/ lunes 16 de octubre de 2023

Carga de trabajo en Ceeaive incrementó 55.3%; cada asesor tiene 186 casos

Asesores jurídicos tuvieron aumento en carga de trabajo de 55.3% en la CEEAIV

La carga de trabajo de los asesores jurídicos en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) están enfrentando desafíos significativos debido a un aumento del 55.30 por ciento en su carga de trabajo, según un informe de México Evalúa.

En Veracruz, cada asesor legal ahora se encuentra lidiando con un promedio de 186 casos, lo que ha dificultado enormemente su capacidad para asistir a todas las audiencias, diseñar estrategias de litigio adecuadas y proporcionar una reparación integral del daño a las víctimas, expone el documento.

¿Con cuántos asesores jurídicos cuenta la CEEAIV?

La CEEAIV, establecida en 2012 durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa, cuenta con 57 asesores jurídicos. En el año pasado, la comisión atendió 10,590 casos y representó a 6,667 víctimas. Sin embargo, debido a la carga de trabajo, solo el 43.3 por ciento de las 1,077 víctimas representadas lograron acceder a la reparación integral del daño en 2022.

De acuerdo con datos de México Evalúa, la cifra de personas atendidas por la CEEAIV de Veracruz tuvo un aumento de 55.30 por ciento. En promedio, a cada asesor legal le tocó atender 186 casos y representar a 119 víctimas.

Asimismo, durante 2022, la CEEAIV representó a 1,290 víctimas de violaciones a derechos humanos, de las cuales 23 fueron representadas por un asesor jurídico.

La desigualdad presupuestal y operativa

La disparidad en los recursos asignados es evidente. En 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 16 millones 279 mil 292.95 pesos por cada 100 mil habitantes, mientras que la CEEAIV solo obtuvo 1 millón 100 mil 263.03 pesos por la misma proporción.

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El Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) contó con 4 millones 551 mil 521.79 pesos, mientras que la Defensoría Pública recibió 241 mil 414.04 pesos por cada 100 mil veracruzanos.

Respecto al número de personal adscrito a estas áreas la desigualdad se repite: la Fiscalía y agentes del Ministerio Pública suman a 525 personas; las personas juzgadoras en materia penal en Veracruz comprenden un total de 65 y la CEEAIV cuenta con 57 asesores jurídicos.

Esta desigualdad se traduce en una carga de trabajo excesiva para los asesores jurídicos. En promedio, cada fiscal o agente del Ministerio Público maneja 187.8 carpetas de investigación, mientras que cada asesor de la CEEAIV se ocupa de 121.1 casos.

Lee más: Inseguridad en carreteras no afecta al turismo en Veracruz: Sectur

Para México Evalúa, la Defensa Pública tiene una doble dimensión en el país, pues es institución y derecho a la vez. Por lo tanto, debe operar en igualdad de circunstancias con respecto de las fiscalías.

Esta discrepancia socava las capacidades de las Defensorías y las Comisiones de Víctimas para brindar defensas de calidad y contradecir las pruebas presentadas por la parte acusadora, lo que es fundamental para garantizar una defensa efectiva.

¿Cómo es la deuda con las víctimas?

El informe de México Evalúa también revela una tendencia al alza en la cantidad de casos y víctimas que los asesores jurídicos de las Comisiones Ejecutivas Estatales de Atención a Víctimas están enfrentando a nivel nacional.

En 2022, cada asesor jurídico atendió aproximadamente 303 casos y representó a alrededor de 230 víctimas en un proceso penal, lo que indica un aumento significativo desde 2019.

Sin embargo, esta creciente demanda contrasta con la falta de recursos y personal adecuado. La sobrecarga de trabajo ha llevado al aplazamiento de audiencias y, en algunos casos, a sanciones impuestas contra las propias comisiones.

Esto resalta la necesidad urgente de revisar la regulación y asignación de recursos para garantizar que las comisiones de víctimas y las defensorías públicas tengan las capacidades técnicas y financieras necesarias para proporcionar defensas de calidad y servicios integrales de reparación del daño.

