Xalapa, Ver.-La magistrada integrante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Concepción Flores Saviaga, aseguró que impugnará el nombramiento de Sofía Martínez Huerta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura.
“Se trata de un juicio de protección de derecho político electoral que lo vamos a hacer y la Federación tiene que actuar, dando el veredicto que corresponde que esta elección se encuentra viciada, violaron todo el procedimiento legal. Lo vamos analizar porque debemos ser cuidadosos del recurso que van a presentar”, dijo.
En entrevista, tras realizarse la toma de protesta de Martínez Huerta, quien fue seleccionada por el mini pleno como titular del organismo de justicia del Estado, la magistrada Flores Saviaga aseguró que la elección está viciada de ilegalidad, ya que el pleno está integrado al margen de la Ley, dado que algunos de los representantes de las salas son jueces que realizan funciones de magistrados.
“Ese pleno no tiene validez jurídica para integrar un cuerpo electoral conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica sólo puede integrar el cuerpo electoral únicamente los presidentes de sala que hayan sido nombrados y elegidos por tres magistrados en cada Sala”, dijo.
Recordó que presentó su intención de participar en el proceso previo a la realización de la sesión, a fin de ser propuesta para participar en la selección para la presidencia, pero ninguno de los integrantes del mini pleno la propuso para ello.
“No se evaluaron a las personas que participaron como la magistrada (Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros), el magistrado Raúl Pimentel y yo que pretendíamos ser considerados para presidir el pleno”, expresó.
En su opinión, la entidad requiere de servidores públicos capacitados, con experiencia, vocación del servicio y una reputación adecuada; sin embargo, en este caso el nombramiento de Martínez Huerta habría sido por “dedazo”.
“Veracruz está en una situación difícil, debería de actuar con la misma sociedad que el reconocimiento a sus funcionarios porque no se trata de imponer, se trata de defender la autonomía del poder Judicial del Estado y la sociedad lo ha manifestado abiertamente”, expuso.
