Orizaba, Ver.- Justificar la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) al decir que esta obedece a la corrupción que hay entre los integrantes del Congreso de la Unión, no es ni ético ni correcto, aseveró el coordinador del Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, Víctor Hugo Guzmán Cuevas.

Lo que tienen que hacer las autoridades, señaló, es investigar los actos de corrupción y castigarlos; “a las víctimas no tienen por qué llevárselas prácticamente entre las patas”, afirmó.

Recordó que dicho fondo es un logro de la lucha de colectivos de familias para consolidar la Ley General de Víctimas. A nivel federal el Fideicomiso es administrado por la Comisión Especial de Atención a Víctimas.

Subrayó que el dinero es de vital importancia para los familiares que buscan a sus desaparecidos, ya que nadie mejor que ellos para buscarlos con mayor compromiso, sin importar que puedan perder su trabajo.

Los procesos de búsqueda que llevan las familias son de 24 horas; muchas personas pierden sus trabajos, su manera de subsistir buscando a su familiar desaparecido; entonces “¿de dónde obtienen recursos para trasladarse a la Fiscalía, si viven aquí en Orizaba y se tienen que trasladar a Córdoba?, ¿de dónde obtienen recursos para trasladarse a Xalapa?, ya que ahí está la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Atención a Víctimas, etcétera”, cuestionó.

añadió que no contar con el recurso que otorgaba el fondo les impide ahora poder trasladarse, su hospedaje, renta, luz y comida.

“Los fideicomisos fueron creados para eso, para que las familias que pierden sus ingresos por tener que buscar a su desaparecido, es labor del estado que tengan la manera de sobrevivir económicamente”, concluyó.