En resumen, es esencial abordar esta situación mediante una asignación equitativa de recursos y una regulación que garantice el acceso igualitario a la justicia para todas las partes involucradas en el proceso legal.

Nota publicada en Diario de Xalapa

La carga de trabajo de los asesores jurídicos en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) están enfrentando desafíos significativos debido a un aumento del 55.30 por ciento en su carga de trabajo, según un informe de México Evalúa.

En Veracruz, cada asesor legal ahora se encuentra lidiando con un promedio de 186 casos, lo que ha dificultado enormemente su capacidad para asistir a todas las audiencias, diseñar estrategias de litigio adecuadas y proporcionar una reparación integral del daño a las víctimas, expone el documento.

¿Con cuántos asesores jurídicos cuenta la CEEAIV?

La CEEAIV, establecida en 2012 durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa, cuenta con 57 asesores jurídicos. En el año pasado, la comisión atendió 10,590 casos y representó a 6,667 víctimas. Sin embargo, debido a la carga de trabajo, solo el 43.3 por ciento de las 1,077 víctimas representadas lograron acceder a la reparación integral del daño en 2022.

De acuerdo con datos de México Evalúa, la cifra de personas atendidas por la CEEAIV de Veracruz tuvo un aumento de 55.30 por ciento. En promedio, a cada asesor legal le tocó atender 186 casos y representar a 119 víctimas.

Asimismo, durante 2022, la CEEAIV representó a 1,290 víctimas de violaciones a derechos humanos, de las cuales 23 fueron representadas por un asesor jurídico.

La desigualdad presupuestal y operativa

La disparidad en los recursos asignados es evidente. En 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 16 millones 279 mil 292.95 pesos por cada 100 mil habitantes, mientras que la CEEAIV solo obtuvo 1 millón 100 mil 263.03 pesos por la misma proporción.

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El Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) contó con 4 millones 551 mil 521.79 pesos, mientras que la Defensoría Pública recibió 241 mil 414.04 pesos por cada 100 mil veracruzanos.

Respecto al número de personal adscrito a estas áreas la desigualdad se repite: la Fiscalía y agentes del Ministerio Pública suman a 525 personas; las personas juzgadoras en materia penal en Veracruz comprenden un total de 65 y la CEEAIV cuenta con 57 asesores jurídicos.

Esta desigualdad se traduce en una carga de trabajo excesiva para los asesores jurídicos. En promedio, cada fiscal o agente del Ministerio Público maneja 187.8 carpetas de investigación, mientras que cada asesor de la CEEAIV se ocupa de 121.1 casos.

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Para México Evalúa, la Defensa Pública tiene una doble dimensión en el país, pues es institución y derecho a la vez. Por lo tanto, debe operar en igualdad de circunstancias con respecto de las fiscalías.

Esta discrepancia socava las capacidades de las Defensorías y las Comisiones de Víctimas para brindar defensas de calidad y contradecir las pruebas presentadas por la parte acusadora, lo que es fundamental para garantizar una defensa efectiva.

¿Cómo es la deuda con las víctimas?

El informe de México Evalúa también revela una tendencia al alza en la cantidad de casos y víctimas que los asesores jurídicos de las Comisiones Ejecutivas Estatales de Atención a Víctimas están enfrentando a nivel nacional.

En 2022, cada asesor jurídico atendió aproximadamente 303 casos y representó a alrededor de 230 víctimas en un proceso penal, lo que indica un aumento significativo desde 2019.

Sin embargo, esta creciente demanda contrasta con la falta de recursos y personal adecuado. La sobrecarga de trabajo ha llevado al aplazamiento de audiencias y, en algunos casos, a sanciones impuestas contra las propias comisiones.

Esto resalta la necesidad urgente de revisar la regulación y asignación de recursos para garantizar que las comisiones de víctimas y las defensorías públicas tengan las capacidades técnicas y financieras necesarias para proporcionar defensas de calidad y servicios integrales de reparación del daño.

En resumen, es esencial abordar esta situación mediante una asignación equitativa de recursos y una regulación que garantice el acceso igualitario a la justicia para todas las partes involucradas en el proceso legal.

Nota publicada en Diario de Xalapa

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