/ lunes 11 de octubre de 2021

Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Durango requieren más seguridad: Derechos Humanos

Comisiones de Derechos Humanos exigen que se intervenga para aplicar la justicia ante la falta de seguridad

GUADALAJARA. Las comisiones de Derechos Humanos de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas exigieron a los gobiernos federal y estatales “reestablecer la paz y seguridad ciudadana de las personas” que viven en la región limítrofe de esos estados, especialmente para los indígenas wixaritari, luego de que el pasado 22 de septiembre seis de ellos desaparecieron y a la fecha han encontrado los cuerpos de cuatro.

“Las comunidades wixaritari asentadas en los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, al igual que las poblaciones de Monte Escobedo y Valparaíso, Zacatecas, se encuentran en una situación de riesgo por la presencia de grupos fuera de la ley, los cuales se han ido incrementando”, señala el comunicado conjunto que las cuatro dependencias publicaron ayer.

➡️ Desaparecen seis jornaleros wixárikas en carretera de Zacatecas

En el documento, los organismos reclaman que ya han realizado diversos pronunciamientos sobre la falta de seguridad pública en la región y solicitan nuevamente a los gobiernos federal, estatales y municipales fortalecer la coordinación entre corporaciones para proteger a quienes habitan y transitan por esos territorios.

Tan sólo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco se ha pronunciado en al menos cinco ocasiones durante los últimos dos años sobre la violencia en la zona, la última a principios de julio pasado, luego de que dos trabajadores de la Secretaría de Salud, el chofer de una ambulancia y un médico practicante fueran secuestrados y asesinados tras realizar el traslado de un paciente a Fresnillo, en Zacatecas.

“Estas defensorías hacemos un llamado enérgico y urgente a las autoridades competentes de seguridad pública federal, estatales y municipales para que de manera inmediata promuevan una coordinación efectiva entre los cuerpos de seguridad de los distintos niveles de gobierno, que permitan reestablecer la paz y seguridad ciudadana de las personas que viven en esa región”, señala el comunicado.

Aunque el documento de las comisiones de derechos humanos menciona sólo cuatro municipios —dos de Zacatecas y dos de Jalisco—, con problemas de violencia, Organización Editorial Mexicana identifica al menos nueve demarcaciones de la zona donde han ocurrido hechos violentos graves.

En Jalisco, en el municipio de Mezquitic, fue secuestrado el precandidato a alcalde por el PRI, Álvaro Madera López, visto por última vez el 4 de febrero de 2021. Este municipio también es el lugar de origen de los seis indígenas wixaritari plagiados y asesinados el 22 de septiembre en Monte Escobedo, Zacatecas.

  • En Teocaltiche, otro municipio del norte de Jalisco, decenas de personas abandonaron sus hogares en mayo pasado debido a los constantes enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Apenas el pasado 2 de octubre, una balacera terminó con dos presuntos sicarios detenidos y uno muerto en la comunidad de Villa Hidalgo.

    En Zacatecas, en septiembre habitantes de 13 comunidades del municipio de Jerez se vieron obligados a huir de la zona debido a las constantes desapariciones de personas y asesinatos por parte de los cárteles, que tienen amenazados a los pobladores.

    En Durango, las carreteras que conectan el sur del estado con los vecinos Jalisco y Zacatecas son constantemente asediadas por hombres armados, quienes colocan retenes y detienen personas que transitan por la zona. En octubre de 2020, seis policías fueron emboscados y asesinados en Huezamota por sicarios, presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    En los límites de Nayarit también se ha denunciado la presencia de grupos armados que amedrentan a los pueblos originarios de la región.

    Los organismos defensores de derechos humanos insisten en que “el derecho humano a la seguridad ciudadana surge de la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las personas, en los términos del artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

    Exigieron a las diversas autoridades de procuración y administración de justicia estatales que las investigaciones, diligencias y debido proceso se hagan bajo un enfoque diferencial y especializado, con estricto apego a la ley, aplicando los protocolos respectivos.

    WIXÁRICAS EN RIESGO

    La comunidad wixárica, o huicholes, llevan años resistiendo los embates de grupos criminales en sus tierras, enclavadas en la Sierra Madre Occidental, justo en la zona limítrofe entre Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas.

    Los comuneros de esta etnia han sido amedrentados y asesinados por los cárteles que operan en la zona. Incluso, la situación de violencia frenó el envío de apoyos por parte del gobierno federal y de Jalisco para este pueblo.

    La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco realizó dos exhortos, en marzo y abril de este año, a los gobiernos federal y estatal para garantizar los servicios de seguridad y salud a la comunidad de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic.

