/ miércoles 13 de diciembre de 2023

AMLO pidió más préstamos que EPN en los primeros 5 años de su gobierno

El gobierno accedió a 14 préstamos de organismos internacionales ante menores tasas, indicó una analista

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó 11 por ciento más créditos a organismos internacionales que el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN). En sus primeros cinco años de gobierno, AMLO solicitó préstamos por siete mil 168 millones de dólares; mientras que Peña Nieto se endeudó con seis mil 456 millones de dólares en el primer lustro de su administración, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los préstamos se contrataron con instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Te puede interesar: Aumenta 89% la deuda de los estados

En total, el gobierno actual acumula un total de 14 créditos con estos organismos, que pertenecen al segmento de la banca de desarrollo, frente a 24 contratados en la administración pasada.

Verónica Zepeda, académica de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) indicó que la ventaja de estos créditos es que el costo de financiamiento es menor a lo que cobran instituciones financieras privadas.

“El hecho de que la tasa de interés que cobran sea más baja que la del mercado, genera menos presiones en las finanzas públicas”, dijo a El Sol de México.

Agregó que estos bancos suelen ofrecer asesoría técnica y capacitación relacionada con los proyectos y en caso de ser necesario, se cuenta con el acompañamiento para la elaboración de la información financiera que se requiera para el proyecto.

Esto reduce significativamente los riesgos de los proyectos y en cierta medida garantizan que los recursos se utilicen en las actividades o proyectos para los cuales se solicitaron”, añadió Zepeda.

Las estadísticas de Hacienda señalan que la mayoría de los financiamientos contratados en el sexenio actual fueron para programas de desarrollo social, mejoras de vivienda o para la inclusión financiera y digital. Entre ellos destaca uno con el BIRF por mil millones de dólares bajo el concepto “Covid-19, préstamo de desarrollo de políticas de acceso financiero”, contratado el 27 de mayo de 2020.

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En diciembre de 2018, la deuda total del país era de 10.5 billones de pesos y al cierre del tercer trimestre de 2023 se ubicó en 14.5 billones de pesos, que es 45.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Para lo que resta del sexenio, la estrategia de la SHCP consistirá en refinanciamiento de deuda y aprovechar todos los recursos disponibles para el fortalecimiento de los proyectos insignia que siguen en marcha.

Heredan adeudos

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De los 14 préstamos adquiridos, cuatro de ellos concluirán en el próximo sexenio, es decir, entre 2025 y 2030. Uno de estos créditos es con el BID para mejorar la calidad del empleo en el país; dos más con el BIRF para la modernización de los sistemas de gestión financiera pública y para la seguridad y resiliencia hídrica para el Valle de México. El último financiamiento, que concluirá el 1 de octubre de 2030, se adquirió con FIDA bajo el concepto “Proyecto Cuenca Balsas: reduciendo la vulnerabilidad climática y las emisiones mediante medios de vida sostenibles.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó 11 por ciento más créditos a organismos internacionales que el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN). En sus primeros cinco años de gobierno, AMLO solicitó préstamos por siete mil 168 millones de dólares; mientras que Peña Nieto se endeudó con seis mil 456 millones de dólares en el primer lustro de su administración, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los préstamos se contrataron con instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

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En total, el gobierno actual acumula un total de 14 créditos con estos organismos, que pertenecen al segmento de la banca de desarrollo, frente a 24 contratados en la administración pasada.

Verónica Zepeda, académica de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) indicó que la ventaja de estos créditos es que el costo de financiamiento es menor a lo que cobran instituciones financieras privadas.

“El hecho de que la tasa de interés que cobran sea más baja que la del mercado, genera menos presiones en las finanzas públicas”, dijo a El Sol de México.

Agregó que estos bancos suelen ofrecer asesoría técnica y capacitación relacionada con los proyectos y en caso de ser necesario, se cuenta con el acompañamiento para la elaboración de la información financiera que se requiera para el proyecto.

Esto reduce significativamente los riesgos de los proyectos y en cierta medida garantizan que los recursos se utilicen en las actividades o proyectos para los cuales se solicitaron”, añadió Zepeda.

Las estadísticas de Hacienda señalan que la mayoría de los financiamientos contratados en el sexenio actual fueron para programas de desarrollo social, mejoras de vivienda o para la inclusión financiera y digital. Entre ellos destaca uno con el BIRF por mil millones de dólares bajo el concepto “Covid-19, préstamo de desarrollo de políticas de acceso financiero”, contratado el 27 de mayo de 2020.

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En diciembre de 2018, la deuda total del país era de 10.5 billones de pesos y al cierre del tercer trimestre de 2023 se ubicó en 14.5 billones de pesos, que es 45.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Para lo que resta del sexenio, la estrategia de la SHCP consistirá en refinanciamiento de deuda y aprovechar todos los recursos disponibles para el fortalecimiento de los proyectos insignia que siguen en marcha.

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De los 14 préstamos adquiridos, cuatro de ellos concluirán en el próximo sexenio, es decir, entre 2025 y 2030. Uno de estos créditos es con el BID para mejorar la calidad del empleo en el país; dos más con el BIRF para la modernización de los sistemas de gestión financiera pública y para la seguridad y resiliencia hídrica para el Valle de México. El último financiamiento, que concluirá el 1 de octubre de 2030, se adquirió con FIDA bajo el concepto “Proyecto Cuenca Balsas: reduciendo la vulnerabilidad climática y las emisiones mediante medios de vida sostenibles.

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