/ jueves 13 de octubre de 2022

Carpetas pendientes en fiscalías crecen 110% en últimos cinco años

El principal motivo por el que las personas no denuncian es porque consideran que es un proceso tardado y no hay honestidad en los Ministerios Públicos

Las carpetas de investigación que tienen por concluir la Fiscalía General de la República (FGR) y las 32 fiscalías estatales crecieron un 110 por ciento en los últimos cinco años, reveló el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal (CNPJE-F) publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Aunque en 2021 los ministerios públicos cerraron 478 mil 36, la más alta cantidad de la que se tiene registro en por lo menos los últimos nueve años, las autoridades locales y federales continúan arrastrando dos millones 629 mil 790 carpetas de investigación aún por concluir.

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De acuerdo con los datos recogidos por el INEGI entre marzo y septiembre pasados, dicha cifra representa un crecimiento del 4.9 por ciento entre 2021 y 2020, año en que las averiguaciones previas pendientes se acumularon hasta llegar a las dos millones 508 mil 243.

No obstante, en 2017 las carpetas de investigación sin resolver eran “apenas” de un millón 252 mil 98, un 110 por ciento menos en comparación con el último censo del INEGI.

Como ha sido la costumbre desde que inició el registro en 2013, las autoridades locales son quienes acumulan el mayor número de carpetas de investigación pendientes, con el 98.1 por ciento de ellas, mientras que la FGR sólo representa el 1.9 por ciento, es decir, “únicamente” 50 mil 341 averiguaciones que permanecen sin conclusión.

Baja California, con 324 mil 144; Jalisco, con 311 mil 384; Ciudad de México, con 224 mil 764; Nuevo León, con 220 mil 366; e Hidalgo, con 175 mil 765 son las entidades que más acumulan carpetas de investigación, mientras que Sonora, con 489; Yucatán, con mil 176; Campeche, con tres mil 977; Nayarit, con cinco mil 49; y Chiapas, con 11 mil 586, las que menos.

En septiembre pasado, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 del INEGI expuso que el 33.5 por ciento de las personas que son víctimas de un delito. Señala que el principal motivo por el que no denuncian es porque considera que es un proceso tardado que, según el propio Instituto, puede costar hasta cuatro horas.

Otro 14 por ciento de las personas que no denuncia es por la falta de certeza en la honestidad del Ministerio Público, un ocho por ciento no lo hace porque los trámites largos y la hostilidad de los agentes aleja a otro 3.8 por ciento de las víctimas que, sumado con la acumulación de carpetas de investigación sin atender, genera una amplia impunidad en el país.

Tan sólo en 2021, las averiguaciones previas dieron cuenta de al menos dos millones 196 mil 15 víctimas de delitos en México, principalmente de robo y violencia familiar, pero sólo 470 mil 31 individuos han sido detenidos.

Del total de ellos, destaca que la amplia mayoría −447 mil 489− fueron detenidos en flagrancia, es decir, mientras cometía el delito y no derivado del trabajo de investigación de los policías ministeriales.

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Aunque también hay otros 980 mil 115 sujetos imputados por la comisión de posibles delitos, 714 mil 296 no tienen una orden judicial en su contra para comparecer, ser citados o apresados.



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Las carpetas de investigación que tienen por concluir la Fiscalía General de la República (FGR) y las 32 fiscalías estatales crecieron un 110 por ciento en los últimos cinco años, reveló el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal (CNPJE-F) publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Aunque en 2021 los ministerios públicos cerraron 478 mil 36, la más alta cantidad de la que se tiene registro en por lo menos los últimos nueve años, las autoridades locales y federales continúan arrastrando dos millones 629 mil 790 carpetas de investigación aún por concluir.

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De acuerdo con los datos recogidos por el INEGI entre marzo y septiembre pasados, dicha cifra representa un crecimiento del 4.9 por ciento entre 2021 y 2020, año en que las averiguaciones previas pendientes se acumularon hasta llegar a las dos millones 508 mil 243.

No obstante, en 2017 las carpetas de investigación sin resolver eran “apenas” de un millón 252 mil 98, un 110 por ciento menos en comparación con el último censo del INEGI.

Como ha sido la costumbre desde que inició el registro en 2013, las autoridades locales son quienes acumulan el mayor número de carpetas de investigación pendientes, con el 98.1 por ciento de ellas, mientras que la FGR sólo representa el 1.9 por ciento, es decir, “únicamente” 50 mil 341 averiguaciones que permanecen sin conclusión.

Baja California, con 324 mil 144; Jalisco, con 311 mil 384; Ciudad de México, con 224 mil 764; Nuevo León, con 220 mil 366; e Hidalgo, con 175 mil 765 son las entidades que más acumulan carpetas de investigación, mientras que Sonora, con 489; Yucatán, con mil 176; Campeche, con tres mil 977; Nayarit, con cinco mil 49; y Chiapas, con 11 mil 586, las que menos.

En septiembre pasado, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 del INEGI expuso que el 33.5 por ciento de las personas que son víctimas de un delito. Señala que el principal motivo por el que no denuncian es porque considera que es un proceso tardado que, según el propio Instituto, puede costar hasta cuatro horas.

Otro 14 por ciento de las personas que no denuncia es por la falta de certeza en la honestidad del Ministerio Público, un ocho por ciento no lo hace porque los trámites largos y la hostilidad de los agentes aleja a otro 3.8 por ciento de las víctimas que, sumado con la acumulación de carpetas de investigación sin atender, genera una amplia impunidad en el país.

Tan sólo en 2021, las averiguaciones previas dieron cuenta de al menos dos millones 196 mil 15 víctimas de delitos en México, principalmente de robo y violencia familiar, pero sólo 470 mil 31 individuos han sido detenidos.

Del total de ellos, destaca que la amplia mayoría −447 mil 489− fueron detenidos en flagrancia, es decir, mientras cometía el delito y no derivado del trabajo de investigación de los policías ministeriales.

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Aunque también hay otros 980 mil 115 sujetos imputados por la comisión de posibles delitos, 714 mil 296 no tienen una orden judicial en su contra para comparecer, ser citados o apresados.



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