/ lunes 2 de octubre de 2023

Activistas orizabeños realizan mitin para recordar Movimiento Estudiantil del 2 de Octubre

Recordaron que el gobierno, encabezado en ese momento por el expresidente priistas Gustavo Díaz Ordaz dio la orden de atacar a los estudiantes

Orizaba, Ver.- Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) recordaron con un mitin en el Parque Central de esta ciudad, la masacre del 2 de Octubre de 1968 contra el movimiento estudiantil popular en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco en la Ciudad de México (CDMX).

El que se cometió, dijeron, fue un crimen de Estado perpetrado por el Ejército Mexicano y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), a los que responsabilizaron de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias, con el propósito de generar terror y acallar el descontento popular.

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¿Quién estaba en el poder cuando fue la matanza de los estudiantes en la plaza de la Tres Culturas?

Recordaron que el gobierno, encabezado en ese momento por el expresidente priistas Gustavo Díaz Ordaz, junto con el secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, “dieron la orden del derramamiento de sangre en la Plaza de Tlatelolco. Hecho que continúa en la impunidad”, sin que, hasta ahora la verdad de los hechos haya sido esclarecida ni enjuiciados y castigados los responsables materiales e intelectuales de los crímenes cometidos.

Agregan que el Ejército mexicano es responsable material de dicha masacre y, queda el registro histórico de ser el artífice material de la política contrainsurgente ejecutada en las décadas de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, bajo el sofisma de la lucha contra la conjura comunista.

Subrayan que el Ejecutivo Federal está empecinado en defender al Ejército Mexicano como una institución castrense inmaculada y, ante la opinión pública los coloca como defensores de la Patria, pueblo uniformado que arriesga su vida en la defensa de la Nación, en un intento de borrar su esencia represiva en los hechos del pasado y del presente. Sin embargo, resaltan, en la memoria colectiva en el pueblo persiste el testimonio de lo cometido, de miles de violaciones a los derechos humanos por militares marinos y policías.

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Enfatizan que, así como en 1968, las instituciones procuradoras de justicia, en la actualidad también protegen a los perpetradores de los crímenes contra el pueblo.

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“Hoy como ayer, se cometen crímenes contra el pueblo organizado. En proporción cuantitativa es aparentemente menor, pero por su esencia mantienen el carácter contrainsurgente de naturaleza profascista, porque pretenden inhibir a través del terror la decisión de lucha del pueblo”.

Aseveraron que el Estado Mexicano tendrá una deuda histórica con el pueblo mientras no se esclarezcan los hechos del pasado ni se enjuicie a los responsables de los crímenes. “Los efectos nocivos de eventos depresivos se mantienen en el presente y otorgan la venia para el cometido de nuevos crímenes”.

Finalmente, señalaron que, a 55 años de los hechos represivos contra el movimiento estudiantil popular, la política de impunidad se ha consolidado para mantener en el olvido los crímenes cometidos e inhibir la exigencia de justicia a los responsables materiales e intelectuales; por lo que “el pueblo organizado debe mantener la memoria de lucha para garantizar que los crímenes del pasado y el presente se esclarezcan, sean enjuiciados y castigados los perpetradores de los crímenes de Estado”.

Orizaba, Ver.- Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) recordaron con un mitin en el Parque Central de esta ciudad, la masacre del 2 de Octubre de 1968 contra el movimiento estudiantil popular en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco en la Ciudad de México (CDMX).

El que se cometió, dijeron, fue un crimen de Estado perpetrado por el Ejército Mexicano y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), a los que responsabilizaron de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias, con el propósito de generar terror y acallar el descontento popular.

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Recordaron que el gobierno, encabezado en ese momento por el expresidente priistas Gustavo Díaz Ordaz, junto con el secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, “dieron la orden del derramamiento de sangre en la Plaza de Tlatelolco. Hecho que continúa en la impunidad”, sin que, hasta ahora la verdad de los hechos haya sido esclarecida ni enjuiciados y castigados los responsables materiales e intelectuales de los crímenes cometidos.

Agregan que el Ejército mexicano es responsable material de dicha masacre y, queda el registro histórico de ser el artífice material de la política contrainsurgente ejecutada en las décadas de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, bajo el sofisma de la lucha contra la conjura comunista.

Subrayan que el Ejecutivo Federal está empecinado en defender al Ejército Mexicano como una institución castrense inmaculada y, ante la opinión pública los coloca como defensores de la Patria, pueblo uniformado que arriesga su vida en la defensa de la Nación, en un intento de borrar su esencia represiva en los hechos del pasado y del presente. Sin embargo, resaltan, en la memoria colectiva en el pueblo persiste el testimonio de lo cometido, de miles de violaciones a los derechos humanos por militares marinos y policías.

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Enfatizan que, así como en 1968, las instituciones procuradoras de justicia, en la actualidad también protegen a los perpetradores de los crímenes contra el pueblo.

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“Hoy como ayer, se cometen crímenes contra el pueblo organizado. En proporción cuantitativa es aparentemente menor, pero por su esencia mantienen el carácter contrainsurgente de naturaleza profascista, porque pretenden inhibir a través del terror la decisión de lucha del pueblo”.

Aseveraron que el Estado Mexicano tendrá una deuda histórica con el pueblo mientras no se esclarezcan los hechos del pasado ni se enjuicie a los responsables de los crímenes. “Los efectos nocivos de eventos depresivos se mantienen en el presente y otorgan la venia para el cometido de nuevos crímenes”.

Finalmente, señalaron que, a 55 años de los hechos represivos contra el movimiento estudiantil popular, la política de impunidad se ha consolidado para mantener en el olvido los crímenes cometidos e inhibir la exigencia de justicia a los responsables materiales e intelectuales; por lo que “el pueblo organizado debe mantener la memoria de lucha para garantizar que los crímenes del pasado y el presente se esclarezcan, sean enjuiciados y castigados los perpetradores de los crímenes de Estado”.

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