    El organismo recordó que debido a la situación de inseguridad que impera en los límites territoriales de la zona estos servicios se dejaron de prestar desde finales de febrero.

    La CEDH reclamó que, aunque se tuvo presencia de elementos de seguridad pública federal en la región, esto sólo fue unos días. Después se retiraron. Además, la atención médica de urgencias y demás servicios ha recaído en el personal de enfermería ya que desde febrero tampoco se cuenta con un médico especializado.

    En enero de este año fue secuestrado Refugio Ramírez Aguilar, comunero wixárica de la comunidad de Mesa de Torrecillas, Durango. De noviembre de 2020 a la fecha, suman seis indígenas huicholes secuestrados y desaparecidos tan sólo en esta comunidad, presuntamente a manos de integrantes del CJNG.


  • GUADALAJARA. Las comisiones de Derechos Humanos de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas exigieron a los gobiernos federal y estatales “reestablecer la paz y seguridad ciudadana de las personas” que viven en la región limítrofe de esos estados, especialmente para los indígenas wixaritari, luego de que el pasado 22 de septiembre seis de ellos desaparecieron y a la fecha han encontrado los cuerpos de cuatro.

    “Las comunidades wixaritari asentadas en los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, al igual que las poblaciones de Monte Escobedo y Valparaíso, Zacatecas, se encuentran en una situación de riesgo por la presencia de grupos fuera de la ley, los cuales se han ido incrementando”, señala el comunicado conjunto que las cuatro dependencias publicaron ayer.

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    En el documento, los organismos reclaman que ya han realizado diversos pronunciamientos sobre la falta de seguridad pública en la región y solicitan nuevamente a los gobiernos federal, estatales y municipales fortalecer la coordinación entre corporaciones para proteger a quienes habitan y transitan por esos territorios.

    Tan sólo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco se ha pronunciado en al menos cinco ocasiones durante los últimos dos años sobre la violencia en la zona, la última a principios de julio pasado, luego de que dos trabajadores de la Secretaría de Salud, el chofer de una ambulancia y un médico practicante fueran secuestrados y asesinados tras realizar el traslado de un paciente a Fresnillo, en Zacatecas.

    “Estas defensorías hacemos un llamado enérgico y urgente a las autoridades competentes de seguridad pública federal, estatales y municipales para que de manera inmediata promuevan una coordinación efectiva entre los cuerpos de seguridad de los distintos niveles de gobierno, que permitan reestablecer la paz y seguridad ciudadana de las personas que viven en esa región”, señala el comunicado.

    Aunque el documento de las comisiones de derechos humanos menciona sólo cuatro municipios —dos de Zacatecas y dos de Jalisco—, con problemas de violencia, Organización Editorial Mexicana identifica al menos nueve demarcaciones de la zona donde han ocurrido hechos violentos graves.

    En Jalisco, en el municipio de Mezquitic, fue secuestrado el precandidato a alcalde por el PRI, Álvaro Madera López, visto por última vez el 4 de febrero de 2021. Este municipio también es el lugar de origen de los seis indígenas wixaritari plagiados y asesinados el 22 de septiembre en Monte Escobedo, Zacatecas.

  • En Teocaltiche, otro municipio del norte de Jalisco, decenas de personas abandonaron sus hogares en mayo pasado debido a los constantes enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Apenas el pasado 2 de octubre, una balacera terminó con dos presuntos sicarios detenidos y uno muerto en la comunidad de Villa Hidalgo.

    En Zacatecas, en septiembre habitantes de 13 comunidades del municipio de Jerez se vieron obligados a huir de la zona debido a las constantes desapariciones de personas y asesinatos por parte de los cárteles, que tienen amenazados a los pobladores.

    En Durango, las carreteras que conectan el sur del estado con los vecinos Jalisco y Zacatecas son constantemente asediadas por hombres armados, quienes colocan retenes y detienen personas que transitan por la zona. En octubre de 2020, seis policías fueron emboscados y asesinados en Huezamota por sicarios, presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    En los límites de Nayarit también se ha denunciado la presencia de grupos armados que amedrentan a los pueblos originarios de la región.

    Los organismos defensores de derechos humanos insisten en que “el derecho humano a la seguridad ciudadana surge de la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las personas, en los términos del artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

    Exigieron a las diversas autoridades de procuración y administración de justicia estatales que las investigaciones, diligencias y debido proceso se hagan bajo un enfoque diferencial y especializado, con estricto apego a la ley, aplicando los protocolos respectivos.

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    Los comuneros de esta etnia han sido amedrentados y asesinados por los cárteles que operan en la zona. Incluso, la situación de violencia frenó el envío de apoyos por parte del gobierno federal y de Jalisco para este pueblo.

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