El tema de la auditoría al Sistema Estatal de Videovigilancia, cuyas cámaras fueron adquiridas durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes en Veracruz, no es nuevo; desde la llegada de la actual Legislatura, los diputados de Morena mostraron la intención de destapar esa cloaca.
En diciembre de 2018, desde el Congreso de Veracruz se lanzó un exhorto al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para revisar de forma exhaustiva los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras del Sistema Estatal de Videovigilancia.
Un par de meses después, en febrero pasado, el Orfis, la Secretaría de Seguridad Pública y el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, C4, firmaron el acta de inicio de la auditoría correspondiente, a fin de verificar que las cámaras adquiridas con recursos públicos estatales estuvieran instaladas y en operación.
La fiscalización incluyó básicamente seis regiones de Veracruz: Boca del Río, Cosoleacaque, Fortín, Pánuco, Poza Rica y Xalapa.
Producto de esa revisión, el Orfis determinó lo que parecía obvio: se detectaron irregularidades en el sistema. Por las conclusiones de la auditoría, el órgano fiscalizador presentó las denuncias penales correspondientes, ante la Fiscalía General de la República, contra funcionarios de la pasada administración veracruzana, encabezada por el ex gobernador Miguel Ángel Yunes.
El probable desvío de recursos podría superar los mil 100 millones de pesos.
Lorenzo Antonio Portilla, auditor general del ORFIS, fue abordado por reporteros de la capital del país, a quienes dijo, palabras más o menos: “no cumple el Sistema Estatal de Videovigilancia para lo que fue contratado… los parámetros de estas cámaras no dan la calidad debida, no tienen la calidad del video por la cual fue contratado, por lo que al final de cuentas eso no sirve”.
En respuesta y fiel a su estilo y a su estrategia de comunicación, Yunes Linares compartió un video en sus redes sociales: “me he mantenido al margen y así continuaré; no serviré de “caja china” para desviar la atención de los temas que lastiman a los veracruzanos, tampoco de escalón para que se reelija un auditor corrupto, protector de Duarte y de sus cómplices… por ello no responderé señalamientos falsos y torpes; sería hacerles el juego”.
Sin embargo, tarde o temprano Yunes deberá responder a esos señalamientos, debido a que no son denuncias presentadas ante la fiscalía estatal, donde el exgobernador haría lo que se le antoja gracias a la presunta subordinación del titular de esa oficina, sino ante la Fiscalía General de la República, instancia que sí investigará las denuncias del ORFIS.
En el horizonte yunista hay una amenaza de tormenta; la lluvia apenas comienza y se intensificará conforme lleguen nuevas auditorías a los ejercicios 2017 y 2018; faltan, por ejemplo, las revisiones a las Secretarías de Educación, Salud, Gobierno y Finanzas; en este último caso, se habla del registro irregular en la cuenta pública consolidada por 27 mil millones de pesos; así como de otro señalamientos por falsear la existencia de más de 8 millones de pesos.
El mayor problema para la causa del exgobernador veracruzano radica en que las denuncias contra su administración, por lo visto, no se ventilarán en la fiscalía estatal, sino en el organismo autónomo federal, donde Yunes no cuenta con influencia ni poder.
@luisromero85
