/ lunes 30 de noviembre de 2020

Dejan a alcaldes a merced del crimen

Luego de 14 años, no existen protocolos, a nivel federal, para garantizar la seguridad de los funcionarios

Ante el asesinato de 77 presidentes municipales en funciones en los últimos 14 años, aún no existen protocolos a nivel federal para garantizar la seguridad y protección de los munícipes, incluso cuando esto fue una promesa de Gobierno desde julio de 2016.

Funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), consultados por El Sol de México sobre los avances en el protocolo de protección, expusieron que únicamente se han realizado mesas de trabajo con organizaciones de alcaldes para definir las pautas del protocolo, el cual no está terminado.

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Fue la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y otras organizaciones similares las que solicitaron a la Federación poner en marcha un protocolo de seguridad ante el incremento en la cantidad de ediles asesinados. Sin embargo, la guía de actuación no se concretó en el sexenio pasado a pesar de la promesa del entonces titular de Segob y ahora senador, Osorio Chong.

Hoy, a más de cuatro años de distancia, la exigencia es la misma. El organismo, que agrupa a 419 alcaldes, pide a Gobernación poner más atención particularmente en los territorios considerados focos rojos por la delincuencia organizada.

El presidente de la ANAC, Enrique Vargas del Villar, afirmó que desde 2006 se han registrado más de 250 asesinatos de regidores y presidentes municipales en el país, pero los dos últimos años han sido los más violentos, pues más de 16 alcaldes y 18 expresidentes municipales fueron ultimados.

Ante esta situación, el también presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, expuso que los municipios no están pidiendo seguridad a la Federación pero sí un protocolo, “una línea directa con Gobernación para que, cuando haya algún riesgo o amenaza, inmediatamente tener contacto con el Gobierno federal”.

FOCOS ROJOS

Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Estado de México, Michoacán, Veracruz y Guerrero son las regiones del país consideradas por el gabinete de Seguridad como focos rojos de violencia en contra de los presidentes municipales.

La violencia en estos municipios no distinguió género o partido político y las carpetas de investigación y procesos judiciales iniciados avanzan a un paso procesal lento.

La primera alcaldesa asesinada en el actual sexenio fue Olga Gabriela Kobel, del municipio de Juárez, Coahuila, el 10 de diciembre de 2018.

El homicidio más reciente fue apenas el 11 de noviembre. La presidenta municipal de Jamapa, Veracruz, Florisel Ríos Delfín, fue secuestrada y asesinada en la localidad de Ixcoalco, perteneciente a Medellín de Bravo, en el mismo estado.

Un informe de la ANAC indica que “los municipios en los que existe violencia contra alcaldes corresponden geográficamente a áreas de mayor influencia de cárteles de la droga y del crimen organizado”.

Además expone que el presupuesto para los municipios con menos de 50 mil habitantes es insuficiente y “vuelve prácticamente imposible contar con el equipo necesario para asegurar la protección de la población y, por ende, la protección misma del presidente municipal y sus servidores públicos”.

Ante el asesinato de 77 presidentes municipales en funciones en los últimos 14 años, aún no existen protocolos a nivel federal para garantizar la seguridad y protección de los munícipes, incluso cuando esto fue una promesa de Gobierno desde julio de 2016.

Funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), consultados por El Sol de México sobre los avances en el protocolo de protección, expusieron que únicamente se han realizado mesas de trabajo con organizaciones de alcaldes para definir las pautas del protocolo, el cual no está terminado.

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Fue la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y otras organizaciones similares las que solicitaron a la Federación poner en marcha un protocolo de seguridad ante el incremento en la cantidad de ediles asesinados. Sin embargo, la guía de actuación no se concretó en el sexenio pasado a pesar de la promesa del entonces titular de Segob y ahora senador, Osorio Chong.

Hoy, a más de cuatro años de distancia, la exigencia es la misma. El organismo, que agrupa a 419 alcaldes, pide a Gobernación poner más atención particularmente en los territorios considerados focos rojos por la delincuencia organizada.

El presidente de la ANAC, Enrique Vargas del Villar, afirmó que desde 2006 se han registrado más de 250 asesinatos de regidores y presidentes municipales en el país, pero los dos últimos años han sido los más violentos, pues más de 16 alcaldes y 18 expresidentes municipales fueron ultimados.

Ante esta situación, el también presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, expuso que los municipios no están pidiendo seguridad a la Federación pero sí un protocolo, “una línea directa con Gobernación para que, cuando haya algún riesgo o amenaza, inmediatamente tener contacto con el Gobierno federal”.

FOCOS ROJOS

Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Estado de México, Michoacán, Veracruz y Guerrero son las regiones del país consideradas por el gabinete de Seguridad como focos rojos de violencia en contra de los presidentes municipales.

La violencia en estos municipios no distinguió género o partido político y las carpetas de investigación y procesos judiciales iniciados avanzan a un paso procesal lento.

La primera alcaldesa asesinada en el actual sexenio fue Olga Gabriela Kobel, del municipio de Juárez, Coahuila, el 10 de diciembre de 2018.

El homicidio más reciente fue apenas el 11 de noviembre. La presidenta municipal de Jamapa, Veracruz, Florisel Ríos Delfín, fue secuestrada y asesinada en la localidad de Ixcoalco, perteneciente a Medellín de Bravo, en el mismo estado.

Un informe de la ANAC indica que “los municipios en los que existe violencia contra alcaldes corresponden geográficamente a áreas de mayor influencia de cárteles de la droga y del crimen organizado”.

Además expone que el presupuesto para los municipios con menos de 50 mil habitantes es insuficiente y “vuelve prácticamente imposible contar con el equipo necesario para asegurar la protección de la población y, por ende, la protección misma del presidente municipal y sus servidores públicos”.

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