernesto, dijo que este martes acudieron a la Sala de Juicio para celebrar audiencia y revisar las medidas cautelares y solicitar junto con la Fiscalía, la prolongación de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa en contra de los policías procesados para que se termine el procedimiento.
Señaló que durante los dos años de prisión que se les corrió a los uniformados, en 7 ocasiones no fue posible celebrar la audiencia intermedia, y en una ocasión ellos como acusadores solicitaron una excusa.
Por tal razón, expuso la litigante, van a argumentar la importancia de que los detenidos permanezcan encarcelados por la naturaleza del caso y la gravedad del mismo.
Terminó reconociendo que al final será el Juez del caso, quien determine una solución al respecto.
