En México, de enero a abril de este año se perpetraron 246 feminicidios y mil 951 homicidios de mujeres. En contraste con el primer cuatrimestre de 2023, ahora se muestra un ligero decremento; en aquel periodo se registraron 297 presuntos delitos de feminicidio y dos mil 172 homicidios de mujeres.
Estos datos constan en el “Informe sobre violencia contra mujeres” emitido hace unos días por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con esta misma fuente, en 2024, en el ámbito nacional, son cinco los municipios punteros en el delito de feminicidio: Ciudad Juárez, Chihuahua; Juárez, Nuevo León; Iztapalapa, CDMX; Chalco, Estado de México; y Guadalajara, Jalisco.
Estos territorios se traducen en las entidades que encabezan dicho delito en el país. El Secretariado muestra que es el Estado de México el más peligroso para la vida de las mujeres, seguido por Nuevo León, CDMX, Morelos y Veracruz.
Esta última entidad, la cual se encuentra en compás de espera dado el procedimiento en curso que permitiría decretar la tercera Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en esta ocasión por desaparición, merece un análisis especial.
Tan solo el hecho de que el gobierno federal implemente un tercer mecanismo ya es de suyo grave, la ausencia de una estrategia gubernamental para atender, prevenir y sancionar las violencias contra veracruzanas ha sido evidente desde hace décadas y, tristemente, no ha sufrido cambios sustanciales en los últimos años.
Recordemos que ha sido la Secretaría de Seguridad, a través de las fuerzas del orden, que ha violentado reiteradamente a ciudadanas que son detenidas arbitrariamente en la vía pública para ser agredidas física y verbalmente.
La Secretaría de Gobierno de Veracruz también ha hecho lo propio. Haciendo de lado las acusaciones de violencia de género, materializadas en acoso y hostigamiento sexual que pesan sobre funcionariado de esa instancia, recordemos que el Instituto Veracruzano de las Mujeres y el Centro de Justicia para las Mujeres dependen directamente de dicha dependencia.
Ambos organismos, en teoría defensores de los derechos de las veracruzanas, han tenido un desempeño mediocre, por decir lo menos, además de irregular. El primero lleva años sin una titular nombrada conforme a la ley y el segundo está encabezado por una funcionaria que, siendo diplomática, solo mencionaré que no tiene el perfil. Ninguno cumple cabalmente sus funciones ni coadyuva en la defensa de los derechos humanos de las veracruzanas.
Regresando al reciente Informe mensual del Secretariado, observamos el retorno y permanencia de municipios veracruzanos en el listado de los cien municipios con más delitos de feminicidio en el país. Llama la atención Xalapa, capital del estado de Veracruz.
Aparece en el número diecinueve y es puntero entre los municipios veracruzanos más peligrosos del país por el número de feminicidios que exhiben. Recordemos que en la administración municipal anterior, la cifras de feminicidio se retrajeron a tal punto que ya no fueron motivo de mención en ese informe.
¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no hubo continuidad en la estrategia que permitió retraer la violencia en el municipio donde se encuentra la capital veracruzana? Al parecer, la política de cero tolerancia a la violencia hacia las xalapeñas no fue negocio para el edil actual.
Además de una brutal indiferencia hacia los derechos humanos de quienes aquí habitamos, la política territorial con perspectiva de género fue sepultada. Otros son los intereses, desde luego.
Esperamos que pronto se aproximen los tiempos de las mujeres, que todo Veracruz sea un lugar seguro para hacer vida y trabajar. Seguimos esperando. Veremos qué se acaba primero: el tiempo o las veracruzanas.
*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana
