La lucha histórica de los colectives de diversidad sexual por inhibir, prevenir, eliminar, atender y sancionar todo tipo de violencias, ha pasado de las marchas públicas a las mesas de trabajo como un complemento en la incidencia con los tres poderes de gobierno, así como los tres niveles de gobierno, para generar leyes justas, equitativas, libres de discriminación para acceder a todos los derechos y respetando el libre desarrollo de la personalidad para una vida plena de las poblaciones LGBTQ+ y de las personas no binaries.
Partamos de la reforma de 2011 al Artículo 1° de nuestra Constitución Política, que expresa puntualmente… “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
La armonización con leyes federales y estatales dan la pauta para generar políticas públicas de manera transversal considerando la interculturalidad y la interseccionalidad que se implementan en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes estatales y municipales, así como en los sectoriales.
Esto compromete a que el funcionariado se capacite para desarrollar aptitudes y actitudes en la atención a las personas usuarias de servicios del Estado, de acuerdo a los estándares internacionales emitidos por las Naciones Unidas “Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169 el 17 de diciembre de 1979.
Con el avance legislativo y jurídico, también se da el avance normativo, pero a pesar de ello, las prácticas persistentes de discriminación hacia la población diversa hizo que los colectives, en trabajo coordinado con las instituciones, generaran instrumentos conocidos como Guías y Protocolos de Atención a la Población LGBTTTIQ+, que incluyan procedimientos de atención para eliminar malas prácticas profesionales, las cuales traen consecuencias legales que por omisión involuntaria o voluntaria, nieguen el acceso a los derechos humanos, civiles y políticos a este sector de la población históricamente vulnerada.
Entre ellos podemos mencionar el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, para garantizar los derechos de personas LGBTQ+ aprobado en 2017; Protocolo de Atención Integral a las Personas LGBTTTIQ+ en Calidad de Víctimas del Delito de la Comisión Ejecutiva, Nacional de Atención a Víctimas; Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género, y Características Sexuales emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Guía de Acciones Estratégicas para Prevenir y Combatir la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género: Derechos Humanos, Salud y VIH de CENSIDA; Protocolo para Adoptar las Medidas Tendientes a Garantizar a las Personas TRAN el Ejercicio del Voto en Igualdad de Condiciones y sin Discriminación en Todos los Tipos de Elección y Mecanismos de Participación Ciudadana del INE, Acciones para Combatir la Discriminación por Motivos de Orientación Sexual, Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales de CONAPRED, Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las personas LGBTTTI de la Secretaría de Salud, Guía de Facilitación para Prevenir el Bullyng Homofóbico y Transfóbicoen los Centros Educativos de la CNDH.
Estos instrumentos tienen que ser difundidos en las instituciones de los estados al interior de la República y en algunos casos armonizarlos como se hizo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz y la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Xalapa, esto es posible a la incidencia de la sociedad civil organizada diversa como la Coalición Estatal LGBTTTIQ+ Veracruz. Si el funcionariado se apegara al Artículo 1° constitucional y realizaran buenas prácticas profesionales, no habría la necesidad de tanta protocolitis. Desafortunadamente, todavía falta mucho para tener una cultura de paz y de respeto para todas las personas, son medidas sustantivas que coadyuvan al acceso a una vida libre de violencia y discriminación por LGBTFOBIA.
*Maestro. Activista
