¿Hay justicia en casos por abuso sexual? En Veracruz persiste la impunidad

El abuso sexual encabeza la lista de delitos sexuales más reportados, mostrando un incremento constante en las cifras anuales desde 2015 hasta 2023

Fabiola González / Diario de Xalapa

  · sábado 16 de marzo de 2024

En Veracruz, el abuso sexual se encuentra atrapado en una crisis de impunidad. De los 4 mil 806 delitos de esta naturaleza registrados en los últimos nueve años | Foto ilustrativa: Yerania Rolón / Cuartoscuro.com

En Veracruz, el abuso sexual se encuentra atrapado en una crisis de impunidad. De los 4 mil 806 delitos de esta naturaleza registrados en los últimos nueve años, solo se han dictado 7 sentencias condenatorias. Esta estadística refleja una preocupante falla en la administración de justicia y en la protección de las víctimas de delitos sexuales en el estado.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde 2015 hasta 2023 se han denunciado 20,776 delitos sexuales en Veracruz, con 3,659 investigaciones iniciadas únicamente en 2023. El abuso sexual encabeza la lista de delitos sexuales más reportados, mostrando un incremento constante en las cifras anuales desde 2015 hasta 2023.

¿Cuáles son las cifras de las denuncias realizas por acoso sexual en Veracruz?

De los 4,806 delitos de abuso sexual registrados a nivel estatal durante los últimos nueve años, solo 50 han sido llevados a procesos judiciales, resultando en apenas 7 sentencias condenatorias, según información pública del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde 2015 hasta 2023 se han denunciado 20,776 delitos sexuales en Veracruz | Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

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Estos casos judicializados se distribuyen entre los años 2006, 2013, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, mientras que las siete sentencias condenatorias se emitieron en 2021 y 2022, con dos y cinco resoluciones, respectivamente.

La abrumadora impunidad que rodea al 99.8 por ciento de los casos sin condena tiene consecuencias devastadoras. Además de afectar la salud mental de las víctimas y generar miedo e incredulidad en la comunidad, conlleva costos económicos significativos.

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de México, respaldado por el National Sexual Violence Resource Center (NSVRC), destaca el impacto social y emocional duradero de estos delitos, señalando que las secuelas emocionales pueden persistir durante años tras el ataque.

El informe subraya también la importancia del apoyo integral para las víctimas y sus familias, ya que los efectos emocionales, como la culpa, la vergüenza y el aislamiento, no solo recaen en las víctimas directas, sino que afectan a todo su entorno.

Estudio hace hincapié en la deuda pendiente con las víctimas debido al fuerte impacto emocional y las lesiones asociadas a estos delitos.

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Pese a los esfuerzos de organizaciones civiles y gubernamentales, el daño a las víctimas y la integridad social permanece, evidenciando la necesidad urgente de un enfoque más efectivo en la lucha contra estos delitos.

Los delitos contra la libertad y la seguridad sexual incluyen una variedad de ilícitos, como abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación simple, violación equiparada, incesto y otros actos que atentan contra la libertad sexual.

Estudio hace hincapié en la deuda pendiente con las víctimas debido al fuerte impacto emocional y las lesiones asociadas a estos delitos | Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

En enero de 2024, se registraron 252 delitos contra la libertad y seguridad sexual en Veracruz, con el abuso sexual liderando con 69 carpetas de investigación, seguido del acoso sexual (38) y la violación simple (28). Estas cifras resaltan la continua necesidad de atención especializada y justicia para las víctimas.

Aunque Veracruz cuenta con la mayor cantidad de fiscalías especializadas en delitos sexuales a nivel nacional, con 48 agencias, la falta de recursos y profesionales capacitados limita su eficacia. El fortalecimiento de estas instituciones, asegurando el apoyo necesario para las víctimas y garantizando que los culpables enfrenten consecuencias legales, debería ser una prioridad, según el Instituto Belisario Domínguez.

Nota publicada originalmente en Diario de Xalapa