/ miércoles 17 de agosto de 2022

Señalado por corrupción ocupa alto cargo en la SEP

Bertín Miranda es acusado de comprar a sobreprecio un predio en Tabasco cuando era funcionario estatal

La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), organismo adscrito a la Secretaría de Educación Pública (SEP), tiene en su nómina a un funcionario acusado de corrupción en Tabasco y en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Bertín Miranda Villalobos, actual director general de Administración de esa instancia, estuvo involucrado en la desaparición de tres mil 490 millones de pesos cuando se desempeñó como secretario de Administración en Tabasco, en el gobierno del perredista Arturo Núñez Jiménez.

Te puede interesar: Tras nombramiento en la SEP, reaparece Elba Esther Gordillo y pide nuevo diálogo

También fue acusado de “secuestrar el presupuesto participativo” de la alcaldía Cuauhtémoc en el trienio del morenista Néstor Núñez López (2018-2021), hijo del exgobernador de Tabasco, en su cargo como “city manager” de esa demarcación.

Hoy, Miranda Villalobos firma contratos millonarios como director general de Administración en la USICAMM.

El pasado 8 de abril, el funcionario fue el responsable de firmar, por parte de la USICAMM, un contrato de adjudicación directa por la cantidad de 454 millones 911 mil pesos con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval), para los servicios de los procesos de selección de docentes en educación básica y media superior.

Cuatro años antes, en octubre de 2018, todavía como miembro del gabinete del exgobernador Arturo Núñez, Bertín Villalobos fue acusado de la presunta compra fraudulenta de un predio de 80 hectáreas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, por 100 millones de pesos.

El terreno sería donado a la Federación como parte de la Zona Económica Especial (ZEE), proyecto del expresidente Enrique Peña Nieto que declaró extinto el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese entonces, el gobernador electo de Tabasco y hoy secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que tenía pruebas de que el predio se adquirió con sobreprecio porque “se pagó por él 100 millones de pesos, cuando sólo valía 40 millones de pesos”.

Para noviembre de ese año, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) presentó la Cuenta Pública 2018, correspondiente al último año de gobierno de Arturo Núñez, en donde detectó inconsistencias por tres mil 490 millones de pesos, entre ellas en la Secretaría de Administración, a cargo de Miranda Villalobos.

Entre las irregularidades, el organismo de fiscalización estatal reveló inconsistencias en la integración de la documentación justificativa que acreditara la debida legalidad del proceso de compra del terreno en el municipio de Paraíso, donde hoy se encuentra la Refinería Olmeca de Dos Bocas.

Además, “limitantes para confirmar a los vendedores de los terrenos con base a los datos obtenidos; integración parcial del soporte documental correspondiente a los avalúos realizados, es decir, que se infló el valor real del terreno”.

En su descargo, Bertín Miranda argumentó que la función de la dependencia a su cargo en la compra del predio “se limitó únicamente a revisar y constatar el contenido documental incluido en las escrituras”

El Sol de México buscó a Miranda Villalobos para contar con su versión sobre este tema y para que explicara en qué habían quedado esos señalamientos de corrupción. Al funcionario se le dejaron cuatro mensajes en el correo de voz en la extensión que tiene asignada de su teléfono institucional. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

ENTRA CON DELFINA GÓMEZ

Con un salario bruto mensual de 136 mil 158 pesos y neto estimado de 94 mil 629.81 pesos, de acuerdo con el Portal Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el exnuñista asumió el cargo en la USICAMM-SEP el 16 de agosto de 2021, cuando Delfina Gómez Álvarez ya era titular de esa dependencia.

La carrera pública de Miranda Villalobos –de acuerdo con la ficha curricular que publica en su declaración patrimonial 2022– inició el 1 de enero de 2014, cuando el exgobernador tabasqueño por el PRD, Arturo Núñez, lo nombró secretario técnico de la gubernatura, donde sus tareas eran las de “dar seguimiento a las instrucciones del gobernador”.

Para el 1 de enero de 2015 Núñez Jiménez lo incorporó a su gabinete al designarlo como secretario de Administración, cargo en el que estuvo hasta el final del mandato del perredista, el 31 de diciembre de 2018.

En ese cargo, Bertín Miranda también fue acusado de autorizar el uso de vehículos asegurados por la Fiscalía de Tabasco relacionados con secuestros y otros delitos, así como de crear más de 500 plazas en beneficio de altos funcionarios del gobierno de Arturo Núñez.

Sobre el caso del uso de los vehículos con reportes de robo y otros delitos, Miranda Villalobos incluso fue denunciado por peculado por parte de ciudadanos propietarios de esos autos, según consta en el Acta AP-CAII-488/2015 del 17 de agosto de 2015, de la cual El Sol de México tiene una copia.

El argumento del entonces secretario de Administración en el gobierno nuñista fue que “sólo 15 unidades aseguradas son utilizadas legalmente por los funcionarios estatales”. Lo que se hace –dijo– “es para evitar que se echen a perder y se deterioren en la bodega; aunque hay unidades que no están en muy buenas condiciones”.

@RivelinoRueda



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La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), organismo adscrito a la Secretaría de Educación Pública (SEP), tiene en su nómina a un funcionario acusado de corrupción en Tabasco y en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Bertín Miranda Villalobos, actual director general de Administración de esa instancia, estuvo involucrado en la desaparición de tres mil 490 millones de pesos cuando se desempeñó como secretario de Administración en Tabasco, en el gobierno del perredista Arturo Núñez Jiménez.

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También fue acusado de “secuestrar el presupuesto participativo” de la alcaldía Cuauhtémoc en el trienio del morenista Néstor Núñez López (2018-2021), hijo del exgobernador de Tabasco, en su cargo como “city manager” de esa demarcación.

Hoy, Miranda Villalobos firma contratos millonarios como director general de Administración en la USICAMM.

El pasado 8 de abril, el funcionario fue el responsable de firmar, por parte de la USICAMM, un contrato de adjudicación directa por la cantidad de 454 millones 911 mil pesos con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval), para los servicios de los procesos de selección de docentes en educación básica y media superior.

Cuatro años antes, en octubre de 2018, todavía como miembro del gabinete del exgobernador Arturo Núñez, Bertín Villalobos fue acusado de la presunta compra fraudulenta de un predio de 80 hectáreas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, por 100 millones de pesos.

El terreno sería donado a la Federación como parte de la Zona Económica Especial (ZEE), proyecto del expresidente Enrique Peña Nieto que declaró extinto el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese entonces, el gobernador electo de Tabasco y hoy secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que tenía pruebas de que el predio se adquirió con sobreprecio porque “se pagó por él 100 millones de pesos, cuando sólo valía 40 millones de pesos”.

Para noviembre de ese año, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) presentó la Cuenta Pública 2018, correspondiente al último año de gobierno de Arturo Núñez, en donde detectó inconsistencias por tres mil 490 millones de pesos, entre ellas en la Secretaría de Administración, a cargo de Miranda Villalobos.

Entre las irregularidades, el organismo de fiscalización estatal reveló inconsistencias en la integración de la documentación justificativa que acreditara la debida legalidad del proceso de compra del terreno en el municipio de Paraíso, donde hoy se encuentra la Refinería Olmeca de Dos Bocas.

Además, “limitantes para confirmar a los vendedores de los terrenos con base a los datos obtenidos; integración parcial del soporte documental correspondiente a los avalúos realizados, es decir, que se infló el valor real del terreno”.

En su descargo, Bertín Miranda argumentó que la función de la dependencia a su cargo en la compra del predio “se limitó únicamente a revisar y constatar el contenido documental incluido en las escrituras”

El Sol de México buscó a Miranda Villalobos para contar con su versión sobre este tema y para que explicara en qué habían quedado esos señalamientos de corrupción. Al funcionario se le dejaron cuatro mensajes en el correo de voz en la extensión que tiene asignada de su teléfono institucional. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

ENTRA CON DELFINA GÓMEZ

Con un salario bruto mensual de 136 mil 158 pesos y neto estimado de 94 mil 629.81 pesos, de acuerdo con el Portal Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el exnuñista asumió el cargo en la USICAMM-SEP el 16 de agosto de 2021, cuando Delfina Gómez Álvarez ya era titular de esa dependencia.

La carrera pública de Miranda Villalobos –de acuerdo con la ficha curricular que publica en su declaración patrimonial 2022– inició el 1 de enero de 2014, cuando el exgobernador tabasqueño por el PRD, Arturo Núñez, lo nombró secretario técnico de la gubernatura, donde sus tareas eran las de “dar seguimiento a las instrucciones del gobernador”.

Para el 1 de enero de 2015 Núñez Jiménez lo incorporó a su gabinete al designarlo como secretario de Administración, cargo en el que estuvo hasta el final del mandato del perredista, el 31 de diciembre de 2018.

En ese cargo, Bertín Miranda también fue acusado de autorizar el uso de vehículos asegurados por la Fiscalía de Tabasco relacionados con secuestros y otros delitos, así como de crear más de 500 plazas en beneficio de altos funcionarios del gobierno de Arturo Núñez.

Sobre el caso del uso de los vehículos con reportes de robo y otros delitos, Miranda Villalobos incluso fue denunciado por peculado por parte de ciudadanos propietarios de esos autos, según consta en el Acta AP-CAII-488/2015 del 17 de agosto de 2015, de la cual El Sol de México tiene una copia.

El argumento del entonces secretario de Administración en el gobierno nuñista fue que “sólo 15 unidades aseguradas son utilizadas legalmente por los funcionarios estatales”. Lo que se hace –dijo– “es para evitar que se echen a perder y se deterioren en la bodega; aunque hay unidades que no están en muy buenas condiciones”.

@RivelinoRueda